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Juan Sebastián de Stéfano
Presidente de la Comisión Auxiliar de Tecnología de la
Información y las Comunicaciones
del Consejo de la Magistratura
de la Ciudad de Buenos Aires

¿Qué nos puede comentar del sistema que están implementando?

En líneas generales, nosotros tenemos un cambio de espíritu importante en términos de cómo se concebía hasta ahora la relación entre los instrumentos electrónicos o computadoras y redes en el Poder Judicial, porque intentamos establecer que los operadores del sistema son tanto jueces, abogados como así también empleados administrativos en los juzgados. Eso implica que existan, por lo menos, dos “patas” que debieran tener acceso a los mínimos instrumentos para poder desarrollar su propio trabajo. Para eso, nosotros estamos, inicialmente, desarrollando un programa que se llama JUSCABA, que es el modelo o programa de la gestión del Consejo de la Magistratura que intenta, corriendo en base a un software libre y un entorno word, desarrollar una aplicación que le permita, tanto a los fiscales como a los jueces y a los defensores privados o públicos, gestionar un expediente judicial y que les sirva al cambio de sistema de realidad que se está planteando en la justicia local.

Básicamente, también, se intenta en una segunda etapa cambiar el sistema de software que hoy se está utilizando en la justicia contenciosa de la ciudad,
que es un software que ya permite el expediente digital, pero es un software con características propietarias, que el anterior Consejo adquirió a una empresa proveedora de estos servicios, y que genera el problema que, como está desarrollado en un entorno distinto y eso necesita también licencias, por ahora sigue únicamente como instrumento de aquellos que forman parte del Poder Judicial. Los abogados, para poder manejarse en el mismo entorno, deberían tener una licencia de ese programa. Por lo tanto, como el cambio de óptica implica que el abogado, desde su oficina, pueda acceder a tener las mismas herramientas y el mismo programa que aquellos que se desarrollan desde la justicia, la decisión del Consejo es llevar ese programa a un nuevo programa de gestión judicial con las mismas características, software libre y entorno word, para desarrollar las tareas de comunidad de cada uno de los expedientes. Y el tercer punto es el desarrollo de un entorno o un sistema operativo para poder lograr lo que nosotros llamamos e-justicia o gobierno electrónico para el Poder Judicial, que permita que cada una de las instancias del proceso escrito o aquellas comunicaciones que son necesarias realizar a las distintas partes involucradas en el proceso, se puedan hacer a través de notificaciones electrónicas o alguna otra modalidad que vaya avanzando en el tiempo que pueda garantizar una comunicación más ágil.

¿Esto, de alguna manera, elimina lo que tiene que ver con los soportes físicos?

No. Las dos cosas coexisten. Ahí hay que hablar de distintas operaciones en cada uno de los fueros. El contencioso administrativo y tributario es un fuero, hasta ahora, basado en el modelo tradicional. Si bien nosotros estamos proveyendo un sistema propietario que permite el expediente digital, eso nunca ha sustituido el expediente físico. Por dos cuestiones: porque eso implica un cambio cultural y un cambio en las normas de procedimiento que establece que todo procedimiento contencioso es escrito y por lo tanto, nosotros, lo que tenemos es un sistema de registro, un sistema de gestión de los expedientes que es más ágil, pero que no ha sustituido en ningún momento al expediente físico. En realidad, en el sistema contencioso, lo que yo sí creo es que debiera irse a un modelo que mezclara la realidad con la gestión virtual o electrónica de los expedientes. En el contravencional existe un proceso que es mixto, que es oral en algunos tramos, escrito en otros, pero como la base del registro está regido por el sistema acusatorio, donde el fiscal es el propio titular de la acción y puede llegar a autocomponer la causa, el principio que rige es absolutamente distinto que el tradicional del fuero contencioso. Por lo tanto, en base a esas experiencias, nosotros estamos tratando de tener un sistema de gestión judicial, de gobierno electrónico, que sea lo suficientemente flexible y abarcativo para poder generar los cambios que se tengan que generar y, además, que no tenga la rigidez de los software hasta ahora desarrollados. Uno puede ver: los software de gestión judicial preparados para los estudios tienen un parámetro, tienen una estructura lógica y en realidad, lo que nosotros necesitaríamos sería tener un software que fuese mucho más flexible a la práctica cotidiana. En realidad, al final del camino, debiera irse hacia el gobierno electrónico, virtual, absolutamente completo y dejar, de alguna manera, el expediente físico.

