Jornada sobre Derechos Humanos y Justicia Penal en América Latina

• Nota de Tapa

Con la presencia de destacados especialistas de nuestra región, el 4 de marzo se realizó la Jornada sobre Derechos Humanos y Justicia Penal en América Latina, que tuvo lugar en la Sala de Audiencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El evento fue organizado por la propia Corte Suprema, el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la prevención del Delito y el tratamiento del delincuente (ILANUD) y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dres. Juan Carlos Maqueda y Eugenio Raúl Zaffaroni presidieron el acto y fueron acompañados por el juez y ex Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Dr. Sergio García Ramírez; el magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Dr. Fernando Cruz; el Director del ILANUD, Dr. Elías Carranza; y el Vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Dr. Luis Francisco Lozano.

También estuvieron presentes la Secretaria de Justicia de la Nación, Dra. Marcela Losardo; el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Dr. Eduardo Luis Duhalde; el Procurador del Tesoro de la Nación, Dr. Osvaldo Guglielmino; el Auditor General de la Nación, Dr. Leandro Despouy; y el Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Dr. Guillermo Montenegro, entre otros funcionarios de los tres poderes y de los distintos niveles de gobierno.

Durante el acto de apertura hicieron uso de la palabra los Dres. Juan Carlos Maqueda, Luis Francisco Lozano y Elías Carranza.

Tras agradecer la presencia de representantes de todos los poderes de la nación, provincias y ciudad de Buenos Aires, como de destacados académicos, profesores y estudiantes universitarios, el Dr. Juan Carlos Maqueda calificó como prioritaria para las democracias latinoamericanas el tratamiento de la temática convocante.

En lo atinente a nuestro país, mencionó el proceso por el cual, en los últimos 25 años, se ha reconocido la importancia de los sistemas de protección de los derechos humanos, tanto en su orden normativo como en los organismos de interpretación y aplicación en el mundo y, especialmente, en América Latina. En tal sentido, aseveró que la jerarquización de los tratados internacionales de derechos humanos -y puntualmente de la Convención Americana de Derechos Humanos-, en el marco de la Reforma Constitucional de 1994, ha generado un “cambio de paradigma en la política criminal del Estado”, que ahora no puede sobrepasar determinados límites y está obligado a tomar acciones positivas para adecuarse a los estándares internacionales en la materia.

Por otra parte, destacó que el más alto Tribunal de la Nación ha remarcado la importancia de la jurisprudencia de los organismos de protección de los derechos humanos, especialmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto de sus decisiones jurisdiccionales, como de sus opiniones consultivas. De esta manera, en lo concerniente a la materia penal, agregó que la Corte Suprema “ha considerado la jurisprudencia de la Corte Interamericana en cuestiones tales como las condiciones carcelarias mínimas;  el control judicial de ejecución de la pena; el derecho al recurso de la persona condenada; los derechos de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal; el alcance de la garantía de la imparcialidad; la defensa en juicio; el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas; (...) y, fundamentalmente, todo lo vinculado a la investigación y sanción de graves violaciones a los derechos humanos en delitos considerados de lesa humanidad”. Asimismo, se pronunció a favor de continuar transitando la misma senda con el fin de optimizar cuestiones esenciales como el respeto del plazo razonable de los juicios penales, las condiciones de detención y de ejecución de la pena de prisión, entre otros puntos que hacen a un estado de derecho cuyo fin esencial es el respeto y el pleno ejercicio de los derechos humanos.

Finalmente, estimó preciso tener en cuenta, en aras de lograr tales objetivos, la expansión y el enriquecimiento constante del contenido de los derechos humanos, para lo cual resulta menester considerar los progresos que se producen en los órdenes interno e internacional.

A su turno, el Dr. Luis Francisco Lozano destacó la alta jerarquía normativa de los tratados internacionales en el sistema constitucional argentino, para luego explicar la mecánica de las relaciones entre los tribunales nacionales europeos y el Tribunal de Estrasburgo. A continuación, se refirió a la influencia ejercida por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia penal -y en relación con el respeto de los derechos humanos- sobre las decisiones judiciales nacionales.

Entretanto, manifestó su parecer en el sentido de la generación de “un movimiento muy fuerte que atañe, primeramente, a la cultura jurídica, y que no tardará en extenderse a la cultura general de la sociedad”.

Para concluir, argumentó a favor de la necesidad de pensar hacia delante y analizar la experiencia del pasado, específicamente la combinación de las acciones del tribunal supranacional y de los internos, en pos de desarrollar las mejores condiciones para que estas relaciones sean fructíferas y trasunten aspectos prácticos deseables como hasta ahora ha venido ocurriendo.

Posteriormente, el Dr. Elías Carranza presentó su exposición relativa a “Los países de la región y el XII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal”, a realizarse en Brasil durante el próximo año. Como todas las ediciones anteriores, señaló que el encuentro será un importante foro para consensuar e impulsar la aplicación de los instrumentos internacionales directrices en materia de criminalidad, prevención y justicia penal.

Seguidamente, explicó que las agendas de los Congresos son establecidas por la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal del Consejo Económico y Social de la ONU y recordó la primera edición del evento, efectuado en la ciudad de Ginebra. En aquella oportunidad se aprobaron las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, cuya influencia ha sido global.

Luego, enunció brevemente los ocho ejes temáticos en cuyo derredor se enfocarán las discusiones en el Congreso, así como también en las reuniones regionales preparatorias. Del mismo modo, agregó que, además de aquellos puntos principales, habrá paneles específicos sobre educación en materia de justicia penal internacional para la vigencia del Derecho; enfoques prácticos para prevenir el delito de tráfico de drogas y otras formas de criminalidad organizada; y estrategias y prácticas en respuesta a la superpoblación carcelaria.
Hacia el final de su exposición, subrayó la importancia de los eventos descritos para el encuentro entre gobiernos, académicos y organismos de derechos humanos que se desempeñan en materia de justicia penal.

Seguidamente, se presentó el primer panel “Las garantías penales sustantivas, procesales y ejecutivas conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, a cargo del Dr. Sergio García Ramírez.

Tras un breve receso, el Dr. Fernando Cruz disertó acerca de “La reforma del proceso penal en América Latina”.

El cierre de la Jornada estuvo a cargo del ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni y del presidente del más alto Tribunal federal, Dr. Ricardo Lorenzetti.

En primer lugar, el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni se refirió a la vigencia de los derechos humanos en el continente latinoamericano. En este sentido, manifestó su opinión relativa a la necesidad de que los países de la región refuercen por todos los medios posibles el sistema interamericano de derechos humanos “muy especialmente frente al cuadro de situación internacional que estamos viviendo”. Siguiendo la misma línea argumental, estimó deseable que los Estados Unidos de América ratifique la Convención Americana de Derechos Humanos.

En otro orden de ideas, el magistrado realizó un amplio diagnóstico del sistema penal en el país, y consideró que su configuración actual resulta una directa consecuencia de los modelos globales de exclusión social que “han creado un nuevo sujeto, el excluido, que no es un explotado sino uno que nació mal”. De manera coincidente, aseguró que en las últimas décadas se produjo un traspaso desde un estado de bienestar hacia un estado penal, hecho vinculado con la creciente autonomización de las fuerzas policiales, que fue trayendo un mayor nivel de arbitrariedad en las decisiones de estos organismos y las cúpulas, dada la verticalidad de las mismas.

Posteriormente, deploró el desplazamiento presupuestario del hospital a la cárcel, y aseveró que junto al sistema penal formal conviven en todo el mundo un sistema paralelo, de Guantánamo, con campos de prisioneros en Rumania y Polonia, y otro subterráneo, con ejecuciones y torturas. Hacia el final de su ponencia, criticó a los medios de prensa que “bombardean con noticias rojas y crean una realidad en que el enemigo principal es la inseguridad urbana”. Finalmente, instó a evitar todo fraccionamiento de la sociedad, “que es lo que buscan estos discursos vindicativos partidarios de la pena de muerte”.

Por último, el Dr. Ricardo L. Lorenzetti recordó que el movimiento de derechos humanos comenzó en las calles y se trasladó a las leyes, a los parlamentos y a las constituciones. Asimismo, entendió que Latinoamérica se encuentra frente a un nuevo escenario con nuevos desafíos. En idéntica tesitura, lamentó el hecho de que, en tiempos de crisis, se vuelvan a plantear problemas que creíamos ya superados relacionados con el autoritarismo, la exclusión y las soluciones extremas. Para concluir, puntualizó que los objetivos perseguidos por el evento son tolerancia, cooperación y activismo judicial.