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¿Qué nos puede contar de su proyecto, cuáles cree Usted que son los puntos salientes?

Yo creo que es un proyecto que se basa en dos o tres ideas. La primera es que tiene que haber en la reglamentación de telecomunicaciones un fuerte contenido antimonopólico. Esto es lo que caracteriza fundamentalmente a las legislaciones de telecomunicaciones en todo el mundo, porque son industrias que, naturalmente, tienden al monopolio o que vienen de los monopolios.

El segundo elemento es que, en base a la existencia de sectores monopólicos en el mercado, el Estado tiene que intervenir para simular la existencia de mercado donde el mercado no existe, donde no hay competencia. Y en ese sentido proponemos, porque creemos que es razonable, que se controlen ciertos precios de telecomunicaciones monopólicas, en base a costos incrementales de largo plazo que es el mecanismo inglés y que es lo mismo que nosotros proponemos con la fijación de un precio monopólico típico que es el cargo de interconexión. La segunda idea que yo creo que es importante es que haya mecanismos de transparencia en la toma de decisiones estatales. Y en ese punto, nosotros creemos que tiene que haber mecanismos objetivos para licitar las frecuencias y las licencias. Licitar o adjudicar por concurso público. Y creemos que tiene que haber una política que permita la mayor ocupación posible del espectro radioeléctrico, no que se reserven nichos que en definitiva benefician a sectores que ya están instalados y no quieren competencia. Esto pasa muy claramente en radiodifusión.

La tercera idea es que nosotros mezclamos las transmisiones de contenidos de cualquier tipo que sean: radiodifusión o telecomunicaciones, para nosotros es todo lo mismo. Y los mecanismos de asignación de frecuencia de radiodifusión nos parece que tienen que ser estos, es decir qu exista la mayor cantidad de presencia posible de medios competitivos.

La última idea que voy a destacar es que nosotros proponemos división de poderes en la conducción del área de comunicaciones. Nos parece una aberración que la misma persona que dicta las reglamentaciones sea la que decida los conflictos entre las partes. Porque esto, en el pasado, ha significado que, a veces, cuando el Secretario de Comunicaciones quería beneficiar a alguien porque políticamente le convenía y no podía aplicar la ley vigente (porque eso perjudicaba a quien quería beneficiar), lo que hacía era cambiar la ley. Esto es absolutamente insostenible. Nosotros queremos limitar las facultades legislativas, reglamentarias dicho técnicamente, pero que son cuasi legislativas del Secretario de Comunicaciones. Todo es por decreto. Entonces, queremos que haya un tribunal administrativo que sea quien determine si tiene razón un prestador u otro cuando hay conflictos que se someten a la autoridad administrativa. Queremos que el Secretario regule, que un tema administrativo sea el que resuelva los conflictos, que sea independiente del Secretario y que haya funcionarios ejecutivos que hagan la administración del espectro o los controles de calidad del servicio.

En cuanto a ese eventual tribunal, ¿está aclarado cómo se designaría?

Nosotros proponemos que lo designe el Presidente de la República como cualquier otro funcionario de la administración, como dice la Constitución. Pero proponemos que tiene que tener ciertos requisitos de calificación personal antes. Que haya, idealmente, una persona especializada en Ingeniería, otra persona especializada en Economía y otra persona especializada en Derecho de las Telecomunicaciones.

Para el proyecto que Usted preparó, ¿se basó en alguna ley vigente en otro país?

Bueno, yo redacté el proyecto de ley de República Dominicana, en la década del 90 y esa fue la base de un proyecto de ley argentino que hice en su momento y que después también fue tenido en cuenta por otros autores de distintos proyectos de ley, como los Dres. Fargosi y Larrauri. Yo diría que la base es la discusión iniciada en Inglaterra con la privatización y que, después, siguió con un debate importante en Estados Unidos, que tuvo una posición más dirigista que la inglesa. Por lo pronto, la legislación argentina es bastante progresista. Digo, los antecedentes de la legislación argentina son bastante progresistas si se tuvieron en cuenta otras legislaciones como la de Chile, la de Perú, la de México y la de España en alguna medida. La de España cambió después de eso. Pero, digamos, que es claramente producto de un debate muy internacional. Las telecomunicaciones son lo más internacional de la economía moderna.