En términos de seguridad del sistema: ¿cómo está planteado esto?

En líneas generales, se da la siguiente paradoja: el Consejo local es un organismo que es refractario de cualquier otro cuerpo similar que existiera hasta el momento de la constitución de este Consejo. Si uno piensa en las disputas de competencias o de funciones entre la Corte y el Consejo de la Magistratura Nacional o en las formas en que los legisladores cambian la composición de ese Consejo Nacional y si lo compara con nuestro caso, uno va a encontrar que, por ejemplo, donde hay una competencia no muy claramente establecida en favor del Consejo Nacional, en el Consejo Local está incluida o en la Constitución o en la Ley Reglamentaria. Y con esto le quiero decir que, por ejemplo, a nivel nacional, las Cámaras controlan determinadas áreas para cada fuero. En cambio, en el Consejo Local, desde la jurisprudencia hasta la responsabilidad sobre los sistemas, es del Consejo de la Magistratura. Con eso, y después de revisar mucho qué implicaba esa responsabilidad, el Consejo cambió su parámetro y le asignó o intenta asignar una computadora conectada en red a cada una de las unidades jurisdiccionales, pero no con un disco rígido como tradicionalmente uno puede imaginar, sino que intenta tener, en cada uno de los edificios, un server común y todas las computadoras conectadas a ese server, con lo cual son todas computadoras de terminales gráficas. Eso genera dos situaciones: una, permite mayor control sobre la posible fuga de información o del ingreso de un agente externo a la información o la red del sistema y, al mismo tiempo, logra que, en algunas situaciones de crisis, –que por ejemplo en un determinado juicio se pudiera cortar la luz–, que aquello en lo que se estaba trabajando hasta determinado momento se pueda guardar en las mismas condiciones porque la terminal donde uno está trabajando está en otro piso, con las medidas de seguridad que implican que lo que me pasó a mí, en la terminal gráfica, no está pasando en el lugar que efectivamente estoy trabajando. Eso es un cambio cultural muy fuerte porque, cada uno de nosotros, está acostumbrado a trabajar en su PC, grabar, llevarse el disco o el archivo en el soporte digital que sea.

La otra modificación que ahora nos permite, tecnológicamente hablando, llevar hacia delante la profundización de los cambios, es esto de los llaveros USB. Nosotros sacamos una licitación, hace unos 5 meses, para proveer a jueces y secretarios de estos instrumentos, que permitan sustituir el disco rígido y que al mismo tiempo le permitan tener toda la información que él requiera para toda su unidad jurisdiccional. Entonces, en consecuencia, nosotros hacemos dos cosas: centralizamos la información, la protegemos en los parámetros tradicionales en un sistema operativo y desarrollamos un sistema de computadoras sin discos rígidos, para evitar la posibilidad de fugas u otros conflictos de seguridad.

De todo lo que se gestiona y todo lo que se resuelve, lo que sucede en cada una de las causas o en los expedientes, ¿existe un “back up”?

