Proyectos DeCyT 2010-2012

Código

DCT1021

Título

Universidad y Conflictividad Social: mecanismos de intervención desde el Derecho.

Director

Leonardo Pitlevnik

INTEGRANTES
Nombre y apellido Categoría
1 Gabriel Ignacio Anitua
Investigador formado
2 Pablo Andrés Vacani
Investigador en formación
3 Máximo Lanusse Noguera
Investigador en formación
4 Mariano Sebastián Gaitán
Investigador en formación
5 José Alberto Nebbia
Investigador en formación
6 Mauro Benente
Investigador en formación
7 Natalia Diez
Investigadora en formación
8 María Cándida Etchepare
Investigadora en formación
9 Alexis Javier Nakagawa
Investigador en formación
10 Santiago Ghiglione
Investigador en formación
11 Lucas Guardia
Investigador en formación
12 Ariel Alberto Hernández
Investigador en formación
13 María Consuelo Josefina Fraga Investigadora en formación
14 María Cecilia Acosta Güemes
Investigadora en formación
15 Mariana Cahn
Investigadora en formación
16 Dalila Bettina Seoane
Investigadora en formación
17 Sebastián Antonio Pacilio
Investigador en formación
18 Marcos Cicciarello
Investigador en formación
19 Ramiro Gual
Investigador en formación
20 Joao Sebastiao Nieto
Investigador estudiante
21 Leonardo Hugo Limanski Investigador estudiante
22 Verónica Esther Vieito Investigadora en formación

Referencias:

  • Investigador/a formado/a: Investigador con título de Doctor.
  • Investigador/a en formación: Investigador graduado, sin título de Doctor.
  • Investigador/a estudiante: Investigador sin título de grado.

 

PALABRAS CLAVE

Conflictividad
Universidad
Intervención

 

RESUMEN

Este proyecto se origina en diferentes prácticas alternativas vinculadas al derecho desarrolladas en ámbitos caracterizados por una elevada conflictividad social: trabajo decampo y participación en talleres de alfabetización jurídica en cárceles de la provincia de Buenos Aires; consultorios jurídicos gratuitos en barrios marginales; educación no formal sobre derechos humanos en bachilleratos populares. Estas experiencias, diversas en sus manifestaciones, encuentran un denominador común en la voluntad de poner los conocimientos y habilidades adquiridas en el ámbito académico en contacto directo con la realidad local. Mientras, concebimos al derecho críticamente, como herramienta para el acceso a la justicia e inclusión social.

En este contexto, las dificultades para comprender las complejas relaciones sociales relevadas en los distintos campos de intervención, las limitaciones para dar respuesta desde el saber profesional a los innumerables conflictos planteados, la constatación de las contradicciones que encierran las respuestas de las agencias estatales (judiciales, policiales, penitenciarias), así como también las representaciones que los distintos actores tienen sobre el derecho y los profesionales de esta disciplina, deben llevar a la reflexión crítica sobre la formación como abogados y abogadas.

A partir de allí, nos proponemos analizar el rol que desempeña la Academia, específicamente la Facultad de Derecho de nuestra Universidad, como institución a cargo de la formación de profesionales del derecho e investigación en ciencias jurídicas, inserta en un contexto social caracterizado por altos niveles de conflictividad y desigualdad, focalizado sobre todo en la forma en que los operadores del derecho se relacionan con la realidad carcelaria y su contexto. En esta línea, se trabajará en torno a los siguientes interrogantes: a) ¿Qué demandas vinculadas con el derecho existen en ámbitos locales caracterizados por una elevada conflictividad?, b) ¿Qué tipo de respuestas brinda la Academia?, c) ¿Qué mecanismos de vinculación existen entre la Academia y el contexto social local?

 

BECARIO DE INICIO

Nombre y apellido: Ana Clara Piechestein

Título:

Resumen
La cuestión sobre la que me propongo indagar en el marco de la investigación es la existencia, creación y/o reestructuración de esquemas normativos propios y de prácticas alternativas, distintos o bien similares pero con particularidades, a los plasmados positivamente en leyes, decretos o resoluciones, al interior de las comunidades en las que se desarrollan experiencias de asesoramiento jurídico gratuito.

Partiendo de la premisa de que es posible la coexistencia, convivencia e incluso complementariedad de distintos sistemas normativos en cada sociedad ("pluralismo jurídico"), se persigue analizar las formas de surgimiento de esas pautas, de las maneras específicas que poseen estas comunidades para resolver conflictos, de cómo se apropian de los instrumentos jurídicos que se les acerca y en qué medida son reformulados y readecuados por ellos para la ser utilizados en realidad en la que viven.

Cuando se habla de la noción de pluralismo jurídico cultural, se está frente a la idea de que el discurso jurídico es el reflejo de una cultura determinada, por ejemplo, el discurso jurídico propio de la cultura occidental. Se trata sólo de un discurso jurídico de entre tantos existentes, si bien cierto, dominante y hegemónico. Un discurso que pertenece a otra tradición jurídica, siempre tendrá enfrente el problema de penetrar a la sociedad a la que pretende organizar, traduciéndose ello en un problema de eficacia del Derecho (cfr. Sousa Santo,B.,Derecho: una carta de lectura deformada,1988). En relación a ese último problema, cabe incluir también como tópico a estudiar la noción de "autoridad del Derecho" propuesta por C. Rosenkrantz (La autoridad del Derecho y la injusticia económica y social) con el fin de profundizar en las consecuencias que para el Derecho acarrea la presencia de estos "sistemas normativos alternativos" y otras prácticas de resolución de conflictos para el Derecho positivo institucional.

Por su parte, N. Bobbio se ha referido a la existencia de sistemas jurídicos infra-estatales, colaterales al Estado e incluso contra-estatales (Teoría general del Derecho, 1997), cuyos desarrollos, junto con el de A. Baratta en torno del sistema penal en particular, serán de gran utilidad para el abordaje del tema a investigar.

Así, en el desarrollo de experiencias de asesoramiento jurídico comunitario en distintos barrios pobres o villas, fue posible advertir, no sólo las dificultades técnicas a la hora de aplicar ciertos institutos legales por las características de las situaciones de hecho que se presentaban, sino también la presencia de saberes y de prácticas particulares existentes en esas comunidades, de manera concomitante y hasta a veces independiente de las formas jurídicas "oficiales".

El conocimiento, el análisis y la sistematización de estas prácticas posee la potencialidad de coadyuvar a una mejor comprensión del Derecho en general, no limitado a un conjunto de normas que conforman un cuerpo y que provienen de un emisor único, sino consistente en una multiplicidad de órdenes normativos que surgen de cada comunidad social organizada que pertenece una sociedad. Asimismo, tendría potencialidad para interpretar las relaciones de coordinación y subordinación, de exclusión total, de inclusión parcial, de complementariedad existentes entre los diferentes sistemas normativos vigentes. El interés más prominente de la investigación se focaliza en disminuir los niveles de violencia que ejercen los operadores jurídicos al momento de aplicar institutos y esquemas legales "formales" a situaciones de hecho que difieren de las usualmente contempladas por la legislación por tratarse de conflictos de personas con escasos recursos económicos, o de niveles de educación muy precarios, o bien con limitaciones impuestas por la discriminación, como ocurre ciertas "minorías" (extranjeros, mujeres, aborígenes, homosexuales, transexuales).