Conmemoración del 30º aniversario de la sentencia de la Cámara Federal en el Juicio a las Juntas
A 30 años de la sentencia de la Cámara Federal en el Juicio a las Juntas, el pasado 24 de noviembre en el Aula Magna la Facultad de Derecho rindió homenaje a los jueces, fiscales y a los miembros de la CONADEP. Tras la exposición de videos conmemorativos, fueron invitados al estrado los jueces integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal que juzgó a las Juntas Militares, León Carlos Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz; el Fiscal Adjunto durante el proceso judicial, Luis Moreno Ocampo; el Secretario del Tribunal, Juan Carlos López; las integrantes de la CONADEP, Magdalena Ruiz Guiñazú y Graciela Fernández Meijide. “Ellos son los homenajeados en este acto, así como los jueces Andrés José D’Alessio, Jorge Edwin Torlasco, el Fiscal Julio Strassera y Eduardo Rabossi, integrante de la CONADEP”, afirmó Jerónimo Carollo, coordinador del evento.
Para comenzar, Marcelo Alegre, Secretario de Investigación de la Facultad de Derecho de la UBA, expresó: “Al ver a quienes fueron durante ocho años los dueños de la vida y de la muerte sometidos a la justicia civil, y ponerse de pie cuando ingresaban los jueces a la sala, la sensación era de gran alegría. Recién comenzaba a educarme en una justificación no retribucionista de la pena”. De esta manera, Alegre señaló que esta reacción visceral, no teórica, se fue enriqueciendo con el tiempo y el desarrollo de su vida académica. “Años después comprendí, gracias a Carlos Nino, una de las muchas claves del juicio (…) El juicio, además de un ejercicio ejemplar e inédito de justicia transicional, fue una reforma institucional en sí mismo, ya que puso fin a la idea de una casta militar ubicada por encima de la ley”, enfatizó. Además, resaltó que el juicio es un gran orgullo para la UBA: “La mayoría de los jueces y fiscales del juicio fueron estudiantes, graduados o docentes de nuestra Facultad”. Así, esta Facultad siente la responsabilidad de mantener vivo el legado del juicio. Alegre también hizo referencia a que la Facultad acompaña decididamente la continuidad de los juicos, “por ejemplo, ofreciendo un seminario teórico-práctico sobre Justicia y Memoria que incluye la asistencia de los estudiantes a los juicios en trámite por delitos de lesa humanidad”, expresó. Asimismo, hizo referencia a la potencialidad del Juicio a las Juntas para iluminar e inspirar las políticas públicas que el país precisa. Hacia e final, resaltó la figura de Raúl Alfonsín. “Alfonsín lo arriesgó todo para que se hiciera justicia”, finalizó.
A su turno, Ricardo Lorenzetti, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, manifestó, con relación a los homenajeados: “La historia argentina está construida sobre la base de decisiones personales de gran coraje, y ellos lo tuvieron”. Respecto al proceso, indicó que se utilizaron los instrumentos que existían para los ciudadanos, se respetó el principio de igualdad ante la ley, se escucharon a los testigos, se investigó y hubo una sentencia memorable. “Eso no se hubiera podido hacer sin la contribución de otro sector muy importante que fue la sociedad civil y quienes integraron la CONADEP”. Consideró también que juzgar no era nada sencillo y se pensaba que todavía había mucho poder en quienes habían impulsado el terrorismo de Estado. “Todavía había temor, pero también había coraje, había decisión y había muchísimas personas unidas detrás de ese objetivo y lo lograron”, adicionó. Posteriormente, observó que “hoy ese proceso continúa. Es bueno decir que más allá de los jueces que individualmente celebra cada juez, cada tribunal, existe una política de Estado. Esa política de Estado no tiene marcha atrás, no hay retroceso en los juicios de lesa humanidad”. De esta manera, destacó que esto forma parte del contrato social de los argentinos, habiendo un amplio consenso trabajado a lo largo de muchísimos años.
Por último, la Decana Mónica Pinto aseveró que el restablecimiento democrático del 10 de diciembre de 1983 significó un cambio de criterio en muchas de las cuestiones de Estado. “Así se decidió, por ejemplo, en el contexto de la ley de defensa de la democracia, que el golpe de Estado y la participación en él constituyen delito. También se decidió que el pasado reciente requería una seria investigación, se habían cometido graves violaciones a los derechos humanos”, remarcó. Además, aseguró que el juicio y la sentencia tuvieron muchas funciones, más allá de aplicar el derecho y de hacer cargo a los procesados de los delitos que se comprobaron que habían cometido. “El juicio y la sentencia expresaron la existencia de un plan criminal de represión de la subversión, cuidadosamente concebido, planificado y controlado por las cabezas de cada de una las Fuerzas Armadas y de Seguridad”, describió. En este sentido, el juicio y la sentencia demostraron que el poder judicial independiente e imparcial puede valorar la prueba producida y deslindar responsabilidades individuales. “En esa medida, como señaló Ronald Dworkin, puede hacer justicia y no venganza”. En la misma línea, agregó: “El juicio y la sentencia construyeron verdad y memoria. Una verdad que surge del expediente, como todas las verdades judiciales, pero una verdad en cuya construcción intervienen todas las partes involucradas, incluso con sus silencios. Una memoria que permite honrar a las víctimas y ayuda a concientizar acerca de que a uno y otro lado del estrado del tribunal, había hombres, personas comunes dotadas de conocimientos específicos. Los unos actuaron con la convicción de una impunidad sempiterna. Los otros, haciéndose cargo de la tremenda responsabilidad de representarnos a todos, y sobre todo, a nuestro futuro”, remarcó.
“El juicio y la sentencia construyeron verdad y memoria”, expresó la Decana Mónica Pinto.