En cuanto al aspecto tarifario, que suele ser un punto muy sensible, ¿está claramente delineado?

Está claramente delineado. Al menos, el principio. El principio es que cuando hay precios monopólicos el estado no puede regular y cuando regula, tiene que regular con un mecanismo determinado de regulación tarifaria que es tomando en cuenta costos futuros y el mecanismo de costos incrementales de largo plazo: el mecanismo inglés de regulación.

En este momento se está hablando sobre la extensión de licencias y, por otro lado, las empresas, en algunos casos, están recurriendo a tribunales internacionales por diversos motivos, ¿qué piensa Usted que puede pasar?

¿Saliendo del proyecto y yendo a la realidad? Yo creo que las licencias han sido dadas de forma permanente y deberían seguir siendo dadas de manera permanente. O sea que no debería haber novedades del gobierno en materia de otorgamiento de licencias. Eso creo yo. Con respecto a los juicios internacionales y demás: es materia de negociación. Especialmente con Telefónica y Telecom. Yo espero que no negocien a los consumidores, a los usuarios. El peligro que hay es que negocien a los usuarios. Espero que no sea así y como es un mercado competitivo, creo que la negociación tiene que ser que el Estado garantice un mercado competitivo. Punto.

Pasando a otro tema. En estos últimos días, con el tema de los atentados, en distintos lugares del mundo se está hablando de las "leyes espías" de cada uno de los países: la intervención en los correos electrónicos, etc. En la Argentina, ese debate, estuvo en escena hasta hace muy poco, por el fallo de una jueza inclusive... ¿qué posición tiene Usted al respecto?

Nosotros presentamos un proyecto de ley derogando la modificación de la Ley de Telecomunicaciones que hizo el Congreso antes de que yo ingresara a la Cámara, en el año 2003. Nosotros propusimos que se derogue esa ley que es autocontradictoria. Es una ley en la que las normas nuevas contradicen otras normas de la misma ley que se mantienen vigentes. Así que, en realidad, es una cosa muy mal hecha. Nosotros lo que propusimos ahí fue que solamente hubiera posibilidad de intervención de las comunicaciones por orden judicial. La ley vigente propone que también lo pueda proponer el Ministerio Público, lo cual es una barbaridad. Propusimos que en lugar de guardar esa información durante diez años se guardara durante dos años y propusimos que no se pudiera difundir el contenido de las comunicaciones sino que, sólamente, se debiera informar al juez "quién habló con quién", que es lo que normalmente se hace en la justicia. Voy a explicar este punto que tiene alguna complejidad: una cosa es cuando un juez ordena una escucha y, entonces, están escuchando lo que dicen. Otra cosa es que las empresas tengan que guardar un record de comunicaciones que se hicieron unos con otros. Entonces, lo que aclaramos ahí es que lo único que hay que guardar en el record es quién habló con quién. Pero no, por supuesto, el contenido de las comunicaciones, que era imposible, por otro lado, guardarlo. Básicamente, decimos: archivo por dos años, intervención solamente a pedido del juez y que se guarde solamente la información de quién habló con quién, pero no su contenido.

¿No creen ustedes que esto entra en conflicto con otros derechos, por ejemplo los vinculados a la privacidad?

No, sin ninguna duda que no. Porque es lo que establecen las leyes y la Constitución Argentina para la violación de los domicilios o de la correspondencia. Las comunicaciones son una forma de correspondencia.

O sea que, para ustedes, no hay "colisión" con otros derechos...

Si lo ordena un juez, no. Los jueces garantizan los derechos individuales. Por supuesto, no hay un derecho individual a delinquir, en cuyo caso los jueces pueden buscar las pruebas que consideran. Esto ha sido así y siempre será así.

