En cuanto a la reglamentación de las escuchas
telefónicas, ¿qué visión tiene usted
acerca de lo que pueden aportar las empresas?
Era algo necesario para reglamentar o disponer
sobre un tema que se está volviendo crítico en la
Argentina, que hace a la seguridad en general y, en este sentido,
las telecomunicaciones pueden contribuir en gran medida a los procesos
que tienen que seguir las fuerzas de seguridad o la misma justicia.
La reciente ley requiere ahora una reglamentación
en sus dos artículos. Uno, el que dispone que todas las empresas
de telecomunicaciones cuando digo todas digo cualquiera
deben contar o poner a disposición los medios físicos
o no físicos, o sea, recursos humanos, para facilitar las
escuchas judiciales. El punto es: ¿cuáles son estos
medios? Se entiende que son los medios específicos de las
empresas de telecomunicaciones. Hay otro tipo de medios que las
fuerzas de seguridad o de inteligencia, como la Secretaría
de Inteligencia del Estado, disponen y que no son específicos
de las empresas de telecomunicaciones. Esto requiere una reglamentación
y entiendo que el Ministerio de Justicia de la Nación está
trabajando en ese tema. El otro artículo hace a la obligatoriedad
de las empresas de telecomunicaciones de tener registrados todos
los datos filiatorios, nombre, documento, domicilio, etc., de todos
sus clientes. Realmente, la ley usa una expresión que en
principio requiere que la reglamentación la precise, ya que
habla de usuario. En telecomunicaciones nadie puede
certificar quién es el usuario, aunque el teléfono
sea fijo, uno sabe quién es el cliente, ahora quién
usa el teléfono es algo que resulta prácticamente
imposible determinar, mucho más si es un teléfono
móvil. Tengamos en cuenta que se dan muchos casos en los
que uno puede mandar un empleado a contratar un servicio de telefonía
móvil, pero el que lo usa es el jefe o la jefa. Por eso es
que allí hay una pequeña precisión que requiere
la ley. Primero: qué tipo de información es la que
las empresas tienen obligación de tener registrada. Eso va
a implicar, según se reglamente la ley, ajustes en los procedimientos
de comercialización, sobre todo en las empresas de telefonía
móvil. Porque las empresas de telefonía fija, por
el solo hecho de que el teléfono es fijo, tienen certificado
un titular de la línea y un domicilio, o sea que la identificación
es muy precisa.
En la telefonía móvil hay dos
ambientes de clientes: los clientes llamados post-pagos y los llamados
prepagos.
La telefonía prepaga, por lo general,
atiende a los sectores de menores recursos, pero no son todos, porque
en muchos casos hay sectores de la sociedad de mayores recursos
que contratan un segundo o tercer teléfono, por ejemplo,
para sus hijos, y que para control de sus gastos deciden que sea
prepago. Pero ¿cuál es el problema de los prepagos?.
El problema es que la forma de comercialización es generada
a través de negocios, en góndolas o similares y entonces,
en función de cómo salga la reglamentación
de la ley, se tendrán que precisar los acuerdos entre las
empresas prestadoras y sus agentes o puntos de ventas, acerca de
qué tipo de documentación va a exigírsele al
que contrata ese servicio.
Pero volviendo al tema de que lo que se va
a tener registrado es el cliente y no el usuario, hay que decir
que esto es inevitable. De todas formas éste no es un tema
que le pase sólo a la Argentina. Ya en otros países
del mundo, este tema, cuando ha aumentado la inseguridad ha tenido
que ser de alguna forma evaluado. Hay casos extremos, como el caso
de Colombia donde, por razones obvias, este tipo de registración
tiene pautas muy marcadas. En otros, donde el nivel de seguridad
es alto, no se cuenta con este tipo de exigencia porque es prácticamente
innecesario. De cualquier forma, se supone que los negocios que
actúan como puntos de venta o distribución de esos
servicios, en el momento de vender un servicio bajo la modalidad
prepaga, van a tener que registrar y, eventualmente, certificar
que los datos sean transferidos a la compañía prestadora,
para cumplir con el objetivo de la ley. Aparentemente esto no sería
suficiente según tengo entendido y es en lo que se está
trabajando en el Ministerio.
