IV Congreso de Defensorías Públicas Oficiales del MERCOSUR
Ricardo Lorenzetti, Tulio Ortiz y Eduardo Barbarosch
Unir a todos los defensores del MERCOSUR y lograr en el futuro la unión de todos los defensores de Latinoamérica, es la misión que se han propuesto la Defensoría General de la Nación, el Bloque de Defensores Públicos Oficiales del MERCOSUR, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, y la Asociación Civil de Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público de la Defensa, a la hora de co-organizar el IV Congreso de Defensorías Públicas Oficiales del MERCOSUR, que tuvo lugar los días 19, 20 y 21 de mayo en nuestra Facultad.
Como en las ediciones pasadas, la ocasión sirvió para fortalecer la labor profesional de los defensores oficiales y reflexionar acerca de tan crucial tarea para la vida democrática. Entre las innumerables adhesiones que tuvo el Congreso, estuvo la de nuestra Facultad de Derecho y también el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).
En una breve introducción, la Defensora General de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez reivindicó el fluido intercambio que existe entre los distintos funcionarios de Latinoamérica, comparando esta situación con la de Europa, donde no existe la institución de la defensa pública. Y así como sostuvo que la actividad desempeñada por los defensores oficiales resulta de suma importancia para una sociedad que pretende garantizar el acceso a la justicia a todos sus ciudadanos, reclamó por un futuro con una mayor independencia, autonomía y autarquía de las defensorías públicas.
La figura de esta apertura, una vez más, fue el Dr. Ricardo Lorenzetti, quien disertó sobre “El futuro de la Justicia” y volvió a hacer algunas declaraciones resonantes en torno a la actividad actual de los jueces y su rol en esta eterna postmodernidad.
En primer lugar, el magistrado agradeció la invitación y afirmó que los defensores deben enorgullecerse por ser factores de cohesión social en sociedades donde la fractura parece ser la regla. Ante todo, aclaró que su idea no era hacer un pronóstico de la justicia, dado que, según sus propias palabras, “asistimos a una era donde se ha llegado a la conclusión de que la cantidad de variables que influyen en los eventos son tan complejas, e interactúan de un modo tan elaborado y tan sofisticado, que es muy difícil hacer pronósticos”.
Sin embargo, Lorenzetti se propuso reflexionar acerca de una afirmación osada que se viene propagando fuertemente en el mundo y que dice que “este es el siglo de los jueces”. “Esta frase tiene una explicación”, anticipó modestamente nuestro invitado. Por un lado, cada día aparecen más conflictos y los mecanismos por los cuales los ciudadanos resolvían habitualmente sus conflictos de modo amigable están en crisis. El modo tradicional de resolución de conflictos a través del dictado de normas generales por los parlamentos, también está en crisis, sostuvo nuestro juez, argumentando que los parlamentos actuales ya no resuelven los problemas, más bien los exponen. “Si ustedes examinan las leyes actuales, en todo el mundo, hemos pasado de una lógica jurídica deóntica clásica, como era la descripción de reglas precisas: de una ley que decía “este es el supuesto de hecho y esta es la solución”, a toda una categoría nueva de conceptos jurídicos indeterminados” -describió Lorenzetti.
Esta abstracción de las leyes es la que incrementa la actividad de los magistrados que terminan siendo quienes aplican dichos principios generales a soluciones particulares. “Hoy estamos ante Poderes Judiciales que resuelven elecciones de presidentes; que tienen que intervenir en el calentamiento global; que tienen que resolver cuestiones relativas a la discriminación en las relaciones de familia; en la ausencia de prestaciones de salud, vivienda, alimentación; Poderes Judiciales que tienen que tratar la situación de los presos en las cárceles, políticas públicas, etc.” -enumeraba Lorenzetti.
En ese sentido, el Presidente de la Corte afirmó que la mayor participación de los jueces en la vida pública es un hecho y que por lo visto presupondrá el devenir de una era complicada. La pregunta que sigue entonces es: ¿qué debemos hacer con esta realidad? Lo primero, para Lorenzetti, es que la comunidad entienda que no se debe confundir el valor justicia con el Poder Judicial. “Es muy importante que tengamos una idea clara de que el Poder Judicial puede hacer mucho, pero que las políticas públicas le corresponden a los otros poderes y las grandes decisiones sociales le corresponden al pueblo”, puso en claro el magistrado. Así expuso su idea de procedimentalismo, donde los jueces deben escapar a la tentación de decidir sobre todo y contribuir al fortalecimiento de los mecanismos que permiten una mayor participación y deliberación de la población.
La segunda apreciación hecha por nuestro magistrado es que los jueces deben, ahora sí, intervenir activamente cuando se trata de proteger derechos individuales fundamentales. Y es ahí donde la función del Poder Judicial y de la defensa pública se vuelven imprescindibles. Pero además, Lorenzetti sostuvo que “esta idea de derechos fundamentales de contenido mínimo también debe ser regional”, para evitar que las empresas se desplacen fácilmente a sitios donde no tienen que asumir los costos que implica el cumplimiento de esos derechos.
