Encuentro Internacional sobre Violencia de Género - Taller: acceso a la Justicia y Defensa Pública
Hilda Kogan, Patricia Azzi, Stella Maris Martínez y Catharine MacKinnon
Hilda Kogan, Patricia Azzi, Stella Maris Martínez y Catharine MacKinnon
Stella Maris Martínez y Griselda Rosa de las Mercedes Tessio
Stella Maris Martínez y Griselda Rosa de las Mercedes Tessio
Susana Medina de Rizzo y Mónica Pinto
Susana Medina de Rizzo y Mónica Pinto
Catharine MacKinnon
Catharine MacKinnon
Durante los días 10 y 11 de junio se llevó a cabo el “Encuentro Internacional sobre violencia de género. Taller: acceso a la justicia y defensa pública”. En el acto de apertura, realizado en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho, hicieron uso de la palabra la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, la Vicegobernadora de la Provincia de Santa Fe, Griselda Rosa de las Mercedes Tessio, la Gerente del Programa UNIFEM, Oficina sub-regional para Brasil y los paises del Cono Sur, Júnia Puglia, la Directora del Programa Apoyo al diálogo sobre políticas entre la Argentina y la Unión Europea, Marina Pecar que asistió en representación de Julia Levi (Embajadora, Directora General de Cooperación Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), la especialista en protección, UNICEF de Argentina, Gimol Pinto, y la Vicepresidenta Primera y Asesora Letrada del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Laura Calógero.
En primer término, Gimol Pinto resaltó que para encontrar formas de erradicar y prevenir la violencia contra los niños se debe atender a la violencia de género, considerando que este tipo de violencia es la raíz de todas las demás. “En un futuro cercano, no debe ser justificable ni soportable de ninguna forma la violencia contra las mujeres”, concluyó.
Seguidamente, Júnia Puglia indicó que “este año es clave para reflexionar acerca del momento donde nos encontramos las mujeres en el camino de la igualdad, al desarrollo y la paz, y una vida libre de violencia”. En tal sentido, consideró que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación y la violación a los Derechos Humanos más frecuente, visible e impune a nivel mundial. “La violencia dificulta la realización y productividad de las mujeres, afecta su salud, su educación y seguridad”, expresó. También remarcó la ley 26.485 de protección integral, que se armoniza con los standares internacionales y la experiencia innovadora de la Oficina de violencia doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la apertura de nuevas oficinas a nivel provincial.
Por su parte, Griselda Rosa de las Mercedes Tessio indicó que “a lo largo de la historia, las mujeres nos hemos movido entre la conformidad, la aceptación del statu quo y la rebelión”. Observó que el pensamiento es peligroso para el poder, y que la reflexión y el conocimiento hacen libres a hombres y mujeres. A su vez, opinó que el tema de las mujeres está atravesado por la cuestión de las clases sociales, no pudiendo separar un tema del otro. Finalmente, aludió a las palabras de los ideólogos del siglo XIX, señalando que “mientras haya una sola mujer en el mundo amordazada, enmudecida, discriminada, todas seremos amordazadas, enmudecidas y discriminadas”.
A su turno, Marina Pecar hizo mención a que el Programa “Apoyo al diálogo sobre políticas” fue concebido como un instrumento de cooperación con la idea de profundizar y mejorar diálogos en temas de interés común entre la Argentina y la Unión Europea. Además, postuló que los Derechos Humanos y el género son de gran importancia para la cancillería con el fin de fortalecer las capacidades de instituciones mediante este intercambio, con expertas de otros países que atraviesan problemáticas similares.
Posteriormente, Laura Calógero se refirió al mandato constitucional, el cual establece que todos somos iguales ante la ley y el único requisito para acceder a cualquier puesto es la idoneidad. Sin embargo, criticó que las mujeres deben probar día tras día su capacidad de trabajo y para avanzar en el desarrollo social requieren de un gran esfuerzo. Por último, estimó necesario realizar una reflexión que permita una verdadera inserción de la mujer en el proceso socio-económico de cualquier Nación desde punto de vista político, económico y social.
La última en tomar la palabra fue Stella Maris Martínez, quien aseveró que los hombres y las mujeres deben trabajar juntos para destruir estereotipos, en paridad de condiciones y aportando cada uno lo que tiene de valioso. Afirmó entonces que para que la sociedad sea justa y que las mujeres tengan la participación que les corresponde, la otra parte tiene que ceder el poder que hasta este momento acumuló y no quiso distribuir de manera participativa. En virtud de ello, explicó que las mujeres fueron relegadas a lugares oscuros y secundarios, y la violencia de género es un gravísimo problema en Argentina, Latinoamérica y en todas las sociedades del mundo.
A continuación, tuvo lugar la conferencia “Trata, prostitución e inequidad en perspectiva internacional”, a cargo de Catharine MacKinnon (Profesora de Derecho, Universidad de Michigan y Universidad de Harvard, Asesora especial en cuestiones de género para el Fiscal de la Corte Penal Internacional). La coordinadora fue Hilda Kogan (Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires) y la relatora, Patricia Azzi (Defensora Oficial del Ministerio Público de la Defensa).
Para comenzar, Catharine MacKinnon situó a la prostitución en un contexto de violencia contra las mujeres tomando a la trata de personas, por un lado, y a la inequidad, por el otro. En la disputa entre la prostitución y la ley, subrayó cinco posiciones: distinguió a la prostitución infantil de la adulta, la que se realiza a puertas cerradas de la que se realiza en público, la prostitución legal de la ilegal, la voluntaria contra la forzosa, y también separó la prostitución de la trata de personas. Advirtió entonces que los méritos para efectuar estas distinciones son ideológicos. En este orden de ideas, diferenció dos enfoques legales: el que postula la despenalización y una regulación para que la prostitución quede completamente legitimada, que rige en Países Bajos, Alemania, Nueva Zelanda y Australia. En contraposición, presentó la postura de la explotación sexual, la cual busca abolir la prostitución, la criminalización de la actividad y hacer cumplir la prohibición de la prostitución, encontrándose en Suecia, Islandia, Noruega, Corea del Norte y con algunos cambios en Reino Unido. De tal modo, aclaró que cada posición debe ser medida teniendo en cuenta las condiciones en las que ingresan las personas a la prostitución y la realidad de cómo se las trata.
Explicó entonces que en todas partes del mundo las personas prostituidas son extremadamente pobres y el medio económico es la razón más frecuente por la que se encuentran en el comercio sexual. “Nadie elige nacer en la pobreza, ni permanecer en la prostitución para continuar pobre; nadie elige a que grupo racial pertenecer”, manifestó. Teniendo en cuenta las estadísticas, sostuvo que los hombres generan que esta industria exista, agregando que las investigaciones demuestran que muchos de ellos son agresivos y ponen en riesgo la salud de la mujer y su seguridad. Precisó, además que las prostitutas son el grupo de mujeres que recibe más violencia en el mundo y “no están trabajando sino que están siendo explotadas sexualmente”.
Por último, estimó necesario que para promover la equidad y los Derecho Humanos de las personas prostituidas se debe despenalizar y apoyar a las personas prostituidas, y penalizar tanto a los que utilizan estos servicios como a las terceras partes especuladoras. “Las mujeres prostituidas pueden imaginar un mundo donde no tengas las opciones limitadas y una vida con esperanza, dignidad, tener un trabajo y un amor real”, finalizó.
El primer panel sobre “Discriminación, género y violencia” a cargo de las Dras. Mónica Pinto (“De los derechos humanos, del género y de la violencia”), Diana Maffía (“Violencia y lenguaje: de la palabra del amo a la toma de la palabra”) y Adela Asúa Batarrita (“Violencia de género y violencia sexual: desconcierto en los discursos de la jurisprudencia penal”).
