III Encuentro de Profesores y Alumnos - "Repensando el Plan de Estudios"

"Repensar el Plan de Estudios: Nuevas Perspectivas"

Comisión 4: Derecho Internacional Público y Derechos Humanos y Garantías

Esta comisión contó con la presencia de Profesores titulares y adjuntos de las materias de Derechos Humanos y Garantías y Derecho Internacional Público así como también auxiliares docentes y alumnos de la carrera. Algunos de los Profesores que concurrieron al debate en la Comisión fueron: Dra. Hortensia Gutiérrez Posse, Osvaldo Caccia, Susana Nóvile, José Luis Fernández Valoni. Asimismo, contamos con la presencia de dos abogados del CELS, Pablo Ceriani Cernadas y Luis Campos, quienes a parte de ser docentes en la Facultad, coordinan el curso de práctica profesional que funciona en dicha institución.

A) Superposición de contenidos
La Comisión partió de la conformidad en que el Plan de Estudios esté estructurado en dos etapas y que la segunda etapa conste de orientaciones. Esto permite marcar la diferencia con lo que es la obtención de un simple diploma de abogado.
Sin embargo, se plantearon dudas sobre el contenido del Ciclo Profesional Orientado (CPO). Se recordó que, originariamente, este ciclo estaba diagramado para ser totalmente optativo, pero que luego surgieron las materias obligatorias.
Respecto a las materias obligatorias propias de la orientación en Derecho Público, se hizo referencia a que tanto Derecho Constitucional Profundizado como Finanzas Públicas no son abordadas desde una perspectiva del Derecho Internacional. Asimismo, en relación con las materias obligatorias de la suborientación en Internacional Público, se plantearon divergencias en el seno de la comisión. En ese sentido, se discutió sobre la necesidad de que las materias obligatorias no sean cursadas por alumnos de otras orientaciones para elevar el nivel en el dictado del curso. Asimismo, algunos participantes de la Comisión, propusieron la obligatoriedad de la materia Metodología de la Investigación Social y de Derecho Internacional Privado para los abogados especializados en Derecho Internacional Público. Por último, se criticó la escasa cantidad de materias electivas en el Departamento de Derecho Público por las que pudieran optar los alumnos de la orientación.
A partir de estas y otras críticas que se hicieron a la existencia de materias obligatorias, se planteó la posibilidad de volver a un sistema de pura elección. Ahora bien, la implementación de este sistema conllevaría inconvenientes como:

· Oferta de materias, ya que en lo que hace a las materias que no son obligatorias, la amplitud de su oferta no es garantizada por la facultad.
· Lo anteriormente mencionado se encuentra vinculado directamente con la grilla de profesores de Derecho Internacional y las limitaciones presupuestarias. Así, la escasa cantidad de profesores con que cuenta el Departamento de Derecho Público II, no podría proporcionar la oferta necesaria de materias para responder a esta modalidad de libre elección.
· Desorientación de los alumnos a la hora de elegir los cursos.

Para subsanar esta situación, se planteó organizar un sistema de tutorías en los distintos Departamentos de la Facultad, monitoreadas por quienes se inician en la Carrera Docente (Ayudantes alumnos y Auxiliares de 2ª). Así, a través del establecimiento de un horario de consultas en dichos Departamentos, podría brindarse a los alumnos asesoramiento para elegir las materias del ciclo orientado.
Asimismo, la Dra. Gutiérrez Posse y el Dr. Caccia se refirieron a la posibilidad de realizar campañas de difusión de las materias del CPO a fin de interiorizar a los alumnos de los contenidos de las mismas.

