Ciclo sobre reforma del sistema de justicia

• Nota de Tapa

Reforma del Poder Judicial: construcción de consensos y desafíos

El 16 de septiembre de 2020 el programa "Cuestiones de Estado" organizó esta jornada que contó con la participación en calidad de panelistas de Paola Bergallo (profesora de la Escuela de Derecho UTDT e investigadora del CONICET), Roberto Gargarella (profesor titular de la Facultad e investigador principal del CONICET), Paula Litvachky (directora ejecutiva del CELS) y Ricardo Gil Lavedra (profesor consulto de la Facultad). Moderó Álvaro Herrero (abogado y doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Oxford).

Para comenzar, Carlos Mas Velez (coordinador del programa "Cuestiones de Estado") expresó que “es prácticamente unánime la opinión en relación con la necesidad de reformar el sistema de administración de justicia en nuestro país. Todos los estudios que toman la opinión pública dan cuenta del bajo nivel de credibilidad que tiene nuestro sistema de justicia”. En este sentido, contó que la intención del ciclo “es hablar sobre la construcción de consenso, sobre los desafíos y sobre el diálogo necesario entre los distintos actores, tanto de los distintos poderes del Estado, es decir, la necesidad del involucramiento del Poder Judicial en esta conversación sobre la reforma del sistema justicia con los aportes que puede hacer la sociedad civil y la academia”.

En primer término, Paula Litvachky expresó: “El consenso sobre la necesidad de modificar las prácticas judiciales y la respuesta judicial creo que es bastante extendido, pero me parece que ese acuerdo no significa necesariamente que haya el mismo nivel de acuerdo sobre qué tipo de reforma se necesita o para dónde y con qué criterios reformar el sistema”.

En cuanto a lo que se debe reformar desde un punto de vista político, planteó que “en términos generales, hay un punto central que tiene que ver con la necesidad de reconstruir la legitimidad y la independencia del sistema aunque no hay tanto acuerdo sobre qué quiere decir reconstruir la legitimidad y qué quiere decir trabajar sobre la necesidad de independencia”. En esta línea, expresó: “Nosotros venimos describiendo desde el CELS hace un tiempo largo la necesidad de construir legitimidad desde afuera hacia el sistema y no únicamente desde una discusión intrasistema o meramente corporativa y poner en discusión también la idea de la independencia judicial porque en muchos momentos pareciera que la discusión sobre independencia judicial pasa más por una defensa corporativa que por una herramienta conceptual y política para la protección de derechos”.

Por otro lado, expresó que “da la sensación de que el sistema político argentino está muy bloqueado como para dar este debate y hay que trabajar desde distintos sectores políticos, sociales y universitarios para tratar de desbloquear esta discusión y la posibilidad de que se avance en algunos acuerdos sobre el funcionamiento del sistema judicial”. Y resaltó: “En los procesos de reforma judicial se necesita trabajar hacia adentro de los poderes judiciales para generar los consensos para que esas reformas se puedan aplicar para cambiar las prácticas y las lógicas, pero nuestra experiencia una reforma que únicamente viene discutida o en una confrontación entre poder político y poder judicial o discutida desde el poder judicial, es una reforma que termina siendo o corporativa o se abroquela en sus privilegios y deja de responder realmente a las necesidades de una reforma política vinculada al sector justicia”.

Por su parte, Roberto Gargarella manifestó: “Siempre, pero muy en particular cuando se van a cambiar las reglas de juego, y cuando se quieren cambiar las reglas de juego mientras el juego se juega, es imprescindible ser cuidadosos en términos legislativos, constitucionales, normativos en la materia y el principio debería ser el acuerdo político-democrático”. Y puntualizó: “Ha habido un cambio extraordinario en cuanto al contexto político social que dio sentido en su momento a una organización judicial como la que adoptamos. Hoy una reforma debería estar orientada de modo muy particular a pensar y responder a los grandes desafíos que enfrenta el mundo judicial en este momento: la desigualdad y la impunidad”.