Se supone que nosotros tenemos una norma que establece, –y digo “se supone” porque esto implica que el Consejo dictó las normas de procedimiento y el área operativa las desarrolló– existen tres tipos de back up. Un back up que es histórico y obviamente las modificaciones que se van haciendo diariamente implican que se graben ese día y que se vayan guardando de a tres niveles de seguridad. Hay un back up que se guarda en este edificio, hay otro back up que se guarda en otro edificio, con los mismos sistemas y hay un tercer back up que se debe guardar en la caja de seguridad de Banco Ciudad, aunque creo que ahora es otro banco, porque por cuestiones vinculadas a las licitaciones puede modificarse. Entonces, técnicamente, hay tres back up que aseguran que la operación hasta determinado día está asegurada. Yo puedo garantizar que, al día de hoy, la información está asegurada, pero lógicamente, la información que está en el banco o en el segundo edificio corresponde a información de ayer o de antes de ayer. Pero, en líneas generales, se siguen las normas de procedimiento estándar establecidas; sin embargo, para nosotros fue revolucionario porque, por ejemplo, hasta que nosotros llegamos acá, no existía el back up de seguridad. No existía en absoluto. Es decir, cada unidad jurisdiccional tenía su disco rígido y en todo caso, solicitaría algún tipo de back up o resguardo de la información.

¿No existía un manual de procedimientos que estableciera qué había que hacer?

No. De hecho, nosotros fuimos aplicando determinadas cosas y ahora estamos reconstruyendo y rearmando todos los manuales porque, en términos generales, la idea de tener un terminal en cada uno de los edificios es, de alguna manera, revolucionario para la justicia local. Eso implica que, después de que se toma esa decisión, necesariamente se deben tener los resguardos de seguridad por dos cuestiones: uno, porque cambió absolutamente la responsabilidad sobre quién es el tutor de la información en ese terminal y además, porque uno debe hacerse cargo, al concentrar la información, de resguardarla. Entonces, era lógico que no existiera, en el otro modelo de gestión. Lo que, seguramente, se debería hacer es que la administración le proveyera a cada unidad jurisdiccional, si así lo requiriera, el back up de seguridad. Anteriormente, era a requisitoria de la unidad jurisdiccional. En cambio, de esta manera, como nadie es titular de la información y está centralizada, está claro que el Consejo debe proveer los niveles de seguridad para que el cuerpo pueda obtener el acceso a la información.

En cuanto a recursos humanos, ¿qué personal intervino para implementar este sistema?

Originariamente, el Consejo tenía una comisión asesora técnica. En realidad, como era un Consejo que se estaba fundando, armando, esto implicaba que eran el Director del Centro de Formación Judicial y el Secretario Técnico del Consejo aquellos que aportaban alguna idea sobre cómo avanzar en esto. Este Consejo creó la Comisión de Incorporación de Nuevas Tecnologías y también, creó el Departamento de Informática y Tecnología. En términos de personal estable, técnicamente, deben ser cinco personas de la planta permanente o del plantel estable. Y después, por cada programa se fueron incorporando analistas o programadores, a través de la modalidad de contrato o locación de servicio; pero, en términos de algo muchísimo más acotado que es desarrollar el servicio que debieran prestar. Eso hizo que, seguramente, el plantel cambiara y que, en determinados momentos, fueran diez o doce personas más o el número bajara. Con posterioridad a eso, nosotros nos hicimos cargo de un servicio que era tercerizado, porque en la mesa de ayuda de los juzgados contencioso administrativo estaba tercerizado en la empresa que proveía el servicio. Nosotros cambiamos ese parámetro, porque también tenía que ver con el diseño tecnológico que estábamos pretendiendo. Si la información está concentrada, la mesa de ayuda también debiera ser un servicio que presta el Consejo y no tercerizarlo. Eso hizo que se incorporara más personal al área. Pero, en líneas generales, la planta no supera nunca las doce personas. Además, no tiene
un desarrollo lo suficientemente abultado; en realidad, es un trabajo que no ha superado los 300 mil pesos en los 2 años de implementación. Nosotros contábamos esto, en la Feria del Software Libre, en Málaga, ¡y no lo podían creer! Ellos estaban planteando que gastaron millones de euros para desarrollar determinado tipo de cosas y nosotros, con muchísima más dedicación y menos recursos, estábamos teniendo niveles de performance similares a los que tenían ellos.

