Primer Congreso Nacional de Arquitectura Penitenciaria
Tulio Ortiz y Alberto Iribarne
El problema de superpoblación y precariedad que aqueja a las cárceles de nuestro país por estos días, parece encontrar a su paso no sólo interminables conflictos sino también múltiples propuestas para poder solucionar de una manera eficaz y definitiva esta situación que exige originalidad y sustentabilidad.
La Asociación Argentina de Arquitectura para la Justicia (ARQUIJUS) reúne en su seno a profesionales coincidentes en la tarea de proyectar, hacer y mantener los edificios que funcionan para brindar servicios de Justicia, desde una perspectiva específicamente dirigida a satisfacer requerimientos propios del ámbito. Con la idea de mostrar a la sociedad el balance del trabajo hecho hasta aquí y poder pensar nuevas salidas posibles, esta organización realizó el Primer Congreso Nacional de Arquitectura Penitenciaria que tuvo lugar los días 19 y 20 de octubre en el Salón Auditórium de nuestra Facultad.
Para escoger a los disertantes que expusieron en el Congreso, se pensó en aquellos que tuvieran una actividad preponderante en algún aspecto de la arquitectura penitenciaria. En el acto de apertura, estuvieron presentes el Arq. Carlos Firvida, Presidente de ARQUIJUS, el Dr. Alberto Balladini, Presidente de JUFEJUS, el Dr. Tulio Ortiz, en representación de nuestra Facultad y el Dr. Alberto Iribarne, Ministro de Justicia de la Nación.
Según Carlos Firvida, “la arquitectura penitenciaria forma parte también de la arquitectura judicial”, y en ese sentido manifestó que desde la asociación que él conduce “estamos viendo constantemente que no hay un responsable por la falta de una arquitectura carcelaria adecuada”.
Sin querer entrometerse demasiado en temas estrictamente políticos, Firvida intentó demostrar cómo la calidad del espacio que se le otorga a una persona al internarla en una cárcel evidencia el grado de oportunidades que la sociedad le brinda -o no- para recuperarse. En tanto, para el arquitecto las leyes actuales del tema presentan ambigüedades, aunque exigen una suficiente ventilación, luminosidad, y un grado de habitabilidad. “Estas ambigüedades probablemente necesiten preescisiones y estandarizar espacios con mínimos aceptables”, agregó y por eso consideró indispensable convocar también a los diseñadores de estructuras a pensar en estos temas.
En segundo lugar, Alberto Balladini consideró que el compromiso por encontrar una solución a esta problemática no debe ser solamente de la Nación, sino de todas las provincias argentinas, puesto que es el artículo 18 de la Constitución el que declara que debemos tener cárceles sanas y limpias para la recuperación del condenado y no para el castigo. A su vez, la inserción en el artículo 75 inc. 22 CN de los tratados internacionales, con respecto a los derechos humanos, “nos obliga hoy más que nunca a buscar una salida a este problema penitenciario”.
Es desde esta óptica que Balladini realzó la importancia de la realización del Congreso por darle un tratamiento de fondo a la faz edilicia del problema penitenciario, lo que reviste sin dudas un aspecto crucial en la discusión.
Seguidamente, el Vicedecano Dr. Tulio Ortiz dio la bienvenida al público. “Con este evento, se trata de implementar un viejo mandato plasmado en el art. 18 de la CN, que todavía es un requerimiento” -expresó. Precisamente por eso, el Dr. Ortiz afirmó que es un deber de nuestra Facultad, perteneciente a la universidad pública, comprometerse con los problemas sociales de los cuales no puede estar ajena. Por otra parte, recordó casualmente que Ernesto Bunge fue el primer arquitecto diplomado que tuvo la Universidad de Buenos Aires y estuvo muy vinculado a la historia de la arquitectura penitenciaria.
Finalmente, para dar paso formal al desarrollo del Congreso, tomó la palabra el Dr. Alberto Iribarne, quien desde la gestión política sostuvo que como en toda actividad humana “lo primero que hay que pensar son los fines, porque en función de eso se van a determinar cuáles son las decisiones a instrumentar”. Comentó que desde el Gobierno se está pensando en una política penitenciaria a nivel nacional cuyo horizonte sea “la reinserción social de las personas privadas de su libertad”. “Tales objetivos comienzan por cuidar la integridad física de los internos, su salud, su alimentación, etc” —fundamentó.
Por otra parte, el Dr. Iribarne explicó que la política penal funciona como un sistema compuesto por cuatro pilares: la legislación penal, la policía, el Poder Judicial y la política penitenciaria. “Hay que entender que la política penitenciaria es un asunto que concierne a los tres Poderes” —enfatizó. Yendo más allá, sostuvo que la cárcel debe ser el último eslabón de la cadena del sistema penal. “A la persona que llega a la cárcel —amplió Iribarne—, previamente se le ha aplicado la ley penal, ya ha intervenido la policía, las fuerzas se seguridad, el juez, los fiscales, defensores oficiales, etc”.
Para el Ministro nunca debemos olvidarnos que esa persona pertenece a nuestra sociedad; una sociedad con desigualdades, con niveles de exclusión “que aún existen pese a los esfuerzos”. Debe entenderse que esas personas llegan a la cárcel desde el sector más vulnerable y por tanto “el esfuerzo es doble”: se debe reinsertar a quienes están en la cárcel y a la vez lograr la inclusión de las personas marginadas. “Desde nuestro punto de vista -concluyó Iribarne-, la educación, el trabajo, y la capacitación laboral son los elementos fundamentales para lograr ese objetivo; es allí donde también debe inscribirse la arquitectura penitenciaria”.