Congreso Internacional de Ejecución Penal
Mario Fera, Sergio Delgado y Lucila Larrandart
Mario Fera, Sergio Delgado y Lucila Larrandart
Mario Fera, Sergio Delgado y Lucila Larrandart
Mario Fera, Sergio Delgado y Lucila Larrandart
Mario Fera, Sergio Delgado y Lucila Larrandart
Mario Fera, Sergio Delgado y Lucila Larrandart
Durante los días 28, 29 y 30 de agosto se llevó a cabo en el Aula Magna de la Facultadel Congreso Internacional de Ejecución Penal que fue inaugurado por los Dres. Lucila Larrandart, Mario Fera y Sergio Delgado.
La primera en hacer uso de la palabra fue Lucila Larrandart, directora del Departamento de Derecho Penal y Criminología, quien sostuvo que “reviste suma importancia el lugar específico de la ejecución de la pena, ámbito en el que muchas veces se detectan afectaciones a los derechos humanos y cuyo estudio también tiene particularidades dignas de ser consideradas (…) en general, se cree que todos los que se encuentran en las instalaciones penitenciarias son aquellos condenados y sentenciados por haber cometido un delito; sin embargo, paradójicamente, gran parte de la población carcelaria se encuentra detenida a causa de una medida cautelar: la denominada prisión preventiva. También mencionó un trabajo realizado por el CELS sobre el uso abusivo y arbitrario de esta institución del Derecho Penal. De acuerdo con el sistema interamericano de derechos humanos, los Estados deben garantizar la libertad personal como regla general y la presunción de inocencia.
Posteriormente, Mario Fera, presidente del Consejo dela Magistratura dela Nación, reflexionó sobre la relevancia del tema y la importancia de los derechos y valores que se encuentran en juego. Destacó el hecho evidente de que para la sociedad argentina es un tema muy preocupante que normalmente se aborda con ciertos prejuicios. Se refirió a la instalación de la idea de inseguridad y al urgente abordaje de la ejecución penal. Opinó, además, que hay que considerar la visión y los prejuicios de la sociedad porque forman parte de una realidad que “debe tenerse en cuenta a la hora de definir soluciones no coyunturales, sino más bien estructurales, que estén basadas en los valores que sustentan nuestra jurisprudencia, principalmentela Corte Suprema, acerca de las características que tiene que tener la ejecución penal en todos sus aspectos, pero fundamentalmente en cuanto a aquellas expresiones quela Constitución marca y que tienen que ser sin duda el norte”.
Finalmente, Sergio Delgado, director académico del Centro de Estudios de Ejecución Penal, abrió su presentación diciendo “tenemos todavía una deuda pendiente de la democracia: 30 años de democracia en Argentina y no hemos tratado las normas de facto que regulan la situación penitenciaria”. Se refirió a la imposibilidad de cumplir con los estándares internacionales, a la implementación de la vigilancia penitenciaria enla Argentina, de la que fue pionera Salta y al fracaso de la instalación de la justicia de ejecución a nivel nacional y de la reforma del Código Procesal Penal de 1991, que no logró implementarse.
A continuación, se dio inicio al Congreso. El primer panel versó sobre la presentación de la investigación “Ataques a la independencia judicial y su impacto en la prisión preventiva en América Latina” con las exposiciones de Mirta López González, Leonor Arteaga, Mariano Gutiérrez y Miguel La Rota.
Para comenzar, Leonor Arteaga comentó el contexto del que se parte en la investigación: más de dos décadas después de iniciadas las reformas penales en América Latina. Era bien conocido que las transformaciones al sistema acusatorio se proponían garantizar de mejor manera los derechos de víctimas e imputados incorporando estándares internacionales y nuevos desarrollos de las ciencias criminales, tarea no siempre implementada con éxito. Hoy por hoy la aplicación de la prisión preventiva continúa generando fuertes tensiones que dan lugar a la aparente incompatibilidad en la aplicación de principios del Estado democrático y constitucional de derecho, tales como la presunción de inocencia, el plazo razonable del juicio, y la necesidad de contar con medidas eficaces de sanción del delito y de seguridad ciudadana.
Miguel La Rota, por su parte, se refirió a la situación en Colombia. La investigación se llevó a cabo a partir de datos cuantitativos, entrevistas a funcionarios y análisis sobre casos específicos. Así, se concluyó que el país no tiene un problema tan extendido como otros países de la región. Se refirió además a la presión de los medios de comunicación que toman partido y confunden.
Mariano Gutiérrez comentó la situación en Argentina y distinguió entre casos particulares en los que hay una alta presión pública antes o después de la sentencia y, por otro lado, los casos generales. Sostuvo que los medios de comunicación, ninguno per se, actúa de forma determinante, lo que preocupa es el juego que se establece entre la demanda punitiva de la víctima, el recoger esa demanda por los medios de alta difusión y el uso político que se establece de esa demanda. El juego entre esos tres factores es lo que genera ese efecto de amenaza que jueces y fiscales dicen tener y que restringe su criterio a la hora de otorgar excarcelaciones o fijar prisión preventiva. Comentó también el reclamo de la inseguridad hoy y la persecución política de los jueces.
Por último, la jueza Mirta López González mencionó cuestiones que se relacionan con lo interno del Poder Judicial y otras que sí se relacionan con cuestiones externas. Opinó que este Poder se trata de un sector muy conservador, no en el sentido político de la palabra, sino en cuanto a las prácticas, “es muy difícil cambiar lo que siempre se hizo así”, afirmó. Mencionó la mayor libertad de expresión de los jueces y la existencia de muchos operadores que consideran a la cárcel como una alternativa necesaria.
A lo largo del congreso se trataron temas como Medios de comunicación social y ejecución penal, Mecanismo nacional de prevención de la tortura, Tratamiento penitenciario, Salud en la cárcel. Aspectos teóricos y prácticos. Delitos contra la integridad sexual, Administración del cupo carcelario, Trabajo y cárcel, entre otros.
“Tenemos todavía una deuda pendiente de la democracia: 30 años de democracia en Argentina y no hemos tratado las normas de facto que regulan la situación penitenciaria”, expresó el Dr. Sergio Delgado.