Tercer encuentro de la Red de Prestadores de Servicios Jurídicos Gratuitos de la CABA: "El acceso a la justicia en tiempos de pandemia"
Tercer encuentro de la Red de Prestadores de Servicios Jurídicos Gratuitos de la CABA: “El acceso a la justicia en tiempos de pandemia”
Durante los días 4 y 5 de agosto se realizó el Tercer encuentro de la Red de Prestadores de Servicios Jurídicos Gratuitos de la Ciudad de Buenos Aires que versó sobre "El acceso a la justicia en tiempos de pandemia".
El 4 de agosto se trató el tema "Los organismos judiciales y la garantía del acceso a la justicia" y, en este marco, expusieron Santiago Mauri (coordinador de Acceso a la Justicia -ATAJO- del Ministerio Público Fiscal de la Nación), Javier Lancestremere (secretario general interino de Política Institucional del Ministerio Público de la Defensa de la Nación), Roberto Requejo (secretario judicial a cargo de la Secretaría de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal de la CABA), Fernanda Petrone (Dirección de Orientación al Habitante del Ministerio Público de la Defensa de la CABA) y Ana Cueva Rey (secretaria general de Gestión del Ministerio Público Tutelar de la CABA). Moderaron Madoda Ntaka (asesor legal en la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires) y Alessandra Cutuli.
A modo de introducción, Madoda Ntaka expresó: “Hemos venido trabajando desde hace dos años en el fortalecimiento del acceso a la justicia y, en ese sentido, hemos elaborado documentos, como guías de buenas prácticas y consultas y recurseros específicos; hemos firmado cartas de intención como para fortalecer el trabajo mancomunado que las instituciones están haciendo y las organizaciones de la sociedad civil también lo hacen y son partes integrantes de esta red”.
En cuanto a la jornada, sostuvo: “El propósito de este tercer encuentro va a estar signado por lo que fue la pandemia y la emergencia sanitaria que de algún modo ha sesgado el trabajo de los diferentes estamentos que brindan servicios jurídicos gratuitos a la comunidad, ya sea desde la órbita estatal como desde la órbita de la sociedad civil”.
Seguidamente, tomó la palabra Santiago Mauri. “La red es un espacio que a ATAJO le interesa que crezca. Desde hace dos años que estamos y se ha generado una sinergia muy importante y valiosa que ha puesto en marcha una serie de acciones desde antes de la pandemia y desde el inicio de la pandemia cuando nos encontramos para pensar cómo podíamos actuar frente a este escenario y armamos rápidamente un recursero que fue puesto a disposición para operadores y efectores que hoy lo están usando”, expresó.
En cuanto al trabajo durante la pandemia, explicó: “Tuvimos que organizarnos rápidamente frente a un escenario completamente desconocido para nosotres y para todas las personas. Y logramos consolidar los equipos a través de la atención remota. El 28 de marzo difundimos los teléfonos de contacto y la manera en la que las personas de los barrios podían ubicarnos para continuar con sus trámites o presentarnos nuevas situaciones. Sabíamos que la pandemia iba a traer muchos conflictos nuevos y así fue”.
Luego indicó que “el 72% de las personas que nos consultan son mujeres y el 27, 2% son varones. Lo venimos viendo hace tiempo y da cuenta de que en los territorios en donde hay mayor conflictividad y mayores necesidades las mujeres tienen un rol fundamental y protagonista a la hora del desarrollo de la vida en líneas generales. Este dato es significativo al igual que la cantidad de seguimientos”.
Javier Lancestremere dio cuenta del trabajo que ha hecho la Defensoría General durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO). “El equipo Acceder es nuestro equipo de abogadas y abogados que hace una tarea de orientación, derivación y asesoramiento. Es una tarea claramente territorial que por las medidas de aislamiento, esa presencia en barrios y en centros de acceso a justicia ha tenido que ser detenida”, comentó. De todas formas, el equipo ha recibido aproximadamente 730 consultas en este período a través de sus teléfonos y correo electrónico y son generalmente consultas en materia penal (29%), temas de familia (23%), seguridad social (15%), migrantes (11%) y violencia de género (9%).
Sobre las consultas sobre violencia de género, indicó que lo que se logró fue una prórroga automática de todas las medidas de protección para las mujeres para no tener que reiniciarlas en un contexto en el cual las mujeres no se pueden desplazar. Además se consiguió un acuerdo con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Mujeres y el Ministerio Público Fiscal (MPF) para confeccionar un formulario que facilita las denuncias por violencia de género en tiempos de ASPO.
