Jornada de investigación: Acuerdo de Escazú
Jornada de investigación: Acuerdo de Escazú
El pasado 31 de mayo, en el SUM del Instituto Gioja, se llevó adelante una jornada de investigación sobre el Acuerdo de Escazú. La actividad fue organizada por el Seminario "Derecho Ambiental" (Instituto Gioja) y el Centro de Derecho Ambiental (CEDAF). Andrés Nápoli participó en calidad de expositor. En tanto, Natali Ibarra, Lucas Bracuto y Delfina Vila Moret. Durante el encuentro se discutió el “Informe sobre la situación de los defensores y defensoras tierra y territorio en Argentina”, una propuesta elaborada en abril del 2023 por los autores Nicolás Avellaneda y Marta Esber.
La jornada apuntó a establecer un conjunto de ejes prioritarios de trabajo y acciones estratégicas para ser desarrolladas a nivel regional, que permitan avanzar hacia la implementación plena y efectiva del artículo 9 del Acuerdo de Escazú. Dicho documento incorpora una protección a las personas (política, asociación civil, comunidad, individual) que protejan al medio ambiente. ¿Cómo podemos garantizarles desde los espacios públicos o la iniciativa privada?
Andrés Nápoli expresó como el acuerdo Escazú trascendió hasta la jurisprudencia europea en materia de protección al protector. Asimismo, se refirió al comité del cumplimiento que crea el acuerdo. Celebró la incorporación del Caribe porque “son países que están en una constante situación de vulnerabilidad”. Además, indicó que esto generó mayor acceso a la justicia de estos países que antes debían acercarse a la burocracia judicial europea.
Por otra parte, Nápoli, opinó que los 218 entes gubernamentales debían tener una mayor coordinación con el Acuerdo, no sólo en lo administrativo sino en académico para que “la sociedad se organice. (...) Para permitir un mayor diálogo entre el sector estatal, empresario, civil y sindical”.
Acto seguido, se hizo referencia al comité de cumplimiento y cómo funciona. Básicamente se explica, en el art. 18, como un órgano subsidiario de las partes que está creado para monitorear a los estados en la implementación del tratado. El órgano no tiene poder judicial y punitivo, no dicta sentencia. Sólo recibe denuncias de otros países y organizaciones y manifiesta recomendaciones.
Por último, el expositor manifestó que se necesitan más abogados/as con capacidad en derecho ambiental y una “limpieza” política de los mecanismos estatales que se encargan de la protección.