II Jornadas Nacionales “Discapacidad y Derechos”
Leandro Despouy y el director del Programa “Universidad y Discapacidad”, Juan Antonio Seda.
Leandro Despouy y el director del Programa “Universidad y Discapacidad”, Juan Antonio Seda.
II Jornadas Nacionales “Discapacidad y Derechos”
II Jornadas Nacionales “Discapacidad y Derechos”
II Jornadas Nacionales “Discapacidad y Derechos”
II Jornadas Nacionales “Discapacidad y Derechos”
II Jornadas Nacionales “Discapacidad y Derechos”
II Jornadas Nacionales “Discapacidad y Derechos”
El Programa “Universidad y Discapacidad” y el Seminario “Discapacidad y Derechos” llevaron a cabo durante los días 29 y 30 de mayo las II Jornadas Nacionales “Discapacidad y Derechos” que abordaron principalmente la relación entre discapacidad y derechos humanos, políticas públicas y derecho a la salud.
En primer lugar, el profesor Juan Antonio Seda,coordinador del Programa “Universidad y Discapacidad”, recalcó que la jornada se trató de un esfuerzo compartido y subrayó que se realizaron en homenaje a Carlos Eroles, Pablo Rosales y Elena Cunningham. “La Universidad todavía está muy lejos de ser accesible, pero avanzamos hacia allí. Esto no significa que el estudiante no deba poner de sí mismo”, remarcó.
Durante la presentación, el Secretario General de la UBA, Juan Pablo Mas Velez, manifestó que la Universidad está en condiciones de afrontar el desafío de construir un programa que procure la igualdad asumiendo el respeto de las particularidades de cada uno de nosotros. “Una Universidad que se piensa a sí misma desde el punto de vista de los grandes números y la masividad debe asumir el desafío de entender que en lo magnífico de los números (…) hay un conjunto de individualidades, pero sobre todo, individualidades”, afirmó. Otra cuestión que destacó el orador fueron las misiones y funciones a atender: enseñar, investigar y devolverle a la comunidad lo que nos otorga de múltiples maneras, a través de la acción concreta que se desarrolla como Universidad y universitarios. “Creo que en todas estas charlas deberíamos asumir la obligación de hacer una reflexión crítica y, muy probablemente, no solo conseguiríamos proponerles a los que esperan de nosotros un consejo idóneo, sino que potenciaríamos la capacidad de tener recursos humanos formados con conocimiento de la problemática a tratar”, puntualizó.
También en el marco de la presentación, la diputada Gabriela Troiano consideró que esta labor que implica trabajar la inclusión de las personas con discapacidad en la educación es un aspecto muy importante establecido dentro de la Convención Internacional para las personas con discapacidad y viene a garantizar un artículo que tiene que ver con la necesidad de las personas con discapacidad de llevar una vida independiente. “El gran desafío de este siglo es la inclusión de todas las personas con discapacidad que muchas veces fueron marginadas”, subrayó.
El primer módulo “Discapacidad y Derechos” contó con las exposiciones de Elizabeth Aimar, fundadora de la Red de Asistencia Legal y Social (RALS) y Leandro Despouy, Presidente de la Auditoría General de la Nación.
En primer lugar, Leandro Despouy expresó que en el año 1985 el mundo decidió abordar la problemática de la discapacidad en los organismos de Derechos Humanos. “Hubo un debate interesante que sobre todo reflejaba la ignorancia del mundo con respecto al tema de la discapacidad. No teníamos instrumentos internacionales, no había convenciones sobre la problemática de la discapacidad”, evocó. Así, relató que su primer desafío como relator especial de las Naciones Unidas fue tratar de establecer ante el mundo la relación entre la discapacidad y los Derechos Humanos. “No solamente lo desconocían, sino que hasta existían normas de Derecho que agravaban la situación, que discriminaban a las personas con discapacidad. Había normas que eran contra sus derechos y no a favor de ellos, por eso había que despertar la conciencia de que lo que tenía que hacer la sociedad era establecer normas a favor de su desempeño”, resaltó. El problema, en este sentido, eran los prejuicios y las mutilaciones y castigos que se daban en algunas sociedades. De esta manera, manifestó que el Estado debe llevar adelante normas específicas e implementar políticas públicas, las cuales tienen una doble dirección: favorecer la inserción de las personas para que puedan ejercer los derechos en una situación de igualdad y evitar la discriminación. “Hay que comprender y tomar conciencia de que las personas con discapacidad, además de tener que enfrentar muchas veces dificultades propias, se encuentran con una actitud hostil de la propia sociedad que le agrega la dificultad terrible de la discriminación y de los prejuicios”, reseñó. Además, consideró fundacional un informe de la ONU, concluido en el año 1993, el cual aún sigue vigente. “Este informe tan antiguo y tan fundacional sigue teniendo vigencia”, resaltó.
