Mesa permanente de Justicia

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La jornada se diagramó alrededor de dos paneles que versaron sobre la “Integración del Consejo y el Jurado de...

Ricardo Gómez Diez, Daniel Sabsay y Juan V. Sola

Ricardo Gómez Diez, Daniel Sabsay y Juan V. Sola

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Mediante la reciente sanción de la Ley 26.080, quedó definitivamente modificada la conformación del Consejo de la Magistratura de la Nación; órgano constitucional encargado del proceso de selección y destitución de los jueces de la Nación. Si bien los enfrentamientos previos que ha suscitado la reforma, han quedado ya en la historia; la polémica sigue aún desatada y, por lo menos, continuará en la agenda jurídica hasta tanto la Corte Suprema eventualmente se expida al respecto. De modo que es bueno tener presente las distintas opiniones que se han vertido a lo largo del debate parlamentario y periodístico, a fin de advertir y comprender lo que será la nueva realidad judicial del país.

La primera actividad del año que tuvo como sede a la Facultad de Derecho, reunió precisamente a todos los actores públicos interesados en la reforma del Consejo, en una Jornada de Debate organizada por la asociación Conciencia, en el marco de la Mesa Permanente de Justicia del Diálogo Argentino. Este encuentro, “dirigido a conseguir consensos”, tuvo lugar el 7 de febrero y contó con la presencia de abogados, académicos, ONG’s, personal judicial, periodistas, jueces y legisladores. El debate tuvo alto vuelo, rispidez, acusaciones cruzadas y permitió visualizar las distintas posiciones.

La jornada se diagramó alrededor de dos paneles que versaron sobre la “Integración del Consejo y el Jurado de Enjuiciamiento” y “Cómo mejorar el desempeño del Consejo”, respectivamente. Sin embargo, los puntos álgidos de la discusión se centraron en el problema del debido “equilibrio” constitucional frente a la disminución de 20 a 13 de los miembros en el Consejo, y el aumento a 7 de los representantes “políticos”.

El acto de apertura contó con las palabras de Lucrecia S. E. De Lacroze, representante de la Mesa Permanente y de Conciencia, quien recordó que “la democracia no es un fin sino una herramienta para el logro de valores superiores”. De este modo, como se trata de una creación humana, recalcó que ésta tiene sus límites y el esfuerzo por fortalecer las instituciones “debe ser constante”. Por eso, invitó a los asistentes a dejar de lado los intereses partidarios y a llegar, mediante el diálogo, a una verdad más alta y compartida.

También participó de la apertura el Decano de la Facultad, Dr. Atilio Alterini, en representación de nuestra casa, la que a través del Consejo Superior hizo llegar oportunamente a los legisladores su punto de vista respecto del proyecto de reforma. El decano atinó simplemente a destacar el fuerte compromiso que la Facultad asume hacia la administración de justicia, tanto con la elaboración del Digesto Jurídico, las maestrías en magistratura y elaboración de normas, así como en el patrocinio jurídico gratuito. “Aquí se transmiten las ideas de bien común, de justicia, de seguridad y de compromiso con los derechos humanos”, agregó, y auguró que la actividad tienda a acercar el ámbito universitario a las necesidades de la sociedad.

Seguidamente, dio fin a la presentación el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Dr. Alberto Iribarne, quien reconoció que el Consejo y el Jurado de Enjuiciamiento son dos instituciones fundamentales para mejorar la administración de justicia. Anticipándose al debate, pidió no limitar la discusión a la reducción del número de miembros, dado que “el proyecto es muy amplio, profundo y toca muchos aspectos de la ley actualmente vigente”. Sin embargo, no dudó en expresar su opinión al respecto: “La disminución de integrantes facilita los acuerdos y el logro de consensos; el fundamento es absolutamente democrático en tanto que aumenta la influencia de los órganos elegidos por el voto popular frente a las representaciones sectoriales”.

El primer panel, denominado “Integración del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento”, fue moderado por Enrique Zuleta Puceiro, docente en nuestra Facultad, y tuvo como activos participantes a Luis Cigogna (Secretario de Gobierno), Ricardo Gil Lavedra (Profesor de Derecho Penal), Ricardo Gómez Diez (Senador Nacional), Osvaldo Guglielmino (Procurador de la Nación), Vilma Ibarra (Senadora Nacional), Marcela Rodríguez (Diputada Nacional), Daniel Sabsay (Profesor de Derecho Constitucional) y Juan Vicente Sola (Profesor de Derecho Constitucional).

Luis Cigogna abrió el debate y se mostró a favor de la reforma para poder mejorar los buenos resultados que el Consejo produjo en sus primeros años de funcionamiento. “Hace mucho que se viene reclamando una reforma y es sospechoso que ahora muchos se opongan”, agregó incrédulo. En defensa del proyecto, alegó que se han escuchado todas las opiniones y que el equilibrio (“que no significa igualdad”) se respeta porque se facilita la llegada al consenso. “Debe haber una preeminencia de los representantes del pueblo porque ello hace a la democracia” —finalizó.

A modo de contestación, Ricardo Gil Lavedra explicó su posición. Sobre la base de unas premisas republicanas (la independencia del poder judicial como poder contramayoritario; la despolitización de la Justicia; y el equilibrio impuesto por la Constitución) concluyó en que existe “una captura del Consejo por parte del oficialismo, violando la Constitución”. Luego, rechazó una por una las que consideró “falacias que se intentan como respuestas”. En ese sentido, refutó que ni la desburocratización, ni la voluntad popular, ni las buenas intenciones del oficialismo, justifican ni aprueban lo que es un “grave retroceso” por una reforma que va “a contramano” de lo que se debe hacer.