Por lo tanto, y en cuanto al cumplimiento
de esta segunda parte, para los equipos de telefonía móvil,
algún tipo de registración se va a exigir de lo que
es el parque de todos los teléfonos móviles que existen
en el país: una lista, como llamamos nosotros, positiva,
en el sentido que estén registrados todos los teléfonos,
tanto los que estén habilitados con servicio como los que
están en stock, identificados.
Una aclaración: de un teléfono,
uno conoce el número de abonado. Pero, además, tiene
otras dos identificaciones: el número de serie electrónico
y el número de serie mecánico, algo así como
-en el caso de los autos- el número de chasis y el número
de motor.
El número de serie mecánico
no es importante porque, a veces, si se daña una cosa tan
pequeña como un teléfono, se le cambia el gabinete,
ya que hay oportunidades en las que no es posible arreglarlo.
Pero el número de serie electrónico
es único, igual que el número telefónico. Esos
dos números son claves y si uno los tiene registrados, incluso
posibilita agregar otro tipo de controles. Pongamos como ejemplo
una comunicación que se produce a través de un teléfono
y está relacionada con un hecho ilícito o producto
de la inseguridad. Ese teléfono puede ser, en muchos casos,
del propio secuestrado. Pero también puede ser de un teléfono
contratado o robado. De ahí viene lo que dije antes sobre
la obligación de registrar a todos los clientes. En general,
al que le roban un teléfono lo denuncia; el problema es que
no hay un registro positivo, hay una lista que se llama negativa,
que manejan los operadores de telefonía móvil entre
sí.
Entiendo que el Ministerio va a disponer un
tipo de registración, como dije, positiva: o sea, que estén
todos los teléfonos, robados y no robados registrados, en
principio con los dos números, supongo, el número
de teléfono y el numero de serie electrónica. De los
que no están habilitados al servicio, hasta tanto no sea
así, se tendrá sólo el número de serie
electrónica. Y esto tendrá implicancia para aquellos
que importan teléfonos, que en general no son las empresas
prestadoras de telefonía, son proveedores, o sea los que
los fabrican. Acá sólo hay algunas fabricaciones de
este tipo de teléfonos. Pero lo más complicado, lo
que no sé es cómo se va a resolver, es la entrada
a nivel individual: un señor viene del extranjero, pasa por
Aduana y como lo que ingresa no supera un monto determinado, no
está obligado a declarar y entró un teléfono
al país.
Toda la reglamentación exige que para
que una empresa de telefonía móvil le dé servicio
a alguien que viene con un teléfono, se tiene que probar
la legal tenencia de ese bien en el país, ya sea una factura
de compra en un comercio local por ejemplo, o, si fue ingresado
a la Argentina, la documentación de Aduana. El problema está
en que la Aduana cuando certifica el ingreso no registra ningún
número, a diferencia de cuando uno pasa una cámara
fotográfica.
De todas formas, estamos en la etapa de la
reglamentación para que esto pueda funcionar, y entiendo
que, fundamentalmente a través de las Cámaras, el
Ministerio de Justicia va a tener colaboración de las empresas
porque, en definitiva esto es en beneficio de todos.
Más allá del tema de la seguridad,
por los secuestros, etc., también porque, en algunos casos
existe hasta un negocio paralelo, por el que se ha creado un método
de generarse ingresos a través del robo de teléfonos
celulares. Muchas veces los sacan del país, los ponen en
cajitas como si fueran nuevos y los vuelven a entrar al país.
En este momento el Ministro Béliz está trabajando
y en poco tiempo más habrá definiciones en esta materia.
