Una resolución trascendente: La actualización curricular del plan de estudios de la Carrera de Abogacía
En su sesión del 3 de diciembre el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho resolvió la apertura de un proceso de actualización curricular del plan de estudios de la Carrera de Abogacía, para el cual ha sido requerida la participación de todos los sectores de la comunidad universitaria. La resolución fue adoptada a propuesta del Decano, en cumplimiento de lo que anunció en el discurso de asunción de su cargo el 5 de marzo pasado. En esa oportunidad expresó también que los Departamentos deben sugerir asignaturas del Ciclo Profesional Orientado adecuadas a su propósito y mediante las cuales sean captados, momento a momento, los cambios de circunstancias, y afirmó que esa actualización no será traumática, ni causará trastorno alguno a los alumnos.
En los fundamentos de dicha resolución se expresa que, a diecisiete años de la aprobación por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires del plan de estudios vigente, debe renovarse su diseño curricular a fin de incorporar las nuevas demandas sociales existentes en un contexto local e internacional complejo, dinámico y competitivo. Los principios que sustentan esta reforma suponen la promoción de la formación integral para la autonomía, la versatilidad y el desarrollo del espíritu crítico, y el sostenimiento de una ética académica basada en la rigurosidad de la formación pedagógica, los valores de la solidaridad y de la responsabilidad social.
No se trata sólo de actualizar el Plan de Estudios, de incorporar o suprimir asignaturas, de ajustar contenidos o adecuar correlatividades, sino que se ponen en debate los problemas centrales de la enseñanza en la Facultad, con miras a llegar a los mayores niveles posibles de excelencia. Dentro de tales problemas se destacan la escasa integración entre la formación teórica y la formación práctica; la limitada presencia de estrategias de enseñanza para la participación activa de los alumnos y de coordinación de las actividades de aprendizaje por parte de los profesores; la falta de aprovechamiento e integración del programa de pasantías de la Facultad como parte de la práctica profesional; la no incorporación de tecnologías educativas y la inexistencia de propuestas de formación docente para la enseñanza del derecho en la escuela media y los niveles superior universitario y no universitario del sistema educativo nacional.
La coordinación de este proceso fue encomendada a la Comisión de Enseñanza del Consejo Directivo, que recibirá los aportes que sean sometidos a su consideración hasta mayo del año 2003. La Comisión recibirá las recomendaciones y propuestas que le sean enviadas, las procesará, y presentará sus conclusiones y proyectos al Consejo Directivo y luego, en su caso, al Consejo Superior de la Universidad. La Secretaría Académica elaboró un extenso documento preliminar sobre la cuestión, que está a disposición de los interesados.