Sumándose a esta postura, Ricardo Gómez Diez lanzó escéptico: “esta alteración no es inocente”. Con ese tono, sacó a relucir las contradicciones en los discursos de los distintos legisladores, que “antes decían una cosa y ahora otra”. Según su punto de vista, el problema es que los temas más importantes en el Consejo se toman con el voto de los 2/3 y el equilibrio se acaba si el oficialismo se adjudica más de 1/3.

Decididamente enojado, el procurador Osvaldo Guglielmino salió en defensa del proyecto “por vocación personal”. Denunció que “el gobierno no ha hecho campaña periodística en defensa del proyecto; lo que sorprende es la enorme campaña contraria gestada por la prensa” y destacó, además, que hay un gran número de juristas que apoyan la reforma. Su mayor cuestionamiento a quienes critican el cambio de la integración del Consejo es que “ocultan deliberadamente” el hecho de que cualquier decisión de mayoría absoluta haría desaparecer el poder de veto del sector político.

Con un tono similar, la senadora Vilma Ibarra argumentó que hay un gran consenso sobre la necesidad de reformar el Consejo. Si bien no aseveró que la nueva ley fuera a ser efectiva, lo que sí aseguró de modo irónico es que “no es ni un proyecto fascista ni se va a caer la República por esto”. El equilibrio, desde su visión, debe darse entre dos legitimidades distintas: la de la voluntad popular y la de los estamentos sectoriales (“que también son políticos”). Finalmente, preguntó a los opositores por qué se preocupan por el supuesto poder de veto si después el mismo Presidente puede elegir de entre la terna.

La respuesta urgente llegó de la voz de Marcela Rodríguez, quien le aclaró a la senadora que puede suceder que el oficialismo no esté de acuerdo con toda una terna entera, y que la vete por completo hasta llegar a un cuarto candidato deseable. Además, le recordó que el problema no sólo se da en las designaciones sino también en los votos por destituciones y sanciones. “Los problemas que tiene el Consejo no se resuelven con esta ley”, sostuvo y recordó, por otro lado, que hubo muchos proyectos anteriores que el oficialismo nunca apoyó. “El problema de la burocratización es la designación a dedo de asesores y empleados, y este proyecto no lo soluciona” —afirmó con realismo. Para concluir, remarcó que las instituciones se piensan a futuro, puesto que “no se puede depender del voluntarismo político de quien en ese momento detente el cargo”.

Hacia el final del panel, Daniel Sabsay coincidió con quienes lo antecedieron y criticaron el proyecto. “Que la ley se sancione no significa que vaya a superar el control de constitucionalidad” —advirtió cauteloso. Según explicó, la tendencia moderna hasta ahora ha demostrado que el poder del gobernante vira más hacia la reglamentación que hacia la discrecionalidad. Es decir, respetando el juego constitucional de los frenos y contrapesos. Por otro lado, pidió no restar atención al Jurado de Enjuiciamiento, donde la posible presencia de 4 miembros del oficialismo podría generar una persecución a los jueces.

Cerrando, tomó la palabra Juan Vicente Sola, quien sumó su descontento hacia el proyecto de reforma dado que de ese modo se viola el “equilibrio” entre los distintos sectores exigido por la Constitución Nacional. Si bien tildó a la experiencia del Consejo de “fracaso”, lamentó que se dilapide esta oportunidad de reforma.

En el segundo panel, denominado “Cómo mejorar el desempeño del Consejo. Selección y perfil del juez”, se escucharon distintas propuestas para la evolución del sistema judicial. Este panel fue moderado por el periodista Nelson Castro y participaron Juan José Álvarez (Diputado Nacional), María Angélica Gelli (Profesora de Derecho Constitucional), Alberto Pisano (Ex ministro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense), Margarita Stolbizer (Diputada Nacional), Diana Conti (Diputada Nacional) y Jorge Vanossi (Diputado Nacional).

En primer lugar, Juan José Álvarez sostuvo la necesidad de que todo juez sea "un buen hombre perito en derecho", conocedor de los temas jurídicos. Por su parte, la Dra. María Angélica Gelli, agregó a ello las cualidades de "gestión e idoneidad física y psíquica". Sin embargo, el Dr. Alberto Pisano señaló que "no hay un modelo que asegure el éxito del Consejo ni de la Escuela Judicial", de modo que no se puede ser dogmático al respecto.

Por otro lado, la diputada Diana Conti, defensora del proyecto, subrayó la importancia de que los jueces sean, ante todo, "buenos ciudadanos", transmisores de ejemplos. A su vez, la diputada Margarita Stolbizer expresó que "la ciudadanía reclama al sistema judicial una mejor accesibilidad, una mayor eficiencia y más credibilidad". En este sentido, consideró que, a pesar de las duras críticas, el Consejo "ha mejorado el sistema de selección de jueces". Por el contrario, el Dr. Jorge Vanossi reiteró que el Consejo de la Magistratura es “un injerto importado que lo único que provoca es el desguace de la Corte Suprema de Justicia". Concluyó expresando que “la República no merece una institución europea que nada tiene que ver con nuestra realidad".