En función de eso, ¿en qué situación estamos, en comparación, no sólo con Latinoamérica sino con el mundo en general?

Yo lo que puedo decir es: en Málaga se presentaron dos software. Uno, que era un software de gestión para el Sistema Sanitario Andaluz y el software que nosotros estábamos desarrollando que, ahora, ya está aplicándose en el Contravencional. Los niveles de desarrollo y de estándar son similares. La diferencia que hay es la aplicación y la red extendida que tienen. Es decir: si uno tuviera 150 millones de euros para desarrollar determinado tipo de implementación que era aquella que, en teoría, plantean que se gastaron en el desarrollo del software en Andalucía, estaríamos haciendo una cosa distinta; pero, nosotros, creo que en los 3 años tuvimos 250 mil pesos para desarrollar lo que estamos implementando, con un nivel de performance exactamente similar.

Entonces, el nivel de eficiencia es equivalente...

Me parece que es superior en términos de lo gastado en otros lugares del mundo contra lo gastado por nosotros... También es cierto que aquella experiencia tenía otro volumen de alcance, porque ellos estaban generando un sistema de salud integrado absolutamente, que implicaba que, desde la consulta, desde el pedido de atención, hasta la receta, corría a través de un sistema virtual, de gobierno electrónico. Así, que está claro que habría que ver, también, metas y objetivos de ese programa, cómo se enlazaban y la cantidad de terminales que debían ser proveídas. Me parece que lo que se puede desarrollar es en términos de integridad del programa, la consistencia, la posibilidad de desarrollo, la generación de comunidades en torno al software libre. Me parece que, en eso, estamos en el mismo nivel de desarrollo que en aquellas comunidades donde uno puede pensar que es de primer mundo o de punta.

Como siempre, gastamos menos y somos igual de eficientes que los demás... Pero, ¿qué impacto se generó internamente? ¿el beneficio es tangible?

En líneas generales, yo entiendo que nosotros somos una mutación entre dos realidades culturales y que es difícil que se valoren los alcances o los cambios y que se entienda que esos cambios son positivos de la noche a la mañana. Para ponerlo desde otro punto de vista: el primer día que nosotros instalamos el sistema de terminales gráficas, lo hicimos, básicamente, más por necesidad que por un convencimiento.

Nosotros necesitábamos instalarlo en “x” cantidad de juzgados y en “x” tiempo. La licitación quedó desierta, no se pudo adjudicar por el mecanismo tradicional y faltaban, exactamente, 30 días para instalar “x” cantidad de computadoras en una unidad jurisdiccional. El jefe de departamento de sistemas, en ese momento, ese día, anduvo dando vueltas viendo qué se podía hacer, tampoco se podía hacer una compra directa porque eran situaciones que implicaban poner, por lo menos, un cono de sombra sobre el qué se hacía. Y viendo lo que existía en el Consejo, se hizo una prueba para establecer si era posible que funcionaran, con un nivel de aceptabilidad, todas las máquinas, con un servidor que había, acá, en el Consejo. Entonces lo explicó: “instalemos un servidor y “tantas” terminales nuevas, ponemos un procesador de texto y vemos si funciona”. Eso sería, para la trastienda, cada uno tendría su computadora. Y funcionó. Y funcionó bien. Y a partir de ahí se empezó a tener esto que hablábamos antes de, “bueno, si nosotros cambiamos todo este patrón, entonces vamos a tener más unidad y mayor control sobre la información que circula”. Lo primero que pasó fue que, cada uno, en su unidad jurisdiccional, pretendía que le replicáramos lo que pasaba en su casa. Se preguntaban porqué no tenía una computadora, con disco rígido, igual a las que existen en otros lugares. Pero, bueno, nosotros teníamos un posible desarrollo tecnológico distinto. Y así, se fue yendo y viniendo. Y cuando abrimos el edificio nuevo, en Tacuarí, donde el modelo se pudo ver absolutamente en funciones, ya nadie discutió que una máquina que nosotros proveemos es una “terminal boba” y tiene determinada funcionalidad, limitada a los insumos necesarios para un área jurisdiccional.