¿Qué nos puede comentar en relación
con el marco regulatorio de la actividad en general?
Creo que Argentina, dentro del proceso que
se inició en el mundo veinte años atrás, el
de privatización de las telecomunicaciones, fue una de las
pioneras, más allá de alguna imperfección,
por lo que no se puede decir que haya sido mal hecho.
El proceso que se dio en Argentina fue uno
de los primeros en América Latina y uno de los primeros en
el mundo. En el momento en que Argentina decide privatizar ENTEL,
en el 89, sólamente estaba en proceso de avanzada,
cinco años antes, Gran Bretaña ya que EEUU no se puede
tomar en cuenta, porque EEUU tiene la nueva ley de telecomunicaciones
desde el año 96.
Y algunos casos casi simultáneos, como
el de Chile, México, Australia estaba estudiando el tema
pero todavía no lo habían realizado. Fuimos unos de
los pioneros en el mundo en cuanto a estos procesos y trabajamos
sin la experiencia de otros. Yo diría que las cosas no se
hicieron mal, creo que se hicieron bastante bien.
Esa es la primera observación.
El desafío es jerarquizar la norma madre o base para que
la actividad esté regulada en todos sus aspectos.
Este proceso, que se inició en el año
1989, y que como todos entendemos, debe dirigirse a la construcción
de un marco legal definitivo, debe contemplar los objetivos y las
necesidades de todos los sectores que intervienen en la actividad
más, naturalmente, las prioridades de la sociedad en su conjunto.
Los empresarios a través de las distintas Cámaras,
los gremios, los fabricantes y los sectores académicos, todos
en conjunto, terminaremos por conformar un espacio que perfeccione
el futuro aportando ideas al poder Legislativo para crear una ley
justa.
¿Qué cree
usted que la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Derecho
más específicamente puede aportar en este proceso?
Es muy importante el aporte que puede hacer la U.B.A
en este proceso ya que no sólo tiene el posgrado en materia
de derecho de las comunicaciones sino que también se puede
afirmar, sin temor a equivocarse, que cuenta con cuadros académicos
de primer nivel, incluso entre sus ex-alumnos. En toda Latinoamérica
es difícil encontrar un grupo humano tan rico y con tanta
experiencia en la materia, ya que hay verdaderos referentes en cuanto
a los conocimientos profundos del sector. Y no debemos olvidarnos
del Instituto. En fin, creo que está muy claro que se debe
aprovechar toda esa experiencia para que, teniendo en cuenta los
aciertos y los errores de las normas que se han implementado en
otros países, se pueda generar una base sólida y equilibrada
para una futura ley. ¿Quién mejor que una institución
como la Facultad de Derecho o el Instituto como para recomendar
a la Secretaría de Comunicaciones y a las Comisiones de las
Cámaras en el Poder Legislativo?
Ahora bien, pienso que la ley debe ser más
conceptual que técnica, porque la tecnología, si hay
un campo en el que avanza tremendamente rápido es en el campo
de las telecomunicaciones. Yo soy ingeniero, y si bien es cierto
que puede haber algún cambio en los materiales de la construcción,
difícilmente haya que modificar las leyes de ese sector por
tales cambios. Pero en telecomunicaciones todo es diferente. En
cincuenta años todo es distinto. Hace cincuenta años
no había satélites, no había fibra óptica,
no había telefonía móvil, no había Internet.
El mundo cambió totalmente, por lo tanto la inclusión
de cuestiones técnicas pueden convertir cualquier norma en
obsoleta en poco tiempo.
Yo siempre recuerdo una referencia del Dr.
Fargosi cuando dice que el Código Civil de Vélez Sársfield,
redactado en una época en que la construcción era
la industria más importante, menciona la palabra ladrillo
en un par de oportunidades y no más.
Por eso creo que lo que tiene que ver con
las cuestiones técnicas puede ser regulado por normas de
carácter menor como pueden ser los decretos. ©
|