Proyectos DeCyT 2012-2014
Código
DCT1213
Título
La educación universitaria en contextos de encierro. Análisis de su implementación en unidades de ejecución penal. Articulación entre servicios penitenciarios, universidades y organismos gubernamentales
Director
Mariano Alberto Ciafardini
Codirector
Hernán Olaeta
Correo electrónico del Director: mciafardini@fibertel.com.ar
INTEGRANTES | |
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N° | Nombre y apellido |
1 | Daniel Rossano |
2 | Alejandra Zarza |
3 | Graciela María Pozzali |
4 | Federico Agustín Gallardo Massa |
5 | Stephanie Johanna Iturria |
6 | Melanie Palmeiro Romano |
7 | Máximo Capón |
8 | Valeria Vegh Weis |
9 | Juan Pedro Uralde |
10 | Martín David Haissiner |
11 | Noelia Matalone |
12 | Mariana Inés Vilá Garrido |
13 | María Juliana Weigel |
14 | Mariel Celeste Escobar |
15 | Analía Julieta Montero |
16 | Melisa Oviedo |
17 | Julio César Ramundo |
18 | Karen Judith Navarro |
19 | Diego Ramón Encina |
20 | Denise María Belieres |
PALABRAS CLAVE
Educación
Cárcel
Articulación
RESUMEN
Los programas de educación universitaria en contextos de encierro representan una herramienta valorable desde diferentes puntos de vista. En ese sentido, si bien la finalidad resocializadora de la cárcel ha sido severamente cuestionada existen otros argumentos de relevancia que justifican la concreción de diferentes proyectos educativos para las personas en contexto de encierro. De esta manera, la valoración de derechos humanos básicos, como el derecho a la educación o la propia realización personal ameritan la implementación de programas de educación en la prisión.
Sin embargo, así como la educación en contextos de encierro ha sido reconocido en la normativa nacional y provincial así como también se ha incorporado en varios servicios penitenciarios, aun existen grandes complicaciones en su implementación. Analizando diferentes experiencias llevadas a cabo en jurisdicciones que han llevado a cabo programas educativos se observan los serios problemas de articulación existentes entre los diferentes organismos involucrados: básicamente servicios penitenciarios, ministerios o secretarías de estado y universidades.
El proyecto se propone analizar la articulación entre los diferentes actores que participan en la implementación de programas de educación universitaria en unidades de ejecución penal, profundizando los aspectos a mejorar y diseñando propuestas a tal fin.
La propia función, competencia, objetivos e, incluso, la visión de los organismos que participan en la implementación de programas de educación universitaria en contextos de encierro atenta contra la eficacia de los mismos. Además no existe una verdadera articulación que resuelva los problemas que surgen en el desarrollo de los programas. También es relevante analizar la poca preparación en herramientas didácticas dirigidas a las personas privadas de libertad que presentan particularidades que necesariamente deben tenerse en cuenta. Así por ejemplo, la participación en programas de educación secundaria es diferente al de educación universitaria y la forma de estudio también, lo que no está evaluado a la hora del dictado de materias.
RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO:
En el proyecto nos propusimos analizar la articulación entre los diferentes actores que participan en la implementación de programas de educación en unidades de ejecución penal, profundizando los aspectos a mejorar y diseñando propuestas a tal fin. A lo largo de la investigación y analizando las falencias del sistema penitenciario -incluyendo a otros organismos que interactúan con los servicios penitenciarios en la aplicación de programas de educación- consideramos que para que el derecho a la educación pueda garantizarse como tal en este contexto es primordial que haya una mayor articulación con los servicios penitenciarios a nivel de sus órganos de decisión política, incentivando el diálogo con los estratos más altos de decisión en la órbita penitenciaria para que los proyectos educativos sean apoyados y no se genere una situación de obstaculización sistemática desde los cargos más bajos, como así también es necesaria la asignación de medios económicos destinados a garantizar la continuidad de las actividades, por ejemplo la adquisición de móviles para traslados de los detenidos hacia los establecimientos educativos para reducir los márgenes de arbitrariedad del servicio y evitar que la falta de medios esconda una manifiesta voluntad en contra del desarrollo y crecimiento de estos programas.
Esto también implica un cambio en la visión de la persona privada de libertad que no tiene voz en esta dinámica que parece excederlo y que es necesario integrar a los mecanismos generados institucionalmente. Asimismo, se debe generar un compromiso más activo por parte de las instituciones educativas a fin de que tenga una presencia más fuerte en la vida carcelaria, tanto en relación al control de la actuación del servicio penitenciario como en el vínculo con los estudiantes, articulándose instancias de decisión conjunta entre los distintos actores que prevea específicamente la presencia de representantes de las universidades y donde también se encuentren representados los estudiantes para que puedan expresar sus necesidades. Otra cuestión que resulta fundamental es incorporar el dictado de Carreras Terciarias y Tecnicaturas que sean más breves que las carreras de grado ofertadas, ya que hay detenidos que poseen periodos más cortos de condena y las mismas suelen ser más accesibles en tiempo y métodos de estudio. Finalmente consideramos indispensable extender las propuestas a la vida pos carcelaria, buscando medidas que permitan efectivamente alcanzar un plan de vida alternativo, en contra de la degradación y exclusión social, como por ejemplo que las universidades prevean sistemas de pasantías específicos para estos estudiantes y que en las dependencias estatales se generen cupos destinados a la inserción de ex privados de su libertad que hayan cursado estudios universitarios. Por lo expuesto, entendemos que el problema de la educación en contextos de encierro plantea fuertes discusiones teóricas acerca de la necesidad de cambiar el eje desde la cuestión de la resocialización a la cuestión de derechos. Pero, fundamentalmente, plantea fuertes necesidades de actuación concreta, y la mejora en la articulación institucional de los diferentes actores involucrados representa un eje primordial.