B) La temática de los Derechos Humanos
Se hizo referencia a la discusión sobre los contenidos mínimos de dicha materia, destacándose la transversalidad de los Derechos Humanos. Por lo que se propuso que cada materia no dejase de lado el abordaje de la misma desde una visión de los Derechos Humanos.
En lo que hace a las correlatividades, se subrayó la disparidad existente en los conocimientos de los alumnos que cursan esta materia, ya que muchos están al comienzo de la carrera y otros la cursan al final de segundo año. Asimismo, se destacó la escasa importancia que suelen asignarle los alumnos a esta asignatura en comparación con las materias “codificadas”. A este respecto, la Comisión concluyó que la materia Derechos Humanos debía ser correlativa a Elementos de Derecho Constitucional. De esta forma, la materia se vería jerarquizada dentro de la currícula, se evitaría la excesiva superposición de contenidos y se dotaría a los alumnos de ciertas herramientas terminológicas básicas para abordar el estudio de los Derechos Humanos.

C) Práctico y Rol del Profesional
Se destacó como positivo que hubiera prácticos integradores para evitar que la segmentación del conocimiento se proyecte en el ejercicio de la profesión. Esto proporcionaría una visión integradora del Derecho que debe primar en la práctica profesional.
Se enfatizó la formación ética del abogado, sobre todo teniendo en cuenta la incidencia de la profesión en todos los ámbitos de poder. De este modo, se plasmaría la responsabilidad universitaria en la ética profesional.
Se señaló la posibilidad de generar espacios o nichos de discusión y reflexión en los cuales se fomente la investigación y los trabajos grupales. Dichos espacios, permitirían contrarrestar los factores presupuestarios y edilicios adversos de nuestra facultad que llevan, la mayoría de las veces, a la existencia de alumnos aislados que lo único que hacen es venir seis a nueve horas por semana a cursar materias.
Con respecto al Práctico, se partió de la base de que éste responde a una concepción políticamente correcta de devolverle a la sociedad lo que nos brinda con una educación universitaria. Ahora bien, según los participantes en el debate de la Comisión, no necesariamente este objetivo se logra con prácticos de litigio; se mencionó que este objetivo podría alcanzarse a través de la realización de una investigación que sea útil a la sociedad o la implementación de pasantías en Cancillería que permitirían disminuir los gastos del Estado, redundando esto también en beneficio de la sociedad.
De la misma forma, se concluyó que son necesarios más años de práctica y sin posibilidad de eximición. Se recalcó nuevamente que los profesores de Práctica Profesional deben proveer una visión integradora del derecho.
En relación a la metodología, se hizo referencia a la conveniencia de articular la enseñanza del derecho con otras facultades, por lo enriquecedor del debate con otras disciplinas.
Se resaltó la necesidad de la implementación del final obligatorio, en tanto que impide que el estudio del derecho se efectúe en compartimentos estancos.
Se subrayó que la continuidad en la evaluación constituye el desencadenante de un mayor interés y aprendizaje por parte de los alumnos, configurándose así un “círculo virtuoso”.
Respecto al conocimiento de idiomas, se sostuvo que -al igual que lo que ocurre en otras facultades de la Universidad de Buenos Aires- la Facultad de Derecho debería proveer cursos de idiomas que formen parte de la currícula, al menos de lecto-comprensión. El conocimiento de idiomas no sólo es de suma utilidad para la lectura de bibliografía y jurisprudencia de tribunales internacionales, sino que también es una herramienta que se le va a exigir al alumno en su vida profesional. Es por ello que la Facultad debe ofrecer estos cursos durante la carrera, esfuerzo no tan difícil de lograr tanto más cuanto que en nuestra unidad académica se dicta la carrera de Traductorado Público.

D) Sociología y Filosofía
Se destacó la importancia del estudio de la historia de la Relaciones Internacionales, ya que el conocimiento de las fuentes materiales del Derecho Internacional Público por parte de los alumnos, es indispensable para el estudio de sus fuentes formales.
Se acordó que constituye un ítem insoslayable el fomento y desarrollo de la interdisciplinariedad. A ese fin, se propuso el dictado de clases con profesionales de otras disciplinas que contribuyan a la formación integral del operador jurídico.
Por último, pero no por ello menos importante, se señaló que la existencia de una orientación en Filosofía del Derecho constituiría un primer paso para replantear los contenidos de las distintas orientaciones.

Aclaración: Las conclusiones extraídas no implican la opinión oficial de Lecciones y Ensayos sino que son el producto de consensos a los que se arribó en los Encuentros correspondientes.