Escuela de Litigación (experiencias teórico-prácticas)
Virginia Badino Varela, Osvaldo A. Gozaíni y Cuauhtémoc H. Contreras Lamadrid
Virginia Badino Varela, Osvaldo A. Gozaíni y Cuauhtémoc H. Contreras Lamadrid
Hugo Carrasco Soulé, Paula Porzio, Virginia Badino Varela, Lorena Wutzke y Oscar M. Zoppi
Hugo Carrasco Soulé, Paula Porzio, Virginia Badino Varela, Lorena Wutzke y Oscar M. Zoppi
En el marco de las III Jornadas de Cooperación e Intercambio entre la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional Autónoma de México, tuvo lugar el pasado 23 de abril esta actividad donde se compartieron experiencias teórico-prácticas en litigación.
Durante la inauguración, el director del Departamento de Derecho Procesal, Osvaldo Alfredo Gozaíni, destacó que hace muchos años existe una intensa vinculación con México, a través de las distintas universidades, pero con la UNAM había un particular interés para conseguir esta relación entre las dos universidades. Por otra parte, mencionó cómo se originó el proyecto para tener una interacción más permanente, con un programa donde pudieran colaborar ambas facultades y en particular las áreas donde existe más vinculación, como el derecho procesal. “Surgieron distintos elementos de un convenio que no fue necesario firmar porque hacía muchos años que estaba firmado entre la UNAM y la UBA”, recordó. Lo que se decidió fue establecer áreas nuevas de vinculación, proponiendo analizar cómo es la enseñanza de la práctica profesional en México y en Argentina. Luego, Virginia Badino Varela, directora del Departamento de Práctica Profesional, sostuvo que a partir de esta jornada se van a obtener buenos resultados. “El ciclo práctico nuestro es un desafío y un despertar a los estudiantes al derecho vivo. Representa una función no solo docente, sino también una función social de garantizar el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables”, describió.
Cuauhtémoc H. Contreras Lamadrid (UNAM) entendió que la problemática se vincula con cómo aterrizar todo lo que se aprende a lo largo de la carrera. Las materias se han desarrollado de manera sistemática siguiendo las escuelas procesalistas y en la Facultad de Derecho las clases prácticas se daban pero era un tema “bastante frío”. Luego, se refirió al laboratorio de enseñanza práctica. “Esto representa una ventaja para los alumnos. En la Facultad tenemos el concepto de que nosotros estamos para la universidad y la universidad son los alumnos”, expresó.
Luego, se dio paso a la primera mesa redonda que versó sobre “La situación de posible conflicto entre la función docente y la social” y en cuyo marco ofició como secretaria Lorena Wutzke. En primer lugar, el secretario de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, Oscar Zoppi, se refirió a la experiencia del patrocinio jurídico, que básicamente surge como una iniciativa de estudiantes en 1919, siendo este su primer antecedente en el ámbito de la Facultad, propuesta desde el Centro de Estudiantes. “Era una iniciativa del Centro, preocupado por el comentario que se hacía en la mayoría de las aulas. Los estudiantes pretendían tener una formación práctica”, evocó. Esta iniciativa, que había tenido mucho éxito, comienza a desarrollarse institucionalmente en 1922, año en que se aprobó, pero recién se puso en práctica en 1924. “Estos desafíos que tenían los estudiantes de esa época, hoy en día se siguen escuchando (…) La Facultad de Derecho lo viene organizando desde hace años, básicamente como una función con un doble contenido: poder trasladar los conocimientos teóricos en la enseñanza práctica pero también en el cumplimiento de una función esencial de la UBA que es la relación con la comunidad”, explicó. No obstante, entendió que hay muchos desafíos y cuestiones que requieren respuesta desde el punto de vista de la manera en que los estudiantes plantean y viven las distintas facetas de su formación.
Seguidamente, Paula Porzio compartió su experiencia en la docencia. “La evolución personal me ha permitido estar en el área de la resolución alternativa de conflictos, que da una visión bastante más amplia de lo que es en sí la conflictiva humana”, aseveró. En este sentido, consideró que el litigio es un aspecto de la conflictiva, pero también está la posibilidad de resolverlo de otra manera. Asimismo, destacó la productividad de este tipo de jornadas, las cuales son fuente de ideas, consenso y disenso. “Esto no es conflictivo, todo lo contrario, siempre genera la posibilidad de crecer”, afirmó. También resaltó que la orientación que tiene la práctica profesional hoy en día es múltiple y tiene la idea de permitirles a los alumnos enfocarse no solamente en el aspecto litigioso, sino que también está el Centro de Mediación donde los alumnos pueden ver la práctica desde otra disciplina y otras técnicas.
Luego, Hugo Carrasco Soulé (UNAM) explicó que la Facultad de Derecho de la UNAM hace mucho tiempo tiene un bufete jurídico gratuito, donde las personas de escasos recursos llegan para solicitar la asesoría, que es el equivalente a la escuela de litigación. “Sin embargo, el bufete jurídico gratuito está manejado por abogados con cédula profesional y el servicio social habilitado es para algunos alumnos que están en los últimos tramos de la carrera”, consideró. “El servicio social se ha desvirtuado en la Facultad de Derecho porque muchas veces se presta en instituciones públicas donde el alumno no tiene una dinámica de aprendizaje profesional”, advirtió. Por otro lado, evocó que el laboratorio comienza en el 2004 bajo un programa de mejoramiento de la enseñanza. Además, manifestó que él no aprendió procesal en las aulas, sino que aprendió litigando, la manera más difícil de aprender.
Las siguientes mesas trataron: “Experiencias en la enseñanza de la litigación”, “Rol del alumno en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje” y “Técnicas de respuesta al conflicto con el cliente, y en el proceso”.
Para cerrar las jornadas, se hizo presente la secretaria académica, Silvia Nonna.
“El ciclo práctico nuestro es un desafío y un despertar a los estudiantes al derecho vivo. Representa una función no solo docente, sino también una función social de garantizar el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables”, describió Virginia Badino Varela.