El aporte de la Universidad a los juicios de lesa humanidad, a 45 años del golpe de Estado
El aporte de la Universidad a los juicios de lesa humanidad, a 45 años del golpe de Estado
El Programa Justicia y Memoria, la Dirección de Asuntos Estudiantiles y la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil llevaron adelante el encuentro “El aporte de la Universidad a los juicios de lesa humanidad, a 45 años del golpe de Estado” el pasado 25 de marzo.
La actividad contó con la participación de Daniel Feierstein, Fabiana Rousseaux y Gabriel Ignacio Anitua. Coordinó Malena Silveyra.
“Este año además de los 45 años del golpe de Estado, se cumplen 15 años del reinicio de las causas. Después de un largo período de impunidad, en 2006 comenzaron las dos primeras causas que tendrían sentencias en los tribunales orales y, entonces, el doblete de aniversario nos daba como excusa para pensar la articulación de estos dos procesos”, introdujo Malena Silveyra.
Luego tomó la palabra Daniel Feierstein. “La articulación de la universidad tuvo dos momentos históricos distintos en lo que implicó la articulación con la posibilidad de juzgamiento de los genocidas en una instancia de impunidad y la articulación con ese proceso de juzgamiento a partir de la reapertura”, explicó y detalló: “Hubo una instancia muy temprana con la apertura del juicio a las Juntas que toma de sorpresa a una universidad que venía de la experiencia del gobierno militar y que, por lo tanto, no tiene un rol especialmente significativo en cuanto institución, pero lo que después sí vamos a tener es la posibilidad de articulación del campo universitario en todo lo que fue esa lucha por la impunidad”.
Luego, indicó que es posible pensar la articulación de la universidad en los juicios en tres tipos de acciones distintas. “Esos tres niveles tienen que ver, por un lado, con este que mencionaba de la capacidad universitaria en tanto producción de información y saber técnico al servicio del proceso de juzgamiento. Quizás es lo que más se reivindica y lo que más aparece, pero de ninguna manera es lo único”, señaló.
Con relación al segundo nivel, desarrolló: “Tuvo que ver con la capacidad de la institución universitaria no solo en la producción de información técnica, de peritaje y aporte conceptual, sino que esa producción se llevara a cabo como parte de una producción colectiva con el conjunto de los movimientos sociales (las organizaciones de derechos humanos y los sobrevivientes) y esto tuvo que ver en nuestro caso específico con el modo de articulación, que implica puntos de articulación, pero también puntos de conflicto con la primera visión porque la lógica era la universidad llega como un saber neutral técnico ajeno o la universidad llega en una articulación con la querella o con la fiscalía como parte de un colectivo social. Esto es: ¿Cuál es la ubicación del saber universitario?”.
En cuanto al tercer nivel, comentó: “Es la universidad como posibilidad de utilización del ámbito del juicio como instancia de aprendizaje (...). El objetivo es, por un lado, darle contenido social a los juicios. Esto es poder implicar a la población en la participación en el juicio y darle un contenido mucho más de instancia de disputa y de explicitación de una verdad colectiva”.
Por su parte, Fabiana Rousseaux comenzó diciendo:“El proceso de los juicios en Argentina por los delitos de lesa humanidad fue un acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia de nuestro país, pero también en la historia del juzgamiento de crímenes de lesa humanidad a nivel mundial. Eso se reflejó de una manera muy contundente en los juicios a lo largo de estos años cuando nos encontrábamos en las audiencias permanentemente con investigadores de todo el mundo que venían a ver de qué se trataba este trabajo”.
Asimismo, recordó que “no se crearon tribunales especiales, sino que se juzgó con la justicia ordinaria y esto nos puso de lleno en un territorio de trabajo muy complejo que implicó e implica muchas articulaciones muy difíciles porque hablamos idiomas muy distintos”. Y contó que como parte de la función que ejercía desde el año 2005, trabajó desde el Ministerio de Justicia psicóloga y psicoanalista en la creación de un programa que se llamó en un principio “Programa de las consecuencias actuales del terrorismo de Estado en la salud mental”. En este marco, especificó que para poder instaurar estos programas desde un ministerio de justicia y que tuviera un efecto reparatorio en la medida en que el Estado asume la complejidad y la seriedad de lo que implicaba disponerse a escuchar desde el Estado a las víctimas del Estado se necesitaba que los profesionales asumieran que sus matrículas eran matrículas de las universidades de este país, es decir, había un compromiso en juego para que se pudiera tejer una red de trabajo que habilitara una escucha desde un lugar de responsabilidad y desde una ética de la implicancia de parte de quienes escuchaban.
Por último, Gabriel Ignacio Anitua manifestó: “Las reflexiones nos llevan a pensar a los juicios como un acontecimiento que llama la atención de todos los cientistas sociales argentinos y del mundo. Lo que marca un hecho diferencial no porque hayamos sufrido más que otros países que padecieron totalitarismos o nazifacismos, sino justamente por esto de poder enjuiciarlos y con procedimientos no especiales”. Y remarcó que “el principal aporte de una universidad es el de hacer el esfuerzo por aprender de los acontecimientos sociales y particularmente en este caso de un acontecimiento jurídico”. En esta línea, aseveró: “Si la Facultad de Derecho no reflexiona sobre este acontecimiento único mundialmente, tan trascendente y que es esencialmente jurídico me parece que estamos en problemas. La Universidad y la Facultad de Derecho como parte de esa universidad y de la sociedad tiene esta obligación de aportar aprendiendo”.
Por otro lado, desarrolló: “La Facultad de Derecho se involucró mucho en el período de los primeros juicios y en torno a la Causa 13: un hecho crucial histórico y único en el mundo del que tenemos que seguir aprendiendo y en el cual la Facultad de Derecho se involucró mucho con actores específicos (...). En el ámbito de lo penal traduciendo artículos alemanes para dar cuenta de la teoría de la autoría por dominio del aparato de poder, que fue fundamental para este juicio y para los siguientes también. Se traducía y se discutía en seminarios en nuestra Facultad”.
Sin embargo, considero que la Facultad de Derecho tiene cierta deuda: “Ha hecho cosas, pero tal vez menos que otras facultades de derecho del interior que han dado hasta sus aulas para realizar esos juicios y han tenido un mayor contacto con las asociaciones de víctimas y querellantes que impulsaron estas causas (...). Tengo la sensación de que deberíamos haber aprendido más y seguir aprendiendo más”.