Proyectos DeCyT 2018-2020
Código
DCT1820
Título
Educación comunitaria legal en Argentina.
Directora
Ángela Ester Ledesma
Subdirector
Daniel O. Parise
Coordinación general
Carolina Ahumada
Profesores/as a cargo del equipo de investigación
Ana Corina Bermúdez y Daniel O. Parise
Correo electrónico del Directora: langelae@fibertel.com.ar
INTEGRANTES | |
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Coordinación del equipo de investigación | |
1 | Sofía Aravena |
2 | Maximiliano Jorge Fonte |
3 | Ornella Loiacono |
4 | María de las Nieves Sánchez Burzomi |
5 | Leonela Magalí Sánchez |
6 | Francisco Javier Pilao |
7 | Giselle Trupia Veron |
8 | Francisco H. Villalba |
N° | Equipo de investigación |
1 | Mariana Bonzi |
2 | Micaela Bravo |
3 | María Emilia Fernández Irungaray |
4 | María Gabriela Janeiro |
5 | Carolina Memmo |
6 | Jimena Mariana Pérez |
7 | Maria Victoria Romano De Nardo |
8 | Maria Candela Ruano |
9 | Micaela Sosa |
10 | Luana Taragan |
PALABRAS CLAVE
Educación comunitaria
Difusión de información legal
Acceso a la justicia
RESUMEN
El propósito general del presente proyecto de investigación es el de contribuir a generar y difundir información legal sobre distintos temas, a todas las personas de Argentina que enfrenten barreras para acceder al sistema de justicia y proporcionar materiales que les permitan identificar cuál es el problema que enfrentan y qué alternativas tienen para solucionarlo.
Buscamos desarrollar los contenidos con datos claros y precisos, para ayudar a las personas a comprender y ejercer sus derechos legales. Ello incluye una amplia variedad de recursos de investigación legal sobre distintos temas y proyectos de investigación sobre formas eficaces de desarrollar y proporcionar información sobre los derechos legales, siguiendo un riguroso proceso de control, según los estándares y protocolos de trabajo de diversas organizaciones internacionales que se dedican a desarrollar programas de información legal con una amplia experiencia en el tema.
El hecho de que la educación legal se produzca desde la Facultad, refuerza la credibilidad sobre los contenidos y al mismo tiempo puede complementar la tarea de las instituciones públicas, apoyándolas con los materiales necesarios para difundir información y generar conciencia sobre los derechos.
El trabajo está primordialmente basado en la idea de prevención, pues entendemos que la posibilidad de acceder a información legal permite a las personas tomar decisiones informadas sobre qué pueden hacer con un problema y de este modo evitar que la conflictividad aumente y se multiplique (efecto dominó).
Además, los procedimientos judiciales no son fines en sí mismos, sino que están al servicio de la realización de los derechos de los ciudadanos.
La educación legal comunitaria permite un acceso más directo al sistema y favorece la aparición de nuevos derechos en el espacio de diálogo social.
Finalmente, realizaremos la difusión del contenido online, o a través de otros medios, según lo requiera el caso concreto.
A pesar de la creciente preocupación por los problemas de acceso a la justicia, en nuestro país aún subsisten barreras que impiden el pleno desarrollo de este derecho fundamental. Muestra de ello son los altos índices de conflictividad no gestinada que permanece fuera del sistema formal e informal. Tampoco se ha logrado revertir la pobre imagen que los ciudadanos tienen del sistema de justicia. Nuestra propuesta apunta a superar las miradas tradicionales sobre el tema y ofrecer un enfoque basado en tres aspectos esenciales: La inclusión de la opinión del ciudadano en el diseño y discusión sobre las posibles soluciones, la prevención y la necesidad de priorizar la satisfacción de los derechos por sobre los trémites.
La educación legal comunitaria ofrece la posibilidad de trabajar sobre estos tres aspectos y diseñar programas que ofrezcan al ciudadano información y educación para que desarrollen aptitudes legales que les permitan tomar mejores decisiones y evitar la multiplicación y escalada del conflicto.