Violencias económicas en las relaciones de pareja
Violencias económicas en las relaciones de pareja
El 21 de abril de 2022 el Centro de Graduadas y Graduados llevó adelante la jornada “Violencias económicas en las relaciones de pareja”, en cuyo marco expuso la profesora María Victoria Famá.
Para comenzar, introdujo: “El tema de las violencias económicas en las familias y en las relaciones de pareja está siendo explorado como todos los temas de género en las últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XIX. Sabemos que se instalaron mucho en la agenda, tanto en la legislativa, como en la agenda de políticas públicas como en la agenda judicial”. No obstante, señaló que “pese a estos innegables avances, lejos estamos de hablar de una plena igualdad entre hombres y mujeres o, por lo menos, de una igualdad real entre hombres y mujeres”. En este sentido, advirtió la importancia que tiene el derecho como pieza clave de transformación.
En cuanto al tema de la jornada, sostuvo: “Entre los múltiples aspectos donde se visualiza esta interrelación entre géneros y derecho, claramente las relaciones de pareja y las relaciones patrimoniales que se dan en el marco de las parejas constituyen uno de los temas donde vamos a visibilizar con mucha claridad este vínculo inescindible entre derecho y género”. Y comentó que aunque en la práctica esta temática se está trabajando cada vez más, sigue invisibilizada.
Luego se refirió a la obra de Clara Coria y, puntualmente, mencionó El sexo oculto del dinero. Indicó que Coria es una de las autoras feministas que más desarrolla la problemática de las relaciones económicas en el marco de las parejas y da cuenta de la sexuación del dinero o la no neutralidad del dinero. “A través del dinero se enmascara toda una serie de relaciones que son jerarquizantes, que implican una división sexual del manejo de este dinero y también de las tareas dentro y fuera del espacio público y del espacio privado. En este sentido, el dinero oculta o invisibiliza determinados condicionamientos, determinadas conductas que colocan al varón, en general, en un lugar de poder o de mayor jerarquía y a la mujer en un lugar de mayor vulnerabilidad”, desarrolló.
Seguidamente, observó que la dependencia económica en las relaciones de pareja suele darse en contra de las mujeres. “Son las mujeres las que dependen económicamente de sus parejas y esto tiene que ver con muchos pactos implícitos que se llevan a cabo durante la vida en común que pueden funcionar de manera adecuada durante la vida en común, pero cuando se produce la ruptura de la relación estos contratos implícitos son claramente desfavorables para las mujeres y, muchas veces, los términos de estos contratos desventajosos constituyen violencias económicas en los términos del art. 5 de la ley 26.485”, profundizó y agregó que “estas violencias económicas se van a reproducir en el ámbito familiar y van a constituir un mecanismo de control para las mujeres, porque suelen ser agresiones silenciosas, invisibilizadas, que se van a perpetuar contra la persona que depende económicamente por parte de quien tiene el dominio económico”.
Sobre cuál sería la función de los operadores del derecho en esta problemática, expuso: “Tenemos la tarea de aplicar un derecho y de interpretarlo para alcanzar esta igualdad real en el acceso de los derechos de las mujeres y esto implica juzgar con perspectiva de género”.
En esta línea argumental, detalló: “Implica, en cada caso, reconocer las relaciones de poder que se dan entre los géneros, entender que estas relaciones de poder son fruto de una construcción social y cultural y que además son constitutivas de las personas, de los comportamientos y de las relaciones y también abordarlo desde la interseccionalidad, es decir, pensar estas asimetrías a la luz de un contexto y de variables como son la clase social, la etnia, la edad y la orientación sexual”.
Asimismo, subrayó que la perspectiva de género no debe limitarse a la sentencia. “Esta mirada tiene que estar en todo el proceso, desde el acceso a justicia, desde la legitimación activa, desde el análisis de la prueba, el dictado de la sentencia y, lo más importante, el cumplimiento de la sentencia en la etapa de ejecución”, resaltó.
Además, puso de manifiesto la importancia de advertir la asimetría presente en la relación y remarcó que lo primero que hay que garantizar es el acceso a la justicia, ya que, en general, las mujeres se encuentran en una inferioridad de condiciones en materia de legitimidad y poder. “Es importante que el estado pueda compensar esa desigualdad inicial para que efectivamente hablemos de una igualdad al finalizar el proceso”, planteó.
También indicó que desde el estado y desde la labor de los jueces y las juezas se debería compensar desigualdades estructurales y eliminar los obstáculos para el acceso a justicia de las mujeres en situación de vulnerabilidad. Sumó: “Para mí, una de las medidas esenciales que debiera tomar el estado en este sentido es garantizar un servicio jurídico gratuito, que sea especializado en materia de familias y que, además, tenga perspectiva de géneros”.
Más adelante, explicó que en el marco de las distintas situaciones de violencia económica que se pueden dar en el marco de un proceso de familia, una de las más relevantes es aquella relacionada con la obligación alimentaria. “Sabemos que el incumplimiento de la obligación alimentaria con relación a los hijos e hijas constituye, además, un supuesto violencia económica contra las madres porque las madres en este contexto no solamente tienen que asumir en forma exclusiva el cuidado hijos e hijas, sino que, además, tienen que asumir en forma exclusiva el costo económico de esta crianza”, especificó y analizó: “Es claro que esta dedicación exclusiva conlleva una pérdida autonomía de las mujeres, una sobrecarga económica y esta distribución tradicional de roles, que puede funcionar de manera compensada durante la convivencia y estallar después de la ruptura de la pareja y mucho más si el progenitor no cumple con su deber alimentario porque las mujeres se ven doblemente recargadas y tienen que seguir postergando su reinserción laboral y su capacitación porque no tienen tiempo para dedicarse en mayor medida a la esfera pública”.