Cuando avanzamos con el Sistema de Gestión Judicial, claro, es muchísimo más ágil, hay un único número para las causas, se puede encontrar de una manera mucho más ordenada. Imagínese, antes había un número para una fiscalía, un número para el juzgado y un número interno en cada una de las fiscalías... Ahora, no importa dónde se ingrese, el número de la causa es único. Ahora, hay mucha más interacción. Antes, el programa se desarrollaba en un laboratorio; ahora, hay una Comisión de Implementación que integran jueces, fiscales, secretarios de los juzgados, los integrantes de la Comisión de Sistemas del Consejo y entre todos están revisando la propia aplicación. Entonces, ya no es un sistema que se está creando desde la visión del gobierno judicial que tiene el Consejo si no que los propios participantes del sistema aportan mejoras cotidianas. Eso plantea que, es muy razonable, el grado de aceptabilidad que la aplicación tiene, en términos generales, es muy alta. Pero, igual, se desarrollaron dos encuentros: uno en Córdoba, el año pasado y otro en Buenos Aires, de la Junta Federal de Cortes y nosotros estamos planteando, allí, la necesidad de entender que la gestión judicial, de cada una de las provincias y de la justicia nacional, es exactamente igual y que eso implica que debería haber un único sistema de gestión judicial, que además fuera accesible a todo el mundo desde cualquier lugar. Esto implica que, por ejemplo, si yo tuviera que ver una causa en Mendoza, no tendría que tener la aplicación que desarrollan en Mendoza para poder ver la causa. Pero, además, debería poder verla desde acá, si la información es pública. O sea, si existe un tramo de información que es pública, debiera estar accesible a todos porque así se puede garantizar el acceso a la justicia y ya se lo estoy planteando desde un lugar distinto a los operadores de dentro del sistema judicial. Pero, al mismo tiempo, si el sistema es único, yo no tengo que tener las particularidades del sistema que habían desarrollado en Tucumán, Salta, Buenos Aires, Capital, Mendoza... Si la información accesible al público, en términos judiciales, corriera bajo un único programa, todos los operadores tendrían la posibilidad de acceder a esa información de la misma manera. Eso, desde mi punto de vista, –y no quisiera usar la palabra “democratiza” porque no es el término exacto–, hace mucho más accesible a los operadores el servicio de justicia y al mismo tiempo, lo transparenta de una manera maravillosa.

¿Acelera, de alguna manera, los tiempos de la justicia?

Los tiempos procesales están determinados por los códigos. ¿Qué ventaja tiene? Por ejemplo, uno podría evitar la notificación y por lo tanto, las 72 horas de notificación o las 48 horas, según fuera el caso. Porque uno estaría escribiendo el auto correspondiente y al mismo tiempo notificando. Eso es lo que se ganaría en cada proceso. Lo que no se evitaría es que si yo tengo la posibilidad de contestarle la demanda, tengo 5 días y ese plazo no lo voy a poder acortar. Pero, si uno piensa qué cantidad de notificaciones, durante los procesos, se realizan y que por cada una son 72 horas y que eso genera que se dispare algún otro estadio en el proceso, en eso estaría acortando los tiempos.

El tema del domicilio legal, ¿en qué términos está planteado en este sistema?

Nosotros intentamos lograr que se asocie el domicilio electrónico de la misma manera que se está asociando, hoy, el domicilio legal como domicilio para poder litigar. Pero, estando obligado también a constituir domicilio legal, porque todavía no se sustituyó el expediente físico y, además, un domicilio electrónico, y que esos dos domicilios fueran los domicilios constituidos como tradicionalmente se plantean.

¿Hay un criterio homogéneo en relación con esto?

