Reflexiones a 35 años de la normalización de la Facultad de Derecho y de la UBA
Reflexiones a 35 años de la normalización de la Facultad de Derecho y de la UBA
El 8 de abril el Programa "Cuestiones de Estado" llevó adelante la jornada “Reflexiones a 35 años de la normalización de la Facultad de Derecho y de la UBA”.
Participaron Alicia Camilloni (secretaria académica UBA 1986-2002), Jorge Sáenz (decano 1986-1990) y Mónica Pinto (decana 2010-2018). Moderaron la actividad Gonzalo Alvarez (profesor de la Facultad) y Carlos Mas Velez (coordinador del Programa "Cuestiones de Estado"). “La normalización fue un acontecimiento muy importante. Fue básicamente restablecer la autonomía de la universidad, el cogobierno y el gobierno de los claustros. Fue una de las primeras iniciativas del presidente Alfonsín y estaba dentro de su programa de gobierno”, introdujo Gonzalo Alvarez y explicó que “la normalización de las universidades argentinas fue dispuesta por el decreto 154 de los primeros días de gobierno y para tener una idea de la magnitud de esa decisión: es un decreto incluso anterior al 158 que es el que ordenó el juzgamiento de las juntas militares y del 187 que es el que conformó la CONADEP”.
Luego se refirió a la normalización como tarea, como programa y como hoja de ruta. “Ha sido una tarea realmente enorme llevar adelante el proceso de concursos, llevar adelante el proceso electoral en un contexto social, histórico y político muy difícil desde todo punto de vista con una tecnología y una infraestructura que no es la que conocemos ahora”, subrayó.
Sobre la normalización como hoja de ruta, sostuvo que es la mejor forma de revisitar la normalización y el largo período de la normalización que no concluye con la elección de decanos y rector en marzo-abril de 1986. “Ese programa que sentó la normalización universitaria hizo algo más que normalizar las universidades: forjó un modelo de organización institucional de las universidades argentinas distinto al que teníamos a julio de 1966 porque habilitó, por ejemplo, un valor que para mí se incorpora en la universidad argentina después de 1983 que es el pluralismo”, concluyó.
A su turno, Alicia Camilloni expresó: “No puedo dejar de recordar que fueron años difíciles porque acompañaron las vicisitudes que el gobierno nacional tuvo que afrontar en su propio proceso de normalización de la República. La universidad no podía permanecer, y de hecho no permaneció, ajena a esas vicisitudes”. Y recordó que “la recuperación de la democracia representó un acontecimiento de enorme importancia para la universidad. Cuando a finales de 1983 se restablecieron la ley Avellaneda y los estatutos universitarios, se inició un proceso que tenía el propósito de dar nueva vida a las instituciones y al sistema universitario”.
En este marco, señaló: “Enfrentamos la necesidad de repensar y reorganizar totalmente la universidad. Durante un prolongado período anterior en el que la universidad había sufrido sucesivas intervenciones y procesos de contrarreformas, algunas áreas habían logrado mantener un trabajo parcializado de buena calidad, áreas en donde no siempre la docencia, aunque sí la investigación, habían proseguido con fuerza e impulsos vitales”. Y aseveró que “eran numerosos los sectores en los que docencia, investigación y extensión habían sido totalmente destruidos como resultado de persecuciones y exclusiones de docentes y estudiantes”. En este sentido, puntualizó: “Nuestra tarea en ese campo de reconstrucción requería, por tanto, definir políticas y estrategias de trabajo. Contábamos con un instrumento fundamental: el estatuto universitario. Su plena vigencia exigía la definición de políticas que restituyeran el sentido y los valores que la nueva universidad de la democracia recuperada debía encarnar”.
Además especificó que fueron cuatro los principales principios que orientaron la gestión iniciada en 1986 por el rector Oscar Shuberoff: “La modernización y actualización de la universidad, la defensa consecuente y activa de la universidad pública en todos los foros, la vigencia plena del estatuto universitario y de los principios democráticos de gestión y la puesta en obra del servicio de la universidad a la comunidad. Todos ellos orientados a consolidar el crecimiento cuantitativo y cualitativo de las actividades de docencia, investigación, extensión y transferencia”.
Por su parte, Jorge Sáenz manifestó: “Es una evocación muy justa y muy necesaria esta del proceso de normalización de la Universidad de Buenos Aires. En primer lugar, porque fue una época donde todos los que queríamos a la Universidad de Buenos Aires, con distintos enfoques, con distintas opiniones, hicimos algo semejante a lo que el grupo que había construido la universidad entre 1956 y 1966 había hecho”.