Posteriormente, explicó la relación entre la Auditoría General de la Nación y las cuestiones de la discapacidad. En relación al transporte, históricamente la Auditoría General de la Nación auditaba sólo el cumplimiento de las obligaciones contractuales y de seguridad, pero no la accesibilidad. Actualmente, en cada informe que se realiza se introduce el cumplimiento de la accesibilidad. Otra dificultad mencionada por Despouy es el gran incumplimiento de la normativa. Para finalizar, subrayó que la lucha persistente por parte de las personas que sufren discapacidad ha logrado que haya una toma de conciencia cada vez mayor.
A su turno, Elizabeth Aimar hizo referencia a un estudio que realizó, mediante el cual pudo reconocer que el hito más importante en la vida de una persona con discapacidad y su familia, la certificación de la discapacidad, pasaba a ser un trámite en el cual alguien podía tomarse cinco minutos en contar el abanico de derechos que se abría, ya que ya en el año 1998 había un montón de derechos. “La investigación mostró que había muchas normas y poco cumplimiento. Había muy poco conocimiento, y cuando se conocía no había posibilidad de que las personas aprendieran, de que tomaran este derecho como propio y lo pudieran exigir”, recalcó. De este modo, se interrogó cómo hacer para que la gente empiece a conocer el derecho de las personas con discapacidad y, así, en el año 1999 se escribió una carta al Departamento de Posgrado y se le pidió la autorización para dar un curso de discapacidad llamado “Discapacidad, Aspectos Legales y Sociales”.
Seguidamente, indicó que el estudio de Derecho Comparado que realizó ha quedado en desuso, debido a la Convención en materia de Derechos Humanos. “Lejos de ser un texto blando, aparece como un texto con una rigidez en cuanto a la obligatoriedad de que el Estado deba ser garante”, enfatizó. Identificó al Estado como garante de hacer cumplir las disposiciones de la Convención, modificar las normas que estén en contra de la Convención y de generar normas nuevas o modificaciones de las existentes que tiendan a armonizar en un todo la Convención. Por otra parte, examinó que en cuanto al Derecho a la Educación de personas con discapacidad se deben tener en cuenta tres cuestiones: ingreso, permanencia y egreso. “Tengo que garantizar el ingreso con requisitos mínimos, pero también la permanencia y para eso tengo que capacitar al cuerpo docente, y también debo garantizar la salida laboral. Sin centros de atención y capacitación al equipo docente y alumnado, la deserción se produce de manera inevitable en los primeros dos años”, concluyó Aimar.
El 30 de mayo tuvo lugar el módulo “Discapacidad y políticas públicas”, en el marco del cual expusieron Sandra Katz, Coordinadora de la Comisión Universitaria sobre Discapacidad de la UNLP y de la Red Universitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y DDHH; Matías Alonso, Presidente de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) y María José Lubertino, Titular del Observatorio de la Discapacidad de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS). A continuación, se desarrolló el módulo “Discapacidad y derecho a la salud”, durante el cual disertaron Viviana Bonpland, Directora General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud de la Nación y María Inés Bianco, Abogada especializada en Discapacidad, asesora de ONG.
“Hay que comprender y tomar conciencia que las personas con discapacidad, además de tener que enfrentar muchas veces dificultades propias, se encuentran con una actitud hostil de la propia sociedad que le agrega la dificultad terrible de la discriminación y de los prejuicios”, reseñó el Presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy.