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Año VIII - Edición 146 13 de agosto de 2009

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Sobre el derecho a la información en el derecho laboral y penal. El fenómeno del “whistleblowing” y la cultura norteamericana

  • Nota de Tapa

Con la organización de la Fundación de Altos Estudios en Ciencias Jurídicas, el pasado 2 de julio se realizó la conferencia “Sobre el derecho a la información en el derecho laboral y penal. El fenómeno del ‘whistleblowing’ y la cultura norteamericana” en el Salón Rojo de la Facultad de Derecho, a cargo del Prof. Peter Bowal de la Universidad de Calgary (Canadá). El evento contó con la presencia de los profesores de la Facultad e integrantes del Consejo Directivo de la Fundación de Altos Estudios en Ciencias Jurídicas, Dres. Ricardo Marcelo Castrogiovanni, Daniel Horacio Obligado y Carlos Alberto Chiara Díaz.

En primer lugar, el Prof. Peter Bowal hizo referencia al concepto de “whistleblowing” entendiéndolo como el fenómeno en el que una persona, que en general no tiene poder, denuncia ante una autoridad superior un acto de corrupción, un incumplimiento de la ley o cualquier irregularidad grave. Asimismo, consideró que este fenómeno se aplica plenamente tanto al sector público como al privado, brindando ejemplos de cada uno. En cuanto al ámbito público, indicó que en Canadá se produjo un gran escándalo cuando los fondos públicos se utilizaron por un partido en beneficio propio. En este caso se hizo una gran investigación, salió la verdad a la luz y en la próxima elección nacional ese partido perdió el poder. La primera ley del nuevo gobierno fue crear un sistema de “whistleblowing” o de denuncias por el cual se facultaba a los empleados del sector público federal a denunciar este tipo de hechos antes de que se produjeran. Reflexionó entonces que fue necesario un gran escándalo como el que sucedió para que después se dictaran leyes que eviten que se vuelvan a producir. Por otro lado, hizo referencia a la corrupción en el sector privado con la empresa estadounidense Enron, la cual creció muy rápidamente, indicando que hacia adentro era corrupta en la manera en que se llevaban los registros contables pero hacia fuera demostraba ser una empresa extremadamente exitosa. Sin embargo, destacó que no es necesario que se trate del gobierno ni de una gran empresa que cotice en bolsa, también puede ser una empresa pequeña con pocos empleados.

Resaltó también que cada sociedad tiene un abordaje distinto sobre el fenómeno del “whistleblowing” porque hay culturas que han tenido muy malas experiencias con la autoridad y con el poder del gobierno y no tienen confianza para acudir a las autoridades por lo que jamás denunciarían un ilícito o irregularidad.

Asimismo, estimó que los Jefes de Estado o gerentes de empresas deben definir qué denuncias quieren que informen porque no vale la pena denunciar sobre hechos insignificantes y subrayó que en el sector público, cualquier decisión que genere una mala utilización de los fondos públicos podría considerarse un obrar incorrecto. A su vez, en el sector privado, las empresas implementan políticas en las que se alienta a los empleados a realizar denuncias en caso de que haya engañado a la empresa, siendo ley para los empleados estas políticas societarias.

Además, remarcó que todas las normativas que se aplican al ámbito público y privado pueden clasificarse en tres categorías de “whistleblowing”. A través de la primera, se establece una obligación legal de denunciar una irregularidad. Existen pocas normas de este tipo y generalmente se encuentran en el Códigos de conducta que les resulta aplicable a profesionales en los cuales se les exige que denuncien si un colega ha violado la ley. En la segunda categoría se prevé una recompensa facultando a la autoridad a realizar un pago a cambio de la denuncia pero señaló que el problema principal que surge es que la gente va a mentir a cambio del pago. Por este motivo, “debe existir un equilibrio para no alentar la mentira”. La tercera son aquellas leyes y políticas en las cuales se establece que si alguien ve que se comete un delito o irregularidad puede denunciarlo. “Si opta por denunciarlo, se le ofrecerá protección pero no tiene obligación de denunciarlo ni pago a cambio de la denuncia”, expresó el disertante.

Precisó también que “si somos una empresa o gobierno deben responderse una serie de planteos: si se quiere una ley o política sobre el whistleblowing, qué modelo se quiere adoptar y si las denuncias se toleran, se permiten o se alientan”. Además, analizó el interrogante de la persona a la que se presenta la denuncia, aclarando que ésta debe ser completamente independiente, con credibilidad y poder necesario para llevar la investigación y tomar las medidas pertinentes. En este sentido, hizo mención al caso en que el empleado encuentre al jefe cometiendo un ilícito o irregularidad, cuestionando si se lo tiene que denunciar. Sin embargo, sostuvo que si se va a acusar de algo, primero debería hablarse con esa persona para que tenga la posibilidad de remediarlo o aclarar cualquier malentendido que pudo haber existido. También para las denuncias que pueden causar algún perjuicio muy grave a un tercero, debería hablarse con el tercero.

En cuanto a la confidencialidad, observó cómo se protege al denunciante y qué hacer si el este optó por hacer la denuncia por fuera de la organización, directamente en la prensa, ente regulador u otra autoridad pública, caso en que generalmente se toman represalias, siendo la más conocida el despido.

Con respecto a los ámbitos en los que se da este fenómeno, estimó que son el lugar de trabajo; en segundo término los competidores si se trata de hombres de negocios; y en tercer lugar, como particulares, ciudadanos independientes que al ver lo que pasa pueden tener la necesidad de hacer una denuncia.

Finalmente, se refirió a las represalias a empleados que en algunos casos suelen ser sutiles a través de la pérdida de oportunidades en el trabajo o se lo bloquea para que no siga ascendiendo en la organización. A pesar de esto, afirmó que el whistleblowing o sistema de denuncias es muy bueno para evitar la corrupción, tanto en el sector público como en el privado y que “procesar estas denuncias, proteger a los informantes e investigarlas son una buena política comercial porque si salen de la organización se convierten en un grave problema de relaciones públicas”.