Roberto Requejo compartió los canales de consulta que se pusieron a disposición de los ciudadanos desde el MPF. “Se puede denunciar por teléfono, a través de un formulario web, por mail, a través de la app del MPF y a través del chat Boti”, detalló y puntualizó que de 23 mil contactos en 2019 se pasó a 48600 contactos en 2020 durante el mismo período. “Esto tiene mucho que ver con que la gente estaba aislada en su casa y el teléfono fue una de las soluciones para que la gente pueda denunciar pero los demás canales también se vieron afectados y en su mayoría todos aumentaron: el mail aumentó un 53%, el formulario en la web aumentó un 67%, la app aumentó en un 3400% pasó de 61 por app a 2160 denuncias por app y el Boti que se creó en enero tuvo 117 denuncias”, destacó y desarrolló: “Creció la cantidad de denuncias al estar todos encerrados. El MPF tomó nota de eso, creamos todos estos canales, tratamos de arreglar los que venían atareados y sobrecargados y tratamos de poder generar con la red de prestadores y nuestros colegas y organismos un feedback mucho más rápido utilizando la tecnología para que esto pueda ser más eficiente y despapelizar lo más posible”.
Fernanda Petrone manifestó: “Hemos perdido la presencia territorial lo cual ha sido muy complejo (...), pero todo eso que habíamos hecho antes sirvió porque seguimos siendo referentes de la gente”.
Por otro lado, especificó que “hace unos años entre las medidas que tomó la Defensoría General de la Ciudad para incrementar el acceso a justicia y hacer más efectivo el derecho se incorporó un 0-800 a través de la Dirección de Atención Ciudadana que depende de la Secretaría General de Acceso a la Justicia y un chat. Entonces, ante esta situación de cuarentena el primer canal de comunicación fue ese”. Y reconoció: “Después de esta primera etapa, nos dimos cuenta de que había que ampliar las formas de comunicación”. En esta línea, comentó que “entonces al 0-800 se sumó un teléfono por comuna y hoy la Defensoría General en lo que es materia contenciosa, administrativa y tributaria recibe consultas a través del 0-800 defender, el chat y también por comunas tiene uno o más de un teléfono para poder comunicarse”.
Ana Cueva Rey señaló que “el desafío fue cómo hacer para garantizar que el vulnerado, ya sea niño, niña o adolescente, no se vea perjudicado por esta emergencia que en realidad lo excedía como consecuencia de una deficiente gestión del Ministerio Público Tutelar”.
En este marco, compartió que “el 0-800 amplió su horario. Teníamos un horario que era de 8 a 16 h y lo pasamos de 8 a 20 h de lunes a lunes, lo que implicó una gran demanda de consultas, que en la primera etapa de la pandemia estuvieron vinculadas sobre todo al traslado de niños, niñas y adolescentes y la vinculación con los padres”. Y añadió que “lo que intentamos hacer más que articular con la justicia fue articular con los distintos organismos, sobre todo en esos casos con el Consejo de niñas, niños y adolescentes”.
A continuación, el 5 de agosto los participantes disertaron en torno al tema "Los servicios de consultorio y patrocinio jurídico como garantía del acceso a la justicia". Expusieron Leandro Rodríguez Pons (jefe de gabinete de la Dirección de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos), María Cristina Salgado (directora del Servicio Jurídico a la Comunidad de la Procuración General de CABA), Alessandra Cutuli (coordinadora de litigio en DESC y Acceso a Justicia de Grupos Vulnerados de la Defensoría del Pueblo de la CABA), Cristina Ciancio (asesora de la Subsecretaría de Justicia del GCABA y coordinadora del patrocinio jurídico gratuito en materia penal del Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA) y Virginia Badino (directora del Departamento de Práctica Profesional de la Facultad de Derecho). Moderó Rodolfo Martínez (prosecretario letrado de la Defensoría General de la Nación).
Leandro Rodríguez Pons comenzó diciendo: “No es suficiente el reconocimiento normativo de los derechos porque es necesario que esos derechos sean considerados exigibles por nuestros tribunales y que se concreten los mecanismos prácticos para hacer valer esa exigibilidad y que dejen de ser una expresión de deseo positivizada”. Y agregó: “Las políticas públicas que tienen que venir por parte de los tres poderes del Estado, ya que es este en su conjunto quien está obligado a garantizar a los ciudadanos las prerrogativas que los cuerpos normativos reconocen. Aquí es donde tiene un papel esencial el acceso a la justicia”.