Por otro lado, desarrolló: “La idea de la independencia merece ser repensada y entiendo que desde el momento en el que se comenzó a diseñar el poder judicial tal y como lo conocemos en América la idea de independencia se pensó como separación de la ciudadanía porque se asume que un poder judicial muy vinculado con la ciudadanía iba a quedar atrapado por las pasiones ciudadanas del momento”. En este sentido, consideró necesario preguntarse cómo hacer para reconectar a la organización judicial con el debate público y con acercar a la ciudadanía al Poder Judicial. “Creo que el modo en el que se pensó la idea de imparcialidad judicial es lo que deriva en lo que hoy hablamos como elitismo judicial; la idea de que la imparcialidad tiene que ver con tener a un grupo de técnicos separados de la sociedad pensando de modo aislado. Desde hace mucho la filosofía piensa la imparcialidad desde otro lado y en relación con el debate público: cuanto más discutimos, cuanto más pensamos en conjunto sobre los problemas constitucionales fundamentales, por ejemplo, más chances de que pensemos de un modo respetuoso con los punto de vista de todos”, analizó.

A su turno, Ricardo Gil Lavedra señaló que “estamos casi desde la recuperación democrática hablando de reformas judiciales. Es cierto que Argentina, que recuperó la democracia en 1983, se encontró con una estructura judicial cerrada, burocrática y formal”. Y planteó, como otro problema que viene de los orígenes, que “en Argentina se juntan estructuras judiciales que son diversas. La constitución argentina no solamente toma el modelo americano de muy fuerte desconfianza al parlamento, sino que también toma el derecho continental europeo que es al revés, exalta la ley y el juez integra el ejecutivo. Y esto sobre una estructura colonial indiana. Es decir, de esa mezcolanza viene la estructura judicial argentina”.
“Todos tenemos la sensación de que las reformas no son suficientes, pero creo que hay un núcleo después de tantos años de discusiones con la sociedad civil y en la academia de seis puntos básicos en los cuales hay coincidencias plenas: oralidad, adversarialidad, asegurar procedimientos para que la designación de los jueces asegure su independencia, simplificación de los procedimientos y de la gestión y rendición de cuentas y la mayor participación popular, reconectar el servicio de justicia con lo que es origen y fin: el pueblo”, reflexionó y añadió: “En un sistema político que tiene un poder concentrado e incluso altas dosis de discrecionalidad, ilegalidad y corrupción es muy importante que un poder que está diseñado para tratar de efectuar un control horizontal de poderes no sea colonizado o maniatado. Por la gobernabilidad y la impunidad la política ha puesto un freno a muchas de estas reformas judiciales”.

Finalmente, Paola Bergallo comentó que “la conversación sobre el encuadre de la reforma de justicia circula sobre la discusión sobre más justicia, más independencia, menos impunidad, más Estado de derecho, más derechos para justiciables, víctimas y beneficiarios, pero me parece que hemos hablado poco de la relación que existe entre lo que hacemos todos y todas, lo que hace el sistema de justicia y el desarrollo sustentable e inclusivo y, en particular, el crecimiento”.

En este marco, sostuvo que “en el derecho hemos tenido una deuda grande con pensar la relación de todo lo que hacemos con la economía. Y no estoy hablando de pensar en el análisis económico del derecho, sino en los impactos de todo lo que hace el sistema de justicia en esta historia”. Y agregó: “Tenemos el mismo PBI hoy que en 1974 y somos unos pocos más con lo cual es un poco difícil hablar de todas las reformas de la justicia y de desigualdad sin pensar un poco en lo que al aparato de justicia en estos últimos años de transición ha tenido que ver y los claroscuros que hay en esta historia”. Por este motivo, aseveró que hay que incorporar alguna conversación sobre productividad y sobre costo-efectividad de la Justicia en las conversaciones sobre la reforma judicial.

Asimismo, puso de manifiesto la necesidad de hablar de las contribuciones que han hecho los institucionalistas sobre qué rasgos deberían tener más agregadamente las instituciones más allá de la independencia que es como nuestro gran mantra. En este contexto, se refirió a las ideas de Acemoglu y Robinson que plantean características sobre instituciones inclusivas y extractivas. “Cuando miramos el Poder Judicial por lo que cuesta, por los privilegios de sus estructuras, por la riqueza de su capital humano en términos de su salarios y el delivery de inclusión y progreso, a mí me parece que es una institución que en muchos aspectos ha sido más extractiva que inclusiva”, aseveró.

Hacia el final, subrayó: “Si no repensamos todo más radicalmente, me parece que vamos a estar perdiendo de vista una oportunidad y los desafíos que nos van a permitir algún día detener la regresión de nuestro desarrollo y empezar a crecer para reducir la violencia. Ver el Poder Judicial en este diálogo me parece esencial”.