No, porque me parece que esto puede ser tomado de dos maneras: por necesidad de modificación legislativa, con la introducción del domicilio electrónico como domicilio electrónico legalmente constituido o podría ser una exigencia, a través de una resolución del Consejo que estableciera que, de la misma manera que la norma dice que los escritos se hacen en determinado formato de hoja, con una determinada cantidad de espacios, además, debiera entregarse en soporte electrónico y con un domicilio electrónico constituido. Pero, me parece, desde ese punto de vista, que podría haberse creado algún tipo de situación que planteara si efectivamente se notificó la parte. O sea, si fuera a través de una resolución no me atrevería a decir que sustituyera el domicilio constituido, normal, en el expediente físico. Pero, bueno, es una cuestión de interpretación y me parece que para favorecer la experiencia, en términos de prueba piloto, se podría contemplar que el Consejo dictara una norma que estableciese que se pudiera tener una domicilio electrónico de carácter constituido y evaluar cómo funciona, efectivamente, la aplicación.

Digamos, que convivan las dos experiencias...

Sí, porque sería la única manera de tener datos objetivos sobre cómo funcionó la aplicación.

Entendiendo que debería coexistir, entonces, con el procedimiento tradicional, ¿el personal involucrado en esta implementación, está capacitado para manejar estar herramientas tecnológicas? Hablo tanto de los magistrados como de los abogados o los empleados... ¿Se pensó en ese aspecto?

Lo que está claro es que, en el balance de costo-beneficio, en algún punto era más beneficioso para el Consejo decidir el cambio tecnológico en primer lugar, ponerlo en funcionamiento y a la par, ir capacitando a los operadores del sistema. Para eso se hicieron cursos, primero, de cómo se opera una terminal, después, de cómo se opera el Sistema de Gestión Judicial y eso implicó, obviamente, que se debieran intensificar los cursos. Hoy, formalmente, todos pueden operar una terminal gráfica porque, todos aquellos que las usan, conocen la aplicación. En todo caso, podrá haber una mejora constante o readaptar sistemáticamente a las personas porque, en líneas generales, uno convive con dos sistemas: cuando uno va a su casa, seguramente, tiene un ordenador distinto al que tiene aquí, independientemente de que todas las aplicaciones del entorno visual son exactamente iguales que las que uno podría tener en su casa. Pero, si lo planteo, por ejemplo, desde mi punto de vista absolutamente personal, a mi me costó, por lo menos 4 o 5 meses, tener en claro en qué disco debiera grabar porque, al momento de guardar un determinado tipo de archivo, tengo cinco discos posibles.

Por ejemplo, está el disco público, que esto implica que todas las personas conectadas a la red podrían revisar ese archivo; después está el disco privado que debiera ser la unidad donde yo estoy trabajando, y, en este caso, cada consejero, tiene un disco donde guardan todos los que trabajan en este lugar y al que solo accedemos nosotros y después, el disco que correspondería a la réplica del que era mi disco rígido cuando guardo yo solamente. Pero, claro, acostumbrado a letras estándar, hasta que uno se da cuenta que el “H” es el público, eso genera algún tipo de distracción mínima y que, al momento de buscar un archivo, uno crea haberlo guardado en un lugar y no pueda encontrarlo ahí si no en alguno de los sectores, de los tres sectores, en que está particionado el disco del terminal. Pero, bueno, me parece que ese es el hilado fino que le falta al manejo cotidiano para darse cuenta cómo se desarrolla la aplicación.

¿Hubo buena recepción de parte de todos los involucrados en el proceso de transformación o hubo resistencia?