En esta línea argumental, compartió: “Nos depusimos de toda pertenencia partidaria, toda pertenencia política, toda preferencia de otra naturaleza, para juntarnos como un grupo que lo único que le interesaba era rescatar a la Universidad de Buenos Aires de esa noche que había ocurrido desde 1966 hasta ese momento y tratar de construir una universidad que estuviera de acuerdo con las necesidades que el país requería y que estuviera, además, en línea con las mejores universidades del mundo. Esta era, nada más y nada menos, que nuestra pretensión”.
Asimismo, sostuvo que “los ideales de la reforma de autonomía universitaria, de cogobierno, de acceso a la docencia mediante concursos de antecedentes y oposición, fundamentalmente, fueron no solo la teoría que apoyaba nuestra práctica, sino que también significó que varios de los protagonistas de esa empresa y mucha gente también apoyaran y compartieran estas líneas”. Y comentó que “la autonomía universitaria fue solucionada inmediatamente en la primera etapa con la ley 23.068 y sobre todo el decreto 154”.
Luego se enfocó en la constitución del claustro de profesores: “Era un prerrequisito para la normalización de la universidad y operó mediante reincorporaciones en el caso de los que habían sido antijurídicamente separados mediante la revisión de los concursos habidos entre 1982 y 1983 con un criterio que el rector normalizador Delich indicaba siempre: era una revisión fundada en los procedimientos y no en las personas. Lo que había que analizar era si el procedimiento mediante el cual el profesor había sido designado estaba viciado o era un procedimiento correcto y ajustado a derecho”.
“Hoy podemos decir que la historia continúa en la universidad, ha habido cambios y reformas, pero fundamentalmente tenemos una continuidad de 35 o 37 años y esa continuidad es un valor muy importante que tenemos que rescatar, más allá de las diferencias que hayamos tenido”, reflexionó.
Mónica Pinto indicó que “es cierto que la universidad pública en Argentina siempre fue un actor importante y esa importancia creció a partir de la Reforma del 1918 y de las formas de gobierno que se fueron dando para la universidad porque básicamente eso permitió la entrada en la universidad pública de las mujeres y los hombres que la ley de educación común, la 1420, había producido”.
En cuanto a la normalización, especificó que “supone el restablecimiento de las características propias de la universidad pública, en este caso de la Universidad de Buenos Aires y, por ende, de nuestra Facultad de Derecho, a raíz de la actuación que había tenido el proceso de reorganización nacional que convengamos había encontrado una universidad devastada desde la Noche de los Bastones Largos que expulsó de las aulas al genuino progresismo de la época”. Y agregó: “Esa normalización que inició el rector normalizador Francisco Delich en la UBA, y el querido Eugenio Bulygin en nuestra Facultad, tuvo un primer período en el cual se pusieron los bloques más importantes de la reconstrucción de la universidad, pero los bloques estaban allí y había que seguir construyendo. El período de la acción le tocó al rector Shuberoff y a Alicia, que era quien comandaba los asuntos académicos, y a Jorge Sáenz como decano de nuestra Facultad”.
Por otro lado, manifestó que “la normalización significó la recuperación de la ciudadanía política universitaria para profesores, graduados y estudiantes; la posibilidad de elegir y ser elegidos; la posibilidad de tener incidencia en lo que enseñamos, cómo lo enseñamos y quiénes lo enseñan. La recuperación supuso un sistema de concursos que hasta el día de hoy tenemos que no está exento de litigio (...), pero ciertamente significó un control de calidad sobre quiénes están al frente del aula”.
Hacia el final, compartió: “La universidad democrática adquirió un formato distinto; esa nueva universidad se transformó en un actor privilegiado, político y social de envergadura. La Facultad compartió con el país a los hombres que se hicieron cargo de la rendición de cuentas con el pasado (...). Y esto fue importante porque marcó desde el inicio de la recuperación de la democracia un compromiso que la Facultad tiene y que debe mantener y sobre el cual machaca a sus estudiantes. Es que el compromiso que la Facultad pide a quienes en ella enseñan y a quienes en ella aprenden es un compromiso con la democracia”.
*Ponemos a disposición el video de la entrevista de la profesora emérita Mónica Pinto a Francisco Delich sobre la vuelta de la democracia, que se hizo referencia en la jornada.