Acerca de la Facultad

V. Proyectos y perspectivas

La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, una institución en constante cambio, no sólo abreva en los hitos de su historia y en su presente, sino que se esfuerza por mantener su prestigio a través de la modernización y la actualización de sus objetivos y sus programas.

A. Portal Académico de la Facultad de Derecho

En noviembre de 2004 se puso en marcha el "Portal Académico de la Facultad de Derecho". La utilización de Internet como herramienta de enseñanza constituye una de las más modernas estrategias de formación y capacitación y, en la actualidad, es empleada por organizaciones de todo tipo. Las instituciones educativas no han sido de ninguna manera ajenas a este proceso.

En este sentido, al optimizar el uso de las nuevas tecnologías en razón de las amplias posibilidades que ellas ofrecen, la Facultad de Derecho persigue dos objetivos fundamentales: acercar a los estudiantes y los docentes, como así también a la sociedad en general, la información referida a la carrera de Abogacía de la Universidad de Buenos Aires; y, en segundo lugar, instalar un nuevo espacio de intercambio académico entre los estudiantes y los docentes, a efectos de constituir instancias complementarias de las clases presenciales.

B. Constitución del “Fondo Fiduciario de la Facultad de Derecho”

Con la finalidad de mejorar la excelencia académica, en noviembre de 2004 se firmó un convenio por el cual la Facultad se constituye en beneficiaria de un fideicomiso administrado por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, se abrió un camino alternativo tendiente a la obtención de nuevos recursos financieros.

El fideicomiso constituye un medio técnico que posibilita realizar aportes de quienes quieran contribuir a la excelencia en la formación jurídica. La cooperación técnica y financiera comprende la contratación de servicios técnicos y profesionales; la adquisición, locación, comodato o usufructo de maquinarias, equipos, programas de computación, libros, muebles y elementos de trabajo en general; el otorgamiento de incentivos a docentes y a alumnos a través de estímulos pecuniarios o becas para la asistencia a cursos, congresos o jornadas científicas, entre otras posibilidades.

C. Consejo Permanente de Decanos

Fue creado en 1992 por las Facultades de Derecho de Universidades Nacionales ante la necesidad de generar un ámbito permanente de cooperación y asistencia en temas de interés común. Este espacio permite acordar medidas que, respetando las realidades individuales de cada casa de estudios, tiendan a uniformar respuestas ante problemas compartidos. Entre otras cuestiones, se analizan los aspectos esenciales de la enseñanza del Derecho en la Argentina, el diseño curricular, la articulación interinstitucional y la eliminación de asimetrías distorsivas (por ejemplo, las que surgen por la diversidad de criterios en el tratamiento de reválidas de títulos extranjeros, así como en los pases y equivalencias entre instituciones nacionales).

D. Asociación de Universidades del Grupo Montevideo

Poco tiempo después de la constitución del MERCOSUR se creó una red horizontal de Universidades Públicas con el objeto de contribuir al fortalecimiento de una masa crítica de recursos humanos de alto nivel, promover la investigación científica y tecnológica, la formación continua y la consolidación de las estructuras de gestión de las universidades que la integran. Asimismo, se pretende favorecer la integración regional.

En ese contexto, las Facultades de Derecho del Grupo Montevideo se vienen reuniendo con la finalidad de coordinar distintas acciones, entre ellas, la promoción de intercambios de estudiantes y docentes, la discusión de aspectos vinculados a la enseñanza del Derecho en el ámbito del MERCOSUR y el análisis de los problemas que la libre circulación de servicios impone a las profesiones. En esta línea se halla la creación de la Escuela de Derecho del MERCOSUR.

E. Proyecto "Escuela de Derecho del MERCOSUR"

El Decano Alterini, entonces Presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, presentó el Proyecto "Escuela de Derecho del MERCOSUR" en el IV Encuentro de la Abogacía del MERCOSUR organizado por COADEM (Consejo de Colegios y Órdenes de Abogados del MERCOSUR) -que integran la Federación Argentina de Colegios de Abogados, la Orden do Advogados do Brasil, el Colegio de Abogados del Paraguay, el Colegio Nacional de Abogados de Bolivia y el Colegio de Abogados de Chile- en la reunión de Punta del Este (Uruguay) de noviembre/diciembre del año 2001.

l Proyecto obtuvo el apoyo expreso de ese Encuentro del Consejo Permanente de Decanos de Facultades de Derecho de las Universidades Nacionales y del Consejo de Decanos de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo.

La idea de la Escuela de Derecho del MERCOSUR desarrollada en las Universidades públicas de la región se adecua a la libre circulación de profesionales que resulta del Tratado de Asunción, pues permitirá habilitar a los abogados de cualquiera de los Estados Miembros para actuar en otros países, a cuyo fin se prevé proveer programas de estudios de cuarto nivel de asignaturas -en especial de Derecho de la Integración y de Derecho Comparado- imprescindibles para permitir el libre ejercicio profesional en todo el ámbito del Mercado Común.

F. Digesto Jurídico Argentino

La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en atención al alto nivel académico de su cuerpo docente, así como la disposición de equipos profesionales de alta especialización en el abordaje de proyectos de ordenamiento legislativo, asumió ante el Poder Ejecutivo y la ciudadanía en general el compromiso de realizar el Digesto Jurídico Argentino. El proyecto apunta a determinar cuál es el Derecho vigente en nuestro país y constituye el desafío jurídico más importante desarrollado desde la organización nacional, tiene fundamental importancia en el proceso de fortalecimiento del sistema democrático y en el afianzamiento de la seguridad jurídica en nuestro país. Luego de muchos años, los trabajos finales fueron entregados al Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el día 19 de mayo de 2005.