La Dra. Mónica Pinto comentó que realizar un análisis desde la óptica de los derechos humanos “plantea básicamente considerar que hay un cambio en el tratamiento de las normas que tienen que ver con la consideración que el poder público, el Estado, de a sus nacionales”. Asimismo, explicó que la Carta de las Naciones Unidas repite la fórmula consagrando el respeto y el desarrollo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de sexo, raza, idioma o religión. En relación a este punto, indicó que de las cuatro causales que invoca la Carta, el sexo es la única que tiene tratamiento explicito en “una norma que dice que no habrá diferencia entre hombres y mujeres, en punto al ejercicio de cargos al interior de la ONU”.
Finalmente, aclaró que tanto la Convención de la CEDAW -único texto normativo genérico- y la Convención Interamericana de Belem do Para -sobre violencia contra la mujer- “han podido ser armónicamente interpretadas para trabajar juntas sobre el mismo objetivo”.
Acto seguido, la Dra. Diana Maffía remarcó que el género se construye con el lenguaje, “cuando asignamos identidades y, sobretodo, ponemos jerarquía en esas identidades; cuando no las incluimos o no las reconocemos en un plural que nos integre; cuando las consideramos anormales o abyectas, de acuerdo con una norma que se pretende natural y es profundamente ideológica”.
En cuanto al debate sobre el matrimonio homosexual, señaló que presenta dos batallas simultáneas: por los derechos y los significados, donde cada parte defiende sus ideas, además “se construyen trincheras alrededor de una palabra, que pretende ser un sacramento y no un contrato, sólo cuando en el debate democrático el contrato se niega a reconocer los límites dogmáticos del sacramento”.
Por su parte, declaró que el concepto legal de infidelidad incide en la justificación de la violencia, ya que la infidelidad no era una traición al otro miembro de la pareja sino “una traición a la función diferencial que varones y mujeres tenían dentro del matrimonio, y que estaba fijada por el código; en las mujeres, mantener la legitimidad de la progenie, que se ponía en riesgo con una relación sexual fuera de la pareja; en los varones, sostener económicamente el hogar”.
En último lugar, la Dra. Adela Asúa Batarrita expresó que la reforma de los años `90 en la Ley Española sobre delitos contra la libertad sexual, “respondió a una necesidad de actualización de los nombres y de exclusión y abandono, por fin, de un anacronismo de lo que era la protección de un orden sexual con denotaciones religiosas”.
A su vez, hizo referencia a que la Ley de violencia de género, del año 2004, introdujo en el ordenamiento español una definición expresa de lo que se denomina expresamente a la violencia de género.
En tal sentido, aseguró que desde 1999, cuando se reforma el tipo de violencia de género, se introduce la violencia psicológica, “se produce un cambio importante en la jurisprudencia porque se puede constatar que, respecto a los tipos de violencia de género, se encuentra otra música en la explicación de lo que es la violencia doméstica”.
Para concluir, dijo que el derecho penal “no puede hacer gran cosa, debe acompañar al discurso y debe, por eso, exigírsele que el discurso sea acorde con los tiempos y con lo que entendemos con la interpretación de los significados de los abusos”.
La jornada continuó con las disertaciones de las Dras. Saskia Sassen, María Luisa Femenías, Soledad García Muñoz, Haydée Birgin, Marcela Rodríguez, Patricia Laurenzo Copello, Eva Giberti, Carmen Argibay, Mariana Romero, Daphne Gilbert, Silvia Chejter, Liliana Tojo, María Luisa Maqueda Abreu, Vivien Stern, María Sonderéguer, Valeria Barbuto, Stella Maris Martínez, Dorchen Leidholdt, Francesca Filippi, Analía Monferrer, Diana Conti, Fernanda Gil Lozano, María Luisa Storani, María Elena Barbagelata, Alda Facio, Elena Highton de Nolasco, Nilda Garré, Mónica Pinto, Magdalena Faillache.