Personas migrantes y refugiadas: la emergencia de sus derechos
Personas migrantes y refugiadas: la emergencia de sus derechos
El pasado 25 de junio se llevó adelante la charla-debate "Personas migrantes y refugiadas: la emergencia de sus derechos", organizada en conjunto por la Diplomatura en “Migrantes y protección de refugiados” del Ciclo de Cursos Online, el Centro de Derechos Humanos, el Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús y la Especialización en Migración y Asilo desde una perspectiva de Derechos Humanos (UNLa).
En esta oportunidad, disertaron Pablo Ceriani Cernadas (magíster sobre Migraciones internacionales por la Universidad Europea de Madrid y doctor en Derechos Humanos por la Universidad de Valencia) y Eugenia Contarini (máster en Derecho Internacional del Desarrollo y Derechos Humanos, LLM, por la Universidad de Warwick, Reino Unido, y oficial de Protección en la Oficina Regional para el Sur de América Latina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados).
Moderaron Julieta Rossi y Liliana Ronconi.
Para comenzar, Julieta Rossi comentó sobre la finalidad del encuentro. “La emergencia por la pandemia pone en foco esta situación particularmente severa por la que atraviesan las personas en esta situación, pero claramente existen otras emergencias y crisis que se superponen con la coyuntural de la pandemia”, planteó y agregó “intentar pensar los principales desafíos que enfrentan las personas migrantes y refugiadas en el contexto de la pandemia con el objetivo de contribuir a pensar y reformular cuáles son las respuestas que deben darse por parte de los Estados y la comunidad internacional”.
Luego Liliana Ronconi destacó que “este ciclo de charlas tiene por objetivo pensar la situación de pandemia y las situaciones que se están dando por esta emergencia, pero siempre poniendo el foco en que estas situaciones de desigualdad que están padeciendo muchos grupos ya existían desde antes de la pandemia y que la pandemia sólo las puso sobre la mesa un poco más fuerte y las reforzó”.
A su turno, Eugenia Contarini remarcó la necesidad de contextualizar la idea de emergencia frente a la crisis del desplazamiento forzado. Todos los años, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para el 20 de junio, el Día Mundial del Refugiado, publica el documento Tendencias globales que reúne y analiza información estadística oficial producida por el organismo y provista por los Estados a nivel global a diciembre del año anterior. “Hay un número casi sin precedentes, casi 80 millones de personas -79.5 millones- que se encontraban desplazadas forzosamente a fines de 2019. Esta es la cifra más importante jamás registrada por el ACNUR, por lo menos desde la existencia de las estadísticas de la ACNUR”, explicó.
En relación con lo anterior, indicó que las respuestas a las poblaciones desplazadas forzosamente han disminuido en las últimas décadas. “En la década del noventa un promedio de 1.5 millones de refugiados pudieron regresar a su hogar cada año. Durante la última década ese número se redujo a 385.000 personas”, recordó y enfatizó que “estamos frente a una nueva realidad en la cual el desplazamiento forzado no solamente ha sido mucho más extendido en términos numéricos, sino que simplemente no es un fenómeno a corto plazo”.
Contarini señaló el que la pandemia representa la crisis global sanitaria más grande del mundo registrada en los últimos 75 años de las Naciones Unidas que se suma a una crisis de protección. Entre marzo y abril de este año, cerca de 160 países del mundo cerraron sus fronteras. “El artículo 14 de la Declaración Universal dice que en caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. El cierre de las fronteras implica, sobre todo en aquellos países que lo han hecho sin ninguna excepcionalidad, sin prever la posibilidad de admitir en el territorio a personas que requieren protección internacional, un serio cuestionamiento abierto al contenido el derecho al asilo”. Y alertó sobre la posibilidad de que la gestión de la emergencia se transforme en una justificación de restricciones más duraderas o de narrativas migratorias atravesadas por la idea de control y de seguridad.
Por último, planteó que las políticas públicas o programas de mitigación de los impactos repitieron errores del pasado y afectan especialmente a personas migrantes y refugiadas. “Ya sabíamos que los problemas de documentación, los años de residencia, exigencias en particular con situaciones de regularidad o de formalidad con respecto al empleo o la vivienda, traen como consecuencia que un número de personas queden por fuera del radar de atención de las políticas y programas sociales”, finalizó.
Pablo Ceriani Cernadas ordenó su exposición en torno a tres ejes: emergencia en derechos, emergencia política y emergencia discursiva. “La emergencia en derechos la plantearía como una emergencia de desigualdad y de no universalidad de derechos”, sostuvo. “Cuando hablamos de personas migrantes y refugiadas desde un enfoque de derechos humanos nos encontramos con un problema que no empieza con el COVID-19 ni con las medidas frente al COVID-19 sino mucho antes, con problemas de índole estructural de larga data, en cuanto a la desigualdad de derechos humanos básicos”, afirmó.
Reconoció que las restricciones de circulación, en el contexto de emergencia sanitaria, son razonables y no necesariamente discriminatorias cuando afecta a nacionales, migrantes y solicitantes de asilo. “El derecho al asilo sin duda debe convivir. Hay que adoptar medidas en contexto de fronteras para que esa convivencia del cuidado de la salud pública, cuidado de las personas que se movilizan y protección de derechos”, aseguró.
Con respecto a la emergencia política, explicó dos aspectos vinculados a la protección de personas migrantes y refugiados. En primer lugar, expresó que “una tiene que ver con el enfoque sesgado de las políticas públicas en materia migratoria pero que repercute permanentemente en materia de asilo: una mirada securitista, unilateral, instrumental que no permite ver el fenómeno tal como es”, aseveró. Y agregó que también existe una cuestión más vertical: “La participación en el diseño de políticas públicas integrales de gobiernos locales de organizaciones sociales, las propias organizaciones de personas migrantes y refugiadas. Hay una limitación severa en el enfoque que un Estado de derecho democrático debería dar un fenómeno tan estructural y multidimensional como éste”. Además, comentó que la emergencia sanitaria se da en el marco de una suerte de pausa o abandono voluntario o explícito de los Estados de la región de procesos de consenso regional.
Por último, se refirió a la emergencia discursiva. “Buena parte de las políticas y las respuestas que se están dando en este tema en la región a nivel nacional, regional y global se apoyan sobre una construcción de la emergencia, una emergencia fabricada por el discurso, en la cual las personas migrantes y refugiadas son representadas como una amenaza: a la seguridad, al orden público, a la economía, al trabajo, a la identidad cultural”, expresó. “El concepto de ilegal tiene una potencia muy fuerte en esta construcción de la emergencia de la migración como un problema y como una amenaza. Si está fuera de la ley, lo lógico es que se le apliquen leyes excepcionales o criterios de reconocimiento de derechos excepcionales”, concluyó.