El aborto en la agenda pública
El 10 de mayo se realizó la actividad “El aborto en la agenda pública” en el marco del Programa Interdisciplinario sobre Marginaciones Sociales (PIUBAMAS) de la Universidad de Buenos Aires, auspiciada por el Programa de Género y Derecho de la Facultad, y coordinada por la profesora Laura Pautassi.
La charla se propuso generar un espacio de diálogo interdisciplinario sobre los proyectos de ley que actualmente se debaten en la Cámara de Diputados de la Nación. Participaron del encuentro: Mario Pecheny (Facultad de Ciencias Sociales, UBA), Débora Tajer (Facultad de Psicología, UBA), Mónica Tarducci (Facultad de Filosofía y Letras, UBA), Lorena Gargiulo (Facultad de Ciencias Sociales, UBA) y Marisa Herrera (Facultad de Derecho, UBA).
Laura Pautassi aseguró que “nos encontramos en un momento histórico”. “Este debate del aborto no llegó porque sí, aquí hay un enorme reconocimiento al movimiento de mujeres y a las académicas que lo han ido sosteniendo y, en este caso específico, a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto que sistemáticamente viene presentando los proyectos de ley para que sean tratados en el Congreso desde al año 2007”.
Por su parte, Mario Pecheny expuso sobre el aborto en el marco de las políticas sexuales: “Ubico el tema del aborto en relación con las políticas sexuales en un proceso civilizatorio de larguísima data, en términos de larga duración, que es un proceso de separación de la sexualidad y la reproducción”. En ese sentido, planteó que el aborto, la homosexualidad y la fertilización asistida “cuestionan la heterosexualidad reproductiva como modo privilegiado y único de vivir las relaciones sexuales, amorosas, eróticas”.
El sociólogo afirmó que “la política sexual también no se inscribe en un modo aleatorio o circunstancial o fortuito de relaciones sociales, sino en un sistema que ha privilegiado sistemáticamente determinadas subjetividades, determinados cuerpos que son los varones. (…) Es decir, hay un sesgo sistemático patriarcal, masculino o misógino que ha estructurado nuestro estado y no sólo nuestro estado argentino”. Así es como “el aborto pone en el centro el papel del Estado en la atención de la salud, en lugar de las farmacéuticas, la iglesia católica, las mujeres y los varones en política”.
Asimismo, Débora Tajer aportó una mirada desde la psicología y afirmó que las tres causales contempladas para practicar la interrupción del embarazo en el Código Penal atentan contra un derecho. “Judicializar una gestación equivale a demorar y complicar una posible intervención, aumentando los riesgos de vida y de salud y esto se hace todo el tiempo vulnerando los marcos legales. Estas causas legales si bien inscriben la práctica como un problema de salud pública, excluyen una variable de alta importancia para el campo de la salud mental: la autonomía”, explicó.
En cuanto al aborto, la psicóloga indicó que “la ilegalidad del aborto voluntario es una biopolítica del control de los cuerpos de las mujeres de los países periféricos”. Por este motivo, cuestionó los planteos sobre el trauma que implicaría la interrupción voluntaria del embarazo: “Parte del traumatismo psíquico de las prácticas del aborto tiene que ver con el contexto de la ilegalidad y con la sanción moral del mismo. (…) No psicologizar el análisis de la problemática, no pensar como tratamiento intrapsíquico lo que es un efecto psíquico de la situación social y política de un tipo de práctica”.
A su turno, Mónica Tarducci recordó cómo el movimiento de mujeres en la década del ochenta reivindicaba la maternidad consciente. “El movimiento feminista va a ensanchar los límites de lo político. Va a poner en la agenda pública temas que no formaban parte de lo político: la sexualidad, la reproducción como temas políticos, no de la intimidad”, expresó y sostuvo: “Lo que van a plantear las feministas de los sesentas y setentas es que la revolución sexual no veía las relaciones de poder entre varones y mujeres”.
Luego hizo algunos aportes a la discusión desde la antropología: “En todas las sociedades, nacer es un rito. Entonces, no puede haber un crimen ni un aborto porque no es persona. Se es persona cuando se le pone el nombre. Incluso lo que nosotras consideramos infanticidio, en muchas sociedades no lo es porque es anterior al nombre. Es la sociedad la que le da el carácter de persona”.
La trabajadora social Lorena Gargiulo, integrante del centro de salud ubicado en la villa 1-11-14, contó sobre la experiencia de su grupo de trabajo en el territorio a partir de concebir el aborto como un problema de salud pública. “Ese es el primer posicionamiento que tenemos como equipo que lo fuimos construyendo a lo largo de los años, y por eso a nosotros nos cabe un rol fundamental. Los abortos existen en el país y las mujeres de sectores populares están en una situación de muchísima más vulnerabilidad”, aseguró.
Además, comentó que trabajan desde una perspectiva de derechos: “Los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos y es algo que nosotros tenemos que poder respetar”. En ese mismo sentido, aclaró que poseen una mirada integral de la salud: “No pensamos que sea solo un problema de ausencia de enfermedad, sino que la salud tiene que ver con las condiciones de vida de las mujeres con las que trabajamos, el acceso a la educación, a la salud, al trabajo”. Y manifestó que incorporan la perspectiva de género: “Las mujeres están en una situación de poder desigual y esto se visibiliza en su vida cotidiana y en sus trayectorias vitales. Nos posicionamos desde un lugar de respetar la autonomía”.
Para finalizar, Marisa Herrera analizó cómo el derecho interviene en la discusión del aborto y destacó que hoy el debate no solo pasa por la despenalización, sino por la legalización. “El derecho civil ha sido siempre el derecho más conservador que hemos tenido. Tenemos que replantearnos por qué el derecho civil y qué lugar tiene”.
En ese sentido, subrayó los cambios que se vienen dando en esta rama del derecho. Antes se trataba de un derecho “legalista, se autogestionaba, no había más mirada que lo legal; era un derecho claramente canónico, confesional y patrimonialista; le importaba nada más que el patrimonio y no la persona; un derecho elitista, claramente clasista; y un derecho patriarcal, paternalista”.
La oradora enfatizó que lo más importante que tiene el Código Civil y Comercial que entró en vigencia en agosto de 2015 son los primeros dos artículos en los que “se autoimpone revisarse contantemente sobre los derechos humanos”. Agregó que el proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo fue impulsado por otras demandas de la sociedad. “Las luchas por el matrimonio igualitario, identidad de género, técnicas de reproducción asistida, femicidios, trata y violencia de género han hecho de que estemos hoy en un lugar distinto legislativamente hablando”, puntualizó.