Luego de su extensa exposición, el juez de la Corte concluyó en que estas horas exigen mostrar una función judicial unida y que debe ser tarea primordial de todos los funcionarios públicos el “tratar de convencer a toda la comunidad, de que el derecho es un sistema, hasta ahora, defectuoso, pero que es el único y el mejor que tenemos para regular la convivencia humana”.
Por su parte, el Vicedecano Dr. Tulio Ortiz, expresó en nombre propio y del Dr. Atilio Alterini el apoyo que se le ha prestado al evento organizado dada la relevancia de la temática fundamental a tratar que hace a la defensa de la justicia y de los derechos humanos. Además, enfatizó el hecho de la alta convocatoria lograda manifestada en la presencia de numerosísimos magistrados, funcionarios, profesores y aún representantes de países extranjeros acorde con la invitación que llegó a allende nuestras fronteras. Por consiguiente auguró un marcado éxito para este IV encuentro de Defensorías Oficiales, que quedaba inaugurado.
En el acto de cierre del Congreso nuestra Facultad contó con la honorable visita del Dr. Florentín Meléndez, Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien dictó una conferencia magistral de clausura, acerca de “La protección de las personas privadas de libertad en el sistema interamericano de derechos humanos”.
Meléndez comenzó intentando persuadir a los defensores presentes sobre la importancia que actualmente reviste conocer la normativa y la jurisprudencia internacional de los derechos humanos y su aplicación en el derecho interno. Pero sobre todo los alertó sobre la necesidad de que todos los funcionarios de la justicia tomen permanente contacto con la realidad cotidiana en la que viven.
“Hoy el concepto de persona privada de libertad que maneja la Comisión de Derechos Humanos es mucho más amplio que aquel que se reduce al ámbito de las prisiones”, explicó el representante interamericano, diciendo que las preocupaciones se extienden actualmente no sólo a las personas que cometen delitos, sino también a los internados psiquiátricos, a los abandonados, a los huérfanos y desamparados.
En primer lugar, Meléndez se refirió a la normativa interamericana implicada en el tema. Ya desde 1948, con la creación de la OEA, comienza a evolucionar el sistema de norma. Es entre 1969, con la adopción de la Convención Americana de Derechos Humanos, y el año 2000, con la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación de las Personas con Discapacidad, que se extiende toda la normativa a considerar. Dentro de esa franja, encontramos la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, luego la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas, y también aparece el Protocolo Facultativo a la Convención Americana relativo a la Abolición de la Pena de Muerte. En estos tratados se protegen las garantías del debido proceso, pero también se reconocen derechos fundamentales que los Estados deben garantizar a las personas privadas de libertad: el derecho a la vida, a la integridad física, a la dignidad humana, a la readaptación. A este “núcleo duro”, se suman el Protocolo de San Salvador en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención de Protección a la Mujer contra toda Forma de Violencia, que incorporan derechos importantes a las personas privadas de la libertad (derecho a la salud, a la no discriminación, etc.). Actualmente, Meléndez se encuentra promoviendo desde su relatoría la adopción en el marco de la OEA de un instrumento único y una declaración preliminar que reúna todos estos derechos.
“Lamentablemente, después de 50 años de existencia de la OEA la mayoría de los países miembros se han comportado de manera poco coherente”, criticó este distinguido invitado, aduciendo que sólo cinco países han ratificado hasta ahora todos los tratados existentes. Nuestro país ha ratificado 6 de los 7 tratados, mientras que Estados Unidos, Canadá y algunas islas del Caribe no han ratificado ninguno. “Esto dice mucho de la falta de voluntad política y de la incoherencia entre el discurso y la práctica” -se quejó una y otra vez Meléndez por la lentitud y la falta de interés de los Estados a la hora de sumar compromisos.
A continuación, nuestro invitado se refirió a la tradición jurisprudencial interamericana en la materia y a su sistema de casos. Allí aparecen las recomendaciones vinculantes emanadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tienen “carácter imperativo”. En ese sentido, Meléndez criticó fuertemente por obrar de mala fe a los gobiernos que rechazan la imperatividad de las recomendaciones. El incumplimiento de estas recomendaciones conduce a la Corte Interamericana de Justicia, que también otorga medidas provisionales urgentes, permitiendo legitimidad activa a los mismos sujetos afectados. Citó en ese sentido fallos como “Caesar”, “Tibi”, “Bulacio”, “Neira Alegría”, “Teresa De La Cruz Flores”, “Castillo Petruzzi”, “Fermín Ramírez”, entre otros, referidos a trato inhumano, condiciones de detención, al uso de la fuerza en las prisiones, trato psicológico, hacinamiento, etc.
En cuanto al trabajo de las relatorías, finalmente el Presidente de la CIDH dio parte de las últimas investigaciones in loco -en el lugar- llevadas a cabo en las estructuras carcelarias de varios países, y así, señaló que en la web, www.cidh.org, pueden consultarse los últimos informes de los relatores.