Jornadas sobre Derecho Procesal de Trabajo
El proceso laboral en Argentina y la tendencia reformista en América Latina. ¿Es necesaria una nueva regulación del proceso laboral?
Mónica Pinto y Adrián Goldin
Mónica Pinto y Adrián Goldin
Manuel Monsalvo, Ana Barilaro, Graciela González y Liliana Rodríguez Fernández
Manuel Monsalvo, Ana Barilaro, Graciela González y Liliana Rodríguez Fernández
Fernando Caparrós, Mario Elffman, Hugo Fernández Brignoni, Francisco Tapia Guerrero y Héctor Omar García
Fernando Caparrós, Mario Elffman, Hugo Fernández Brignoni, Francisco Tapia Guerrero y Héctor Omar García
Durante los días 3 y 4 de noviembre, el Departamento del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social llevó adelante unas jornadas sobre Derecho Procesal del Trabajo, la cual se orientó a analizar el proceso laboral en la Argentina y la tendencia reformista en América Latina y a indagar si es necesaria una nueva regulación del proceso laboral.
A su comienzo, la Decana Mónica Pinto expresó que la Facultad, además de ser un ámbito de formación, es un espacio para poder debatir sobre nuevas y mejores prácticas. Seguidamente, Adrián Goldin, director del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, manifestó que la mejora de los procesos laborales y la reducción de la duración de los juicios constituyen uno de los más pertinentes aportes a la eficacia y efectividad del sistema de protección del trabajo humano. De esta manera, se interrogó si es necesaria una nueva regulación del proceso laboral. “Algo tenemos que hacer, y la Facultad está llamada a contribuir en esa tarea”, concluyó.
El primer módulo abordó “Celeridad y eficacia en la infraestructura”, el cual fue moderado por Manuel R. Monsalvo. En este marco, Graciela González expresó la necesidad de introducir cambios en nuestra realidad procesal. “Necesitamos celeridad y eficacia en la administración de justicia”, remarcó. Así, señaló que las normas internacionales exigen que los países garanticen un libre acceso a la administración de justicia. No obstante, González advirtió que en nuestro Derecho existen dos partes que tienen diferentes niveles de poder y de posiciones frente a una misma realidad: mientras que el empleador tiene dinero y tiempo para que se sustancie un juicio laboral, el trabajador carece de estos elementos y tiene en juego derechos alimentarios. “En principio, no hay celeridad si no hay jueces”, subrayó. De este modo, evidenció que en la actualidad, sobre 940 cargos de la justicia nacional y federal, hay 240 vacantes. “Las vacantes son muchas y los concursos que se han realizado son relativos”, opinó. Para finalizar, recalcó que hay que pensar en nuevos institutos procesales, que se puedan aplicar y que puedan cambiar nuestra realidad.
Acto seguido, hizo uso de la palabra Liliana Rodríguez Fernández, quien se interrogó si el problema se encuentra en la ley o si el problema está en qué hacemos con la ley. “La ley así como está, interpretándola a la luz de la realidad que tenemos ahora, nos da unas enormes posibilidades de modificar”, reseñó. Asimismo, reconoció que la informatización que ha puesto en marcha la corte no tiene la ventaja de la gratuidad que tenía el sistema que se utilizaba en la justicia del trabajo. “No tiene un sistema de confección automático de estadísticas, lo cual es un problema porque las estadísticas nos permiten ver qué tenemos que cambiar y mejorar”, evidenció. De este modo, concluyó que la declamada transparencia y mejora del servicio de justicia se vería realmente satisfecha si tuviera un sistema de confección automático de estadísticas.
Por último, Ana A. Barilo recordó que, en el año 2004, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo creó la Oficina de Calidad en la Gestión de la Cámara. A partir de allí, se empezó a analizar cómo trabajar en la gestión. “Era algo innovador, y era tratar de ver de qué manera podíamos, a través de herramientas electrónicas informáticas y de otro tipo de medios, mejorar nuestra calidad de servicio de justicia a los actores sociales”, explicó. Así, relató que en el año 2007 se creó la Comisión de Gestión de Corte, de modo que se generó un enlace entre la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y la Corte para trabajar conjuntamente en el sistema informático entre ambas partes. “La Corte también hizo otros trabajos para avanzar en gestión”, reconoció. Hacia el final, manifestó que la gestión judicial en la justicia del trabajo está en un momento muy difícil y crítico.
Miguel Ángel Maza, Luis Ramírez Bosco, Laura Castagnino, Diego J. Tula y Diego M. Tosca abordaron el segundo módulo “Celeridad y eficacia en la prueba y en los procesos especiales”. El panel fue moderado por Silvia Pinto Varela.
El día 4 de noviembre se llevó a cabo el tercer panel “La reforma procesal laboral en experiencia comparada: los casos de Chile y Uruguay”. Francisco Tapia Guerrero expuso sobre “La reforma procesal laboral en Chile”. Las preguntas y observaciones estuvieron a cargo de Mario Elffman, Héctor Omar García y Fernando J. Caparrós. Seguidamente, Hugo Fernández Brignoni abordó “La reforma procesal laboral en el Uruguay”.
Posteriormente, se realizó un coloquio de debate y propuestas titulado “¿Es necesaria una nueva regulación del proceso laboral?”. El debate fue coordinado por Elffman, Héctor Omar García y Fernando J. Caparrós. Hacia el final, Adrián Goldin llevó a cabo el acto de clausura.
“Necesitamos celeridad y eficacia en la administración de justicia”, remarcó Graciela González.