Diputado, existe la sensación de que hay una escasa relación entre los legisladores y el ámbito académico en el momento de trabajar sobre la redacción de un proyecto de ley, ¿que nos puede decir al respecto?

Yo creo que la sociedad civil argentina no tiene conciencia de la importancia de sus representantes políticos. En los países de larga trayectoria parlamentaria, todos los sectores de la sociedad civil van a buscar a sus políticos, les exigen cosas, hacen aportes, trabajan en común y les exigen trabajar en común. En la Argentina, no sólamente eso no pasa si no que en mi experiencia como legislador, y yo vengo del ámbito académico, uno les pide muchas veces a sectores importantes de la sociedad civil colaboración u opinión sobre determinados temas y no se la dan. Porque se ocupa poco la sociedad civil de los temas públicos. Uno le pide, por ejemplo, a personas expertas "dígame su opinión sobre este tema" para legislar y los tipos ni contestan. Eso es muy común de gente muy calificada y en algunos casos, muy amigas, también. Así que noto un problema de la sociedad argentina, de despreocupación por la cosa pública. Eso por un lado. Por otro lado, cuando se debata en el Congreso la ley de telecomunicaciones no cabe duda que se a convocar a la sociedad civil a opinar porque son temas muy complejos. Lo que pasa es que la sociedad tiene que ser conciente de que existen unos señores que se llaman diputados y senadores que hacen leyes. Entonces, tienen que interactuar con ellos. Lo que nosotros hicimos fue poner un proyecto más de telecomunicaciones a la mesa, porque la verdad es que el poder político discutió mucho este tema pero nunca hizo nada. El Secretario de Comunicaciones dijo que iba a presentar, el año pasado, un proyecto de telecomunicaciones y no presentó nada. Esperamos bastante. Y entonces, presentamos nuestro propio proyecto, que tiene que ver, por supuesto, con elaboraciones académicas.

Pasando a un tema que tiene que ver con radiodifusión: el Fondo Nacional de las Artes inició un serie de reuniones y de charlas por la profunda preocupación acerca de los contenidos de la programación de televisión, básicamente. Y se produjo en esa serie de charlas y debates una fuerte crítica a lo que se ve en la pantalla. ¿Qué opinión tiene Usted acerca de este fenómeno de lo que se emite por televisión?

Yo creo que hay una cantidad enorme de basura que refleja la mente y el corazón de los que lo hacen. Y hay un choque de intereses jurídicos, de cosas que la ley tiene que proteger, entre la libertad de expresión y la libertad de prensa, por un lado y el abuso mental, especialmente de los chicos, por parte de gente que no tiene ninguna limitación moral porque lo único que les interesa es ganar plata. Entonces, yo no se hasta que punto es legítimo amparar un abuso de derecho, como es ese, en derecho. Este es un problema general en el derecho. Siempre pasa eso. Todo el mundo puede ejercer de un derecho; pero, no tiene porqué abusar de ese derecho. Y en este caso, hay que dictar una reglamentación de contenidos, en la que estamos trabajando también. Una ley que reglamente los contenidos y garantice absolutamente la libertad de expresión y la libertad de prensa; pero, que tiene que penalizar muy duramente el abuso de derecho. Igual que en cualquier otra rama del derecho. Nadie tiene derecho a usar la televisión para planificar en forma pública un homicidio. Nadie tiene derecho a suicidarse en cámara o a hacer el amor en cámara en vivo y que todo eso lo pueda ver un chiquito de 5 años. Es un abuso del derecho. No es libertad de expresión: es una perversión. La gente tiene perversiones, la gente mata a otra gente; pero, eso no es lo que debiera proteger el sistema jurídico. Es lo mismo que decir que hay que dejar que se expresen libremente los asesinos, matando.

En la Ley que existe ...

Yo creo que tiene que desaparecer la Ley de Radiodifusión. Yo creo que tiene que haber una Ley de Telecomunicaciones, que es lo que propusimos, que regule todo lo que sea derecho de redes. Y después que haya una Ley de Contenidos, que es lo que estamos tratando de hacer. La Ley de Radiodifusión no tiene nada que hacer. Es un producto de los gobiernos militares de control de la opinión pública. Todo lo que se pasa por un red es lo mismo que se pase por televisión o en conversaciones y los contenidos son los contenidos y no tiene que haber nada más que eso.

...mientras tanto, el Código Civil, el Código Penal, lo que fuere...

¡Y la misma Ley de Radiodifusión!, que penaliza este tipo de comportamientos; pero, el Gobierno Nacional, que es quien debe ejecutar la Ley, no la ejecuta.

¿Es simplemente responsabilidad del gobierno?

Absolutamente. Concretamente, del Comfer. El Comfer no cumple con su función específica que es controlar este tipo de abusos de contenidos. Y está expresamente penalizado en la Ley de Radiodifusión y no la cumple.

¿Lo atribuye, entonces, solamente a un tema político, a una decisión política?

Absolutamente. Y a una vinculación que todo el mundo conoce, de la que nadie habla, entre los dueños de los medios y los gobiernos.

...en relación con su respuesta: la extensión de las licencias para los medios, como fue otorgada, ¿cual es su opinión?

Las televisiones tenían un plazo de licencias. Y Kirchner, para obtener alguna ventaja política, decidió, antes de que venzan los diez años, darles 15 años más. Pero, mucho antes de que venzan los diez años. Lo cual es, simplemente, una vergüenza. No se si es ilegal. Tal vez sea ilegal, eso lo resolverán lo jueces, pero lo que no cabe duda es que es una vergüenza.

¿Existe algún resorte legal que sustente lo actuado, que lo permita, que lo avale?

El resorte legal es un tema legal, técnico. El resorte legal es que es el Poder Ejecutivo es el que está facultado para otorgar las licencias y quien está facultado para otorgarlas las otorga y las otorgó. Pero se me ocurre que si una entidad de usuarios se sintiera perjudicada por eso, por la falta de competencia futura o de lo que fuera, podría hacer algún planteo judicial.

Volviendo al tema del proyecto de ley, ¿en que punto se halla en relación con el proceso de análisis, debate y votación?

El Congreso es un lugar de búsqueda de acuerdos, fundamentalmente. Cuando el Congreso hace leyes son producto de consensos suficientes para que haya número para votar esa ley. En este momento, el bloque justicialista tiene mayoría propia en la Cámara de Diputados hasta el 10 de diciembre. Así que depende de cómo vote la gente será la respuesta a lo que Usted pregunta. Y este bloque justicialista, por más que electoralmente aparece dividido, manifiesta expresamente que va a votar junto en las cosas que quiere el Presidente. Y este Congreso con mayoría justicialista lo único que trata es lo que quiere el Presidente que además, ha recibido del Congreso superpoderes y facultades legadas para legislar por decreto. Y además,...los decretos de necesidad y urgencia.... Con lo cual el Congreso no existe por la delegación de facultades hacia el Presidente y porque la mayoría justicialista que apoya al Presidente no debate ningún tema que no quiera él. Esta es la realidad. O sea que, puede haber ley si el Poder Ejecutivo, finalmente, algún día, consigue a alguien que escriba un proyecto de ley. Hasta ahora parece que el Poder Ejecutivo, en dos años de gobierno, no consiguió que alguien le escriba un proyecto de ley.

¿Cómo ve el panorama del sector?

Yo lo veo con el diez por ciento de dinamismo que tuvo en el pasado. No veo el ingreso de nuevas empresas en el mercado y veo que es un mercado que, crecientemente, tiende a la monopolización. Esto es lo que veo en el marcado. No veo ninguna acción del gobierno a favor de la competencia y del control de los monopolios. Veo un mercado achicado y con pocas innovaciones. Esto es lo que veo. Y no veo ninguna acción del gobierno que tienda a lo contrario.