Prioridades para una reforma integral del sistema de Justicia

El 24 de septiembre se llevó a cabo el segundo encuentro del ciclo, que contó con la presentación del coordinador del programa, Carlos Mas Velez, la moderación de Álvaro Herrero (abogado y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford) y las ponencias de Marcelo Alegre (director del Instituto Gioja, Facultad de Derecho, UBA), Nora Luzi (coordinadora del Área de Gobernabilidad, PNUD), Martín Böhmer (profesor de la Facultad de Derecho, UBA) y Natalia Gherardi (directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género - ELA). 

“Lo que nos proponemos en este segundo encuentro es reflexionar sobre las prioridades y el modo de identificarlas para una reforma integral del sistema de justicia en el entendimiento de que tenemos un poder judicial en Argentina cuya credibilidad atraviesa o transita los peores momentos de los últimos años y entendemos que es una necesidad para el fortalecimiento institucional y de la democracia pensar una transformación que nos permita construir un poder judicial más eficaz, transparente, abierto y democrático”, introdujo Carlos Mas Velez.

Para comenzar, Marcelo Alegre expuso “hay que enfatizar la necesidad de un enfoque interdisciplinario, que no quede limitado a una discusión entre la corporación de los abogados y de los jueces. Es importante que haya economistas, especialistas en gestión, sociólogos, que haya muchos datos e información”. Y agregó que “también es importante escuchar a todos los actores, incluyendo a los actores de adentro y de afuera del Poder Judicial. Entonces, se necesita un enfoque interdisciplinario y basado en información empírica”.

Por otro lado, sostuvo que para que una reforma institucional gane confianza debería incluir lo que él llama una “cláusula Alfonsín”: “Cuando Raúl Alfonsín propuso las grandes reformas institucionales vinculadas con una nueva constitución en 1985 incluyó también la necesidad de estudiar reformas para atenuar el presidencialismo, modificar mandatos, posibilidades de reelección, pero dejó bien aclarado que él no quería beneficiarse de los efectos de las reformas y creo que las reformas institucionales ganan mucho en términos de confianza pública cuando queda claro que no hay un actor que no está tratando de sacar una ventaja obvia de corto plazo”

Asimismo, remarcó que para pensar una reforma progresista de la justicia que se inspire en el espíritu liberal igualitario y progresista de la Constitución el valor fundante debe ser el de la igualdad y de lo que surgen tres necesidades para centrar una reforma de la justicia alrededor de un ideal igualitario. “La primera es que los jueces y funcionarios judiciales tienen que pagar impuesto. Me parece que ese es un primer paso fundamental para afirmar la idea de que todos formamos parte de una comunidad de iguales y que nadie está por encima de la ley”, explicó.

La segunda es la existencia de los plazos: “Es muy importante que una reforma de la justicia incorpore este tema: la necesidad de que las resoluciones judiciales se den un plazo razonable”, planteó y aseguró: “Por otra parte, esto va a limitar una de las herramientas de distorsión o manejo político que tienen muchos jueces que consiste en meter investigaciones contra funcionarios en el freezer esperando que el funcionario pierda el poder y la falta de plazos le permite al juez un manejo mucho más discrecional de las causas”. Y analizó que “hay un tercer elemento a discutir y es ampliar el alcance del juicio por jurados a otros fueros de manera de generalizar de forma que sea parte del procedimiento exigible en todas las causas judiciales”.

A continuación, Nora Luzi disertó en torno al desarrollo y la justicia como una innovación pendiente. “Como agencia de cooperación internacional el PNUD impulsa fuertemente la agenda global del desarrollo en un reconocimiento ahora explícito del rol que tienen las instituciones en el desarrollo humano”, comenzó diciendo y, en este sentido, manifestó: “Quienes trabajamos hace muchos años en reforma institucional, entre ellas la reforma en el sector de justicia, nos alegramos mucho cuando finalmente quedó incluido como uno de los objetivos de desarrollo el objetivo 16 que expresamente plantea la búsqueda de sociedades pacíficas, justas e inclusivas con distintas metas, algunas impactan directamente en el Estado de derecho entendiendo que todas las personas somos iguales y nadie está por encima de la ley”. Luego detalló que “entre las otras metas en este mismo objetivo podemos encontrar los objetivos de transparencia, rendición de cuentas que son una bisagra en cualquier democracia republicana, la participación ciudadana y estas metas, en definitiva, son metas que pueden contribuir a la reforma”.

Añadió, en esta línea, que “la justicia es el hilo que va a enhebrando el poder lograr los 17 objetivos, ya que si no tenemos una justicia receptiva y eficaz no va a poder avanzarse en la eliminación de la pobreza y en la disminución de la inequidad”. Y subrayó que “las dimensiones del desafío de achicar la brecha en materia de acceso a justicia que debería ser el eje de las reformas progresistas que se están planteando”.