Luego compartió que desde la Dirección de Promoción y Fortalecimiento del Acceso a la Justicia para compatibilizar la necesidad de la presencia del Estado frente a la crisis sanitaria y el cumplimiento de las medidas de aislamiento se dispusieron una serie de dispositivos virtuales para atender las consultas de la población: una línea 0-800, una línea de WhatsApp, otra línea de correo electrónico y un usuario de Facebook. Y detalló que para quienes no cuentan con acceso a dispositivos virtuales se hizo una serie de operativos presenciales en el área del AMBA, articulado fuertemente con los curas villeros, con Anses, con Renaper, entre otros organismos del Estado.
María Cristina Salgado indicó que el Servicio Jurídico a la Comunidad es un área de la Procuración de la CABA que en cumplimiento del mandato constitucional de acceso a la justicia brinda asesoramiento y patrocinio a vecinos de la ciudad que presentan distintas situaciones de vulnerabilidad. “Para adaptar y modificar las pautas de funcionamiento el primer paso fue la apertura de una casilla institucional para que a través de ese medio las personas pudieran comunicarse, explicitar sus demandas y solicitar el requerimiento de patrocinio en el caso de que correspondiera”, contó y adicionó que “nos comunicamos con cada uno de nuestros consultantes en las causas y en las actuaciones que ya teníamos en trámite para explicarles cuál era la situación y cómo íbamos a poder comunicarnos, interactuar y cómo íbamos a estar presentes a pesar de no poder estarlo en el territorio”.
Alessandra Cutuli explicó que“la Defensoría del Pueblo de la Ciudad es un órgano creado por la Constitución que tiene como misión la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás derechos y garantías e intereses individuales, colectivos y difusos que tutelan tanto la Constitución de la CABA, como la Constitución Nacional y las leyes y esto lo hace frente a actos, hechos u omisiones frente a la administración de prestadores de servicios públicos y de las fuerzas de seguridad que ejercen funciones de policía en la ciudad”.
Por otro lado, especificó que “la imposibilidad de ejercer nuestra labor en el territorio fue una dificultad muy importante, pues los vecinos y vecinas de los barrios vulnerados a los que asistimos encuentran en nuestros compañeros y compañeras que están en el territorio un apoyo sustancial para poder ejercer sus derechos. Es así que luego de la adaptación efectuada por el área de informática de nuestra casa se pudo readecuar nuestra tarea cotidiana al teletrabajo y pudimos acceder de manera remota a todas nuestras herramientas, lo que permitió que nuestra labor pudiera continuar sin inconvenientes”.
Cristina Ciancio expuso: “Estamos trabajando con la Procuración General que nos va a ceder un espacio para que podamos desarrollar el servicio de asesoramiento y patrocinio gratuito en materia penal para las víctimas de los delitos contemplados en la ley 6115”. Y sumó: “La idea que venimos trabajando es la de tratar de dar un apoyo integral a las víctimas que puedan acercarse de lunes a jueves de 10 a 15 h y que la persona que se acerque pueda ser contenida y tener un asesoramiento integral tanto en materia penal como en materia civil y o de familia”. En este sentido, subrayó que la intención es que la persona tenga un tratamiento integral, para lo cual habrá un apoyo psicológico a través del cuerpo de profesionales que tiene la Procuración y la Dirección General de Violencia de Género. Y agregó: “También queremos garantizar su seguridad física y para esto es esencial trabajar en forma articulada y mancomunada con todos los órganos de gobierno de la ciudad y eventualmente con organismos más ajenos”.
Virginia Badino planteó que “la formación de la red de prestadores ha visibilizado e identificado objetivos y funciones de cada uno de nosotros. Los canales de comunicación que se abrieron beneficiaron al público a fin de evitar demoras y re victimizaciones”.
En cuanto al trabajo de su área, sostuvo que “la pandemia aceleró y puso a prueba mecanismos de trabajo. En nuestro caso, en la Facultad de Derecho de la UBA, pudimos adecuarnos rápidamente y reaccionar a través de una modalidad especial que resulta de la combinación de la pandemia y la cuarentena para resolver la entrevista con el consultante y la tramitación del expediente digital a través del patrocinio letrado”. Y expresó: “En gran cantidad de casos se habilitó la feria o se continuó asumiendo el patrocinio letrado en aquellas denuncias iniciadas ante la Oficina de Violencia Doméstica, fiscalías, Centro de Justicia de la Mujer, Hospital de Derechos u organismos intervinientes. Llevamos de manera habitual el abordaje de la consulta a través del Zoom, cámara de celular, llamada telefónica y se brindó el patrocinio letrado”.