La situación de violencia contra los niños, niñas y adolescentes y la protección de sus derechos. Contexto internacional y problemas actuales en la Argentina
José Antonio Pagés, Eva Giberti, Nelly Minyersky y Mary Beloff
En ocasión de cumplirse el 17º aniversario de la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño, el pasado 20 de noviembre nuestra Facultad fue el lugar de presentación de un informe ordenado por el Secretario General de las Naciones Unidas, donde se analizó la situación de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, a nivel mundial y local. Con el auspicio de UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, y la Facultad de Derecho de la UBA, se invitó a varios especialistas en la materia para compartir sus impresiones acerca de La situación de violencia contra los niños, niñas y adolescentes y la protección de sus derechos dentro del Contexto Internacional y los problemas actuales en Argentina.
Entre los expositores estuvieron la Lic. Eva Giberti (Coordinadora del programa Las víctimas contra las violencias, del Ministerio del Interior de la Nación), la Dra. Nelly Minyersky (Profesora Consulta de la Facultad de Derecho), la Dra. Mary Beloff (Miembro del Panel Asesor para el estudio del Secretario General de Naciones Unidas sobre violencia contra niños, niñas y adolescentes), la Dra. Gladys Acosta Vargas (Representante de UNICEF Argentina) y el Dr. José Antonio Pagés (Representante de OPS/OMS en Argentina).
La encargada de abrir el panel fue la Dra. Gladys Acosta Vargas, quien además de celebrar la conmemoración y el informe presentado, destacó que a lo largo de la historia, los derechos humanos se fueron constituyendo de a poco en un referente sustancial en la vida de los Estados, pero el tema de la violencia ha sido trabajado generalmente desde una perspectiva verticalista que sólo tenía en miras al propio Estado en su papel coactivo. Sin embargo, explicó Acosta Vargas, “desde las décadas del ‘50 y ‘60, comenzaron debates sobre otro tipo de violencias, por las cuáles el Estado -quizá sin ser directamente quien la ejerce- es responsable de otorgar las garantías para mantener la indemnidad de los individuos”.
Seguidamente, el Dr. José Antonio Pagés, no dudó en afirmar que nos encontramos hoy ante una “epidemia de violencia” que se está dando a nivel internacional y de la cual los países latinoamericanos no pueden escapar. Es así que, informes como los presentados en esta ocasión, dan cuenta de la existencia de situaciones de violencia no sólo en la realidad macropolítica, sino también -y con mucha intensidad- en lugares menos visibles como son los hogares, las escuelas, o el trabajo. “Esto genera costos directos e indirectos para los países, pero también un gran sufrimiento individual y de las familias” -enfatizó.
Por otro lado, la OMS realizó un estudio en el 2002 donde se detectó que un alto porcentaje de niños en el mundo sufrían castigos corporales, 150 millones de mujeres jóvenes y 73 millones de varones padecieron alguna vez relaciones sexuales forzosas. A su vez, en el 2004 estudios de la OIT registraron unos 220 millones de niños trabajando, y el 50% de ellos en situaciones riesgosas.
Lo importante para Pagés es que las formas en que se manifiesta la violencia infantil, son en su mayor parte prevenibles; de ahí, que el derecho y la justicia tienen mucho por hacer en ese aspecto. “Es necesario fomentar la igualdad y equidad social en los sexos; reforzar los servicios de apoyo a las víctimas; y realizar un plan de acción nacional contra la violencia” -culminó proponiendo.
Para Nelly Minyersky, el informe tiene una “bastedad muy grande” y toma diversos aspectos integradores. “Nos muestra en cierto modo, cuáles son las líneas y ejes, alrededor de los cuales debemos emprender nuestra tarea” -agregó.
Desde otro ángulo, hizo énfasis en la necesidad de que las normas internacionales y constitucionales que sirven de lucha contra la violencia se plasmen a su vez en el derecho civil común. “Los derechos civiles nos hablan de la persona directa, y cuando se violan muchos de los derechos civiles, no sólo se trasgrede lo patrimonial de la persona, sino que también se violan los derechos humanos”.
Con respecto a la tarea investigativa, la Dra. Minyersky sostuvo que si bien se ha avanzado mucho en la Argentina en la visualización de la violencia contra la mujer y de la violencia intra-familiar entre adultos, no ha pasado lo mismo en la violencia contra los niños. “Si uno busca en la jurisprudencia, tenemos muchos casos de violencia intra-familiar contra la mujer, y muy pocos casos de violencia contra los niños” -cuestionó. Otro tema que contempla el informa, son las disposiciones de rango superior que protejan el acceso a la justicia.
En resumen, para nuestra especialista ya no se trata de un problema jurídico-formal, sino de hacer operativas las múltiples normas existentes en la materia, como la Ley 26.061 sancionada en el 2005 y las Convenciones contra toda forma de discriminación contra la mujer y sobre Derechos del Niño.
Continuando con esta última percepción, Mary Beloff dio por hecho que la “victoria narrativa” y normativa es indiscutible, pero entendió que “el problema subsiste”. “¿Cómo hacemos para proteger a los niños hoy?” -preguntó seguidamente. Y sorpresivamente no cargó las tintas sobre los juristas -quienes han tenido un “rol central” en lograr reformas legislativas-, sino que puso una mayor responsabilidad de acción en los otros saberes. “En general, el derecho trata de límites, y desde el límite no se puede poner contenido” -asumió la Dra. Beloff, reconociendo las debilidades de la ley.
Lo cierto, para nuestra profesora, es que “el derecho ahora contiene deberes de prestación positiva del Estado y el jurista no tiene saber para eso”. Aquellos que tienen capacidades para llenar esos contenidos son quienes deben empezar a actuar -concluyó.
Para finalizar, Eva Giberti comentó algunas de las iniciativas que se están llevando a cabo desde el Ministerio del Interior. Uno de los proyectos existentes reside en llegar a las comisarías en 20 minutos cuando hay una denuncia de persona violada, para que la Policía Federal no tome contacto con esa víctima, sino que sea una brigada móvil, compuesta por una psicóloga, que rápidamente inicie el diálogo con la víctima.
Un segundo proyecto tiene que ver con la creación de una nueva ley de violencia familiar que incluya un capítulo específico para niños, niñas y adolescentes. “La actual ya no es eficaz ni actúa con sus cometidos” -argumentó. Otro proyecto apunta a ampliar los horarios de las oficinas de atención a las víctimas, instrumentando una brigada especial dedicada a violencia familiar que funcione todos los días del año.
Por último, la licenciada invitada realizó una fuerte crítica a los claustros universitarios, por considerar que en América Latina imparten una mirada “europeizante y atilingada” (sic), y no se conectan con la realidad de la violencia infantil.