Hubo resistencias. Pero, me parece que la resistencia estaba planteada desde una cuestión cultural. Una computadora, para alguien, es algo que tiene un monitor, un teclado, el gabinete e incluye el disco donde se guardan las cosas. Y pareciera que si no está el disco no hay una computadora. En realidad, el único cambio que nosotros estamos implementando es que el disco está en otro lugar. El planteo era absolutamente cultural y en realidad, puede existir la suposición de que si está en otro lugar no se tiene control sobre la información que se guarda en ese lugar. Y la posición que nosotros tenemos es que, si se tiene en la oficina ese disco, yo no puedo garantizar los niveles de seguridad, porque no tengo forma. Tendría que tener “n” niveles de seguridad por la cantidad de discos, de computadoras puestas en funcionamiento. Y otra cosa que parecía ser menor pero que es cierta desde este punto de vista: cada vez que uno debiera actualizar un programa, en términos de costo-beneficio, si yo debiera actualizar el procesador de texto, debería disponer de un empleado que vaya por cada máquina a hacer la actualización del programa. Con este sistema que nosotros estamos implementando, actualizo uno sola vez.

¿Para que esto se implemente hubo que modificar alguna norma, algún código de procedimiento interno?

No. Nada. Nosotros hicimos tres cosas: sacamos una resolución para generar un plan estratégico de dos años del área de sistemas, –ahí estaba el programa de gobierno que se iba a implementar–, y después aplicamos dos resoluciones. Una, ordenándole al área de sistemas pasar de las aplicaciones propietarias al software libre, en los casos que se pudiera hacer ese traspaso, contemplando además que la relación costo-beneficio fuera absolutamente ventajosa para el Consejo, porque no es cuestión dogmática que nosotros creemos en el software libre, porque hay algunas aplicaciones que es mejor desarrollarlas desde ese punto de vista y en otros casos está claro, como en el software de gestión de bibliotecas, que había uno que era mucho mejor en términos de lo que se estaba vendiendo en el mercado, entonces hicimos una licitación entre tres empresas.

Por lo tanto, en aquellas cuestiones donde es mejor desarrollar, se desarrolla bajo la variedad de software libre. Así que, esa es la única indicación en términos de resolución. Después, cuando ya estaba implementado, sí dictamos una resolución en la que dijimos que se ordenaba que era obligatoria la aplicación de ese programa.

Están viajando, próximamente, a Zaragoza …

4, 5 y 6 de junio. Ahí, la Legislatura de Zaragoza y el Ayuntamiento, desarrollaron un encuentro que se llama “Bitácoras y Derecho” que es absolutamente amplio: va desde el gobierno electrónico hasta las implementaciones y aplicaciones y las normativas legales que se están aplicando en términos de la protección de los derechos. Nosotros vamos allá a explicar nuestra aplicación; pero, al mismo tiempo, a intentar desarrollar, a generar conciencia a partir de que el acceso a la justicia necesita tener una aplicación común a todos los operadores, si uno entiende bien el proceso de globalización. Se lo cambio de parámetros: me parece que el mundo, siempre, estuvo globalizado. En el momento que Colón piso América estaba globalizando, dentro de otros parámetros de otra realidad. A partir de Internet se desarrolló otro proceso de globalización. Y si ese proceso de globalización tiene esos parámetros, me parece que el acceso a la justicia debiera contener esos parámetros. Por eso, lo que hablábamos recién, de la necesidad de que fuera accesible, desde cualquier punto del territorio nacional, una causa que se estuviera desarrollando, porque, de lo contrario, no habría acceso a la justicia. Insisto muchísimo en esto: si yo necesito tener un abogado en Tucumán para revisar una causa, eso sería seguir entendiendo al servicio de justicia, de ambos lados del mostrador, con los parámetros tradicionales. Entonces, me parece que la red globalizó de determinada manera la sociedad y que nosotros deberíamos usar ese principio para hacer más accesible, a los ciudadanos, la justicia.

¿Se puede inferir entonces que recurrir a esta implementación tecnológica fue producto de una necesidad y no una opción?

No. Porque me parece que es una opción a partir de estar convencidos de que si yo proveo mayores niveles tecnológicos garantizo el acceso a la justicia. ©