Hacia el final, analizó: “Necesitamos un cambio de paradigma. La justicia debe centrarse en las personas, resolver conflictos y no expedientes (...). Ese punto de partida implica que la persona está en el centro y que lo que hay que hacer es comprender las necesidades legales para luego diseñar soluciones que tengan algún impacto positivo. Este enfoque impulsa, además, el sistema de justicia abierta”. Y concluyó: “Se debe planificar, prever los resultados, medir los avances de los objetivos que nos planteamos a través del establecimiento de metas e indicadores objetivos y debemos medir lo que valoramos. Si valoramos la justicia, tenemos que medirla. No hay otra forma”.

Por su parte, Martín Böhmer expresó que “todos estamos de acuerdo con una justicia igualitariamente accesible, tanto en horarios como en lugares de atención, cuando sea necesario con asesoramiento de abogados y abogadas, que sean iguales en cantidad o sea que haya suficientes abogados y abogadas y servicio de justicia en todos los lugares en donde debe haberlo (...). Una justicia con procedimientos orales con juicio por jurados, respetuosa en el trato, clara en sus comunicaciones, diligente en el cumplimiento de sus obligaciones, íntegra y comprometida con construir su legitimidad y hacerse más confiable”.

Respecto de la Corte Suprema de Justicia, indicó: “Queremos que la Corte tenga un número de revisiones por año suficientemente acotado para generar jurisprudencia consistente a lo largo del tiempo, respetuosa de las aspiraciones de la Constitución y que sea una Corte transparente, accesible, con audiencias orales y direcciones claras”.

En este marco, puntualizó que “la condición de posibilidad de todo esto es que haya abogados, abogadas, jueces, juezas y fiscales defensores que sean capaces de hacer esta transición”. Pero sostuvo que “no tenemos abogados y abogadas iguales, no tenemos servicio de justicia en todo el territorio ni abierto ni igualitariamente a todo el mundo, estamos trastabillando con la oralidad y con el juicio por jurados, no es respetuosa, no es clara, no es diligente, tarda, está abierta cuando nadie puede llegar y está cerrada cuando todo el mundo tiene tiempo para ir”.

Más adelante, planteó que “los profesores y profesoras de Derecho tenemos que enseñar a leer, escribir, hablar, escuchar, persuadir, mediar, arbitrar, entrevistar, interrogar, probar, litigar, argumentar y sentenciar. Nada de eso estamos enseñando”. Y reflexionó: “Una de las condiciones de posibilidad de la brutal reforma judicial que estamos planteando y en la que estamos totalmente de acuerdo hace treinta años es que el tipo de personaje que necesitamos que maneje esta transición y que lleve la justicia a buen puerto es que esos abogados y abogadas, jueces y juezas, sean formados en este nuevo ethos, en estas nuevas rutinas, conocimientos y destrezas que nosotros queremos que asuman. El enorme problema es que no tenemos ni esa condición de posibilidad”.

Finalmente, Natalia Gherardi afirmó que “para pensar las prioridades en una reforma integral del sistema de justicia lo primero que tenemos que hacer es pensar el contexto más amplio del país en el marco del cual estamos pensando esta reforma estructural del sistema de justicia: un país marcado por enormes desigualdades, inequidades, no solamente de género, sino también geográficas, territoriales, por la extensión del territorio, por el lugar en que vivimos y por las condiciones personales de quienes somos incluyendo todas las interseccionalidades y las edades”.

Como un punto central, indicó que se debe partir de un diagnóstico diferenciado y federal basado en evidencia donde toman relevancia en esas condiciones personales, sociales y territoriales de las personas tocadas por el sistema de justicia en diferentes momentos. “El diagnóstico debe decir, respecto del sistema de justicia en particular, quién lo usa, para qué, de qué manera y, entonces, poder tener una evidencia que nos muestre qué es lo que tenemos que reformar basado en qué necesidades, en qué objetivos y en qué eficacia de respuesta”, detalló.

Más adelante, se enfocó en la creación de las nuevas instituciones sobredimensionan los juzgados y las fiscalías y no las defensorías: “No hay una evaluación de quién usa qué y qué impacto tendrá y qué infraestructura en términos de recursos materiales y humanos hace falta para responder a qué necesidades de justicia”. Y añadió: “En general, las mujeