Jornada Internacional sobre Salud Mental, Familia y adicciones
Mónica Cuñarro, Mónica Pinto y Antonio Pagés
Mónica Cuñarro, Mónica Pinto y Antonio Pagés
Mónica Cuñarro y Mónica Pinto
Mónica Cuñarro y Mónica Pinto
Itzahk Levav
Itzahk Levav
TRAS LAS PALABRAS DE PRESENTACIÓN, TUVO LUGAR LA CONFERENCIA INAUGURAL A CARGO DE ITZHAK LEVAV (ASESOR-INVESTIGADOR DE SALUD MENTAL DEL MINISTERIO DE SALUD DE ISRAEL), QUIEN DISERTÓ SOBRE “TRASGRESIONES POR COMISIÓN. TRASGRESIONES POR OMISIÓN”.
El 24 de junio se realizó en el Salón Azul de la Facultad de Derecho la “Jornada Internacional sobre Salud Mental, Familia y adicciones”, en la cual participaron la Decana Dra. Mónica Pinto; el representante de la Organización Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la Salud en Argentina, Dr. Antonio Pagés; la Secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en materia de Prevención y control del tráfico ilícito de estupefacientes, la delincuencia organizada transnacional y la corrupción dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros, Dra. Mónica Cuñarro; y la Profesora Dra. Marisa Herrera.
Para dar inicio, la Dra. Mónica Pinto indicó que poco después de que los primeros instrumentos globales fueran adoptados, la constatación de prácticas discriminatorias respecto de determinados sujetos dio lugar a la adopción de tratados de derechos humanos referidos a sujetos en particular o un conjunto en especial, como mujeres y niños. Sin embargo, advirtió que los esquemas relacionados con la capacidad de hecho del derecho civil siguen gobernando la vida de las personas que tienen enfermedades mentales y también de aquellas que no están enfermas pero requieren de asistencia médico-social. Precisó entonces que en el año 2007 se adoptó en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas la “Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”, la cual consagra el derecho de todas las personas con discapacidad al pleno ejercicio de todos sus derechos humanos y libertades fundamentales sin discriminación alguna por motivo de su discapacidad y el consiguiente deber del Estado de asegurarlos. En este sentido, señaló que en el ámbito de la salud mental el tratamiento de enfermedades mentales sólo está reservado para quienes tengan la posibilidad de pagarlo. En general, las personas son institucionalizadas con fecha cierta de ingreso pero sin término, sin fecha de egreso, dejando de pertenecer al mundo del derecho a tener derechos.
Posteriormente, el Dr. Antonio Pagés postuló que desde la teoría los conceptos de “salud física” y “salud mental” son inseparables. Pero desde la práctica, indicó que existen muchas barreras culturales y políticas que dificultan que esta teoría se haga realidad como también obstáculos científicos desde el lado de la salud pública por los grandes vacíos sobre los factores genéticos, biológicos y, fundamentalmente, sociales que determinan la mayor parte de los problemas de salud mental y los relacionados con las adicciones. En este campo del derecho, remarcó que cuando se trata de abusos y discriminación es necesario brindar una perspectiva para el abordaje de un conjunto de problemas que tienen que ver con la salud mental y las adicciones.
Por su parte, la Dra. Mónica Cuñarro consideró que los grandes problemas sociales como padecimientos psíquicos o la salud mental en las adicciones no pueden estar en el campo del Derecho represivo. Aludió entonces al piso mínimo de respeto a la Constitución Nacional, a las normas internacionales que han sido aceptadas por este país y enfatizó que incumplirlas implica una responsabilidad internacional desde la firma de Convención de los derechos de las personas con discapacidad. De tal modo, recordó que Argentina, al suscribir esta Convención, abandonó el modelo tutelar y pasó a inscribirse a un modelo social, de allí que toda la legislación debe ser revisada, lo cual supone un giro en las políticas sociales, educativas y sanitarias que deben ser adecuadas a ese modelo social.
Acto seguido, la Prof. Marisa Herrera aportó algunos datos estadísticos correspondientes a la justicia civil con competencia en asuntos de familia en el ámbito de la Capital Federal realizando un análisis crítico y cualitativo. Se plantearon como interrogantes el tipo de conflictos sociales que llegan a la justicia, las respuestas estatales preventivas y la cantidad de casos de insania que efectivamente deben quedar internados. Tomando a la salud como un derecho humano básico, subrayó que éste forma parte de otros, tales como el desarrollo, la educación, la vivienda, la justicia y el trabajo. Precisó entonces que de los estudios preliminares realizados surge que es mayor la cantidad de gente que luego del tamiz judicial y pericial resulta normal y no es peligroso o no es adicto, mientras que la mayor cantidad de personas presentan trastornos que no necesitan internación. Hizo mención, finalmente, al cruce entre salud mental y violencia familiar, asegurando que la creación de la Oficina de violencia doméstica en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha permitido generar información estadística sobre cantidad, complejidad y perfiles de las personas que acceden a la justicia para poner fin a la situación de violencia.
A continuación, tuvo lugar la conferencia inaugural “Trasgresiones por comisión. Trasgresiones por omisión”, a cargo de Itzahk Levav, asesor-investigador de salud mental del Ministerio de Salud de Israel, quien centró su exposición en la Conferencia sobre la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica en América Latina, conocida como la “Declaración de Caracas”, que fue adoptada en Venezuela en el año 1990. Así, consideró que este instrumento ha sido un hito en el camino en la reforma de la atención de la salud mental en América Latina y presentó sus dos ejes centrales, basados en la insatisfacción por la respuesta insuficiente e inadecuada que los países daban a las necesidades de salud mental de sus poblaciones y la repugnancia por las violaciones a los derechos humanos de las personas que requerían atención, especialmente en los hospitales mentales públicos donde se internan aquellos miembros de los estratos socioeconómicos más desventajosos. “Las violaciones no son por actos de comisión sino que se producen faltas por omisión”, manifestó. Asimismo, examinó que las infracciones por omisión afectan a colectivos más grandes de la población, por lo que requieren de intervenciones enérgicas en la legislación nacional. En virtud de ello, criticó que el país carece de una ley que contemple acciones en todos los niveles de prevención, la cual debería asegurar que la rehabilitación sea provista y que existan todos los instrumentos para proveerla por parte de los sectores involucrados. Mencionó, además, el Protocolo de San Salvador, adoptado en 1988 y un estudio sobre la manera en que operaba y el nivel de desarrollo del sistema de salud mental en 10 provincias argentinas que tienen legislación al respecto. Se refirió también a que el fenómeno de la brecha de la atención es resultado de la ausencia de acciones que pueden corregirlas. Para concluir, opinó que los fallos que ha dictado la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de “Tufano, Ricardo Alberto s/internación” en el año 2005 hasta el presente han marcado la senda correcta y observó en esta iniciativa jurisdiccional una verdadera protección de los derechos.