El Consejo Directivo de la Facultad se pronunció a favor del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo

El 26 de junio pasado el Consejo Directivo de la Facultad aprobó la Resolución (CD) 312/18 en la que se pronuncia a favor del tratamiento del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en ambas Cámaras del Congreso de la Nación y se expresa a favor de la “despenalización y legalización, en tanto implica trasladar la temática al campo de la salud pública y la responsabilidad del Estado como garante de derechos”.

En los considerandos de la mencionada resolución se hace referencia a que “la posibilidad de las personas gestantes de autodeterminarse y poder decidir  sobre su vida por medio de la interrupción voluntaria del embarazo es una deuda pendiente de estos 35 años de democracia”.

En ese mismo sentido, la resolución aporta datos estadísticos elaborados por la CEPAL y el Ministerio de Salud de la Nación que sostienen que los abortos clandestinos representan la principal causa de muerte de personas gestantes: “El propio Ministerio de Salud de la Nación reconoció en 2015 las cifras que indican la realización de  entre 370 y 522 mil abortos por año en el país. Y según cifras oficiales, 49000 mujeres y personas con capacidad de gestar son hospitalizadas al año por abortos inducidos y espontáneos”. También alude al límite que el Estado establece a la libertad individual mediante el sistema imperante de criminalización que “lejos de disminuir la cantidad de abortos que se realizan en nuestro país, lleva indefectiblemente a la clandestinidad y obliga a interrumpir embarazos de maneras inseguras, reproduciendo de este modo las desigualdades en términos de género y de clase”.

Por otro lado, la resolución recuerda el carácter constitucional que adquirieron tratados internacionales de derechos humanos a partir de la reforma de 1994. En ese sentido, sostiene que “los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y por ende el Estado tiene la obligación de implementar políticas públicas para garantizarlos ya que nuestro país con legislación que promueve la educación sexual y de métodos anticonceptivos”.

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