Un avance histórico para poner fin a la exclusión escolar de las personas con discapacidad
Entre 2017 y 2019 un equipo de estudiantes y jóvenes graduadas/os de la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos del Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Facultad de Derecho de la UBA asesoró a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en una acción de amparo colectivo contra el Ministerio de Educación de la CABA, y participó activamente en la elaboración de la estrategia del caso, investigación, producción de prueba y redacción de la demanda.
El amparo, presentado por ACIJ en 2019, tenía por objetivo denunciar la práctica sistemática de las escuelas comunes de gestión privada de la Ciudad de Buenos Aires de rechazar la inscripción de niños, niñas y adolescentes por motivos de discapacidad, y la persistente omisión del Ministerio de Educación de cumplir con su obligación de controlar y sancionar a las escuelas que incurrieran en dichos actos de discriminación, en tanto resultaban violatorios del derecho a la educación, a la igualdad y a la no discriminación.
En 2022, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 6 de la Ciudad dictó una sentencia por la cual ordenó al GCBA a elaborar una política pública para revertir esta situación, resolución que fue apelada por el gobierno.
En el marco de la instancia recursiva y luego de múltiples reuniones en mesas de trabajo, en noviembre de 2023 ACIJ arribó a un acuerdo con el GABA, el cual fue homologado judicialmente en febrero de 2024. En dicho instrumento, el gobierno porteño se comprometió a implementar diversas medidas tendientes a evitar el rechazo de matriculación y rematriculación del alumnado con discapacidad en las escuelas comunes de gestión privada sujetas a su jurisdicción, en particular las siguientes:
1. Acciones de acompañamiento a las personas con discapacidad y sus familias durante los procesos de inscripción escolar.
2. Difusión de un documento de orientaciones destinado a las instituciones educativas, que incluye un formulario destinado a que las personas con discapacidad y sus familias puedan dejar constancia de los rechazos de matriculación y rematriculación.
3. Creación de mecanismos para denunciar los rechazos de inscripción.
4. Puesta en marcha de un procedimiento para tramitar las denuncias.
5. Acciones de difusión del derecho a la educación inclusiva a fin de que las personas con discapacidad y sus familias puedan conocerlo y exigir su cumplimiento.
6. Generación y publicación de información que permita monitorear la efectividad de las medidas implementadas para garantizar el ingreso y la continuidad de las personas con discapacidad en las instituciones educativas comunes de gestión privada.
El pasado 7 de marzo de 2024, la Dirección General de Educación de Gestión Privada del GCABA oficializó algunas de estas medidas mediante la Disposición N° 45-GCBA-DGEGP/24.
Estos avances implican un enorme progreso en el camino hacia una sociedad más justa y equitativa, donde todas/os las/os niñas y niños puedan acceder a una educación en igualdad de condiciones. Podés conocer los testimonios de algunas familias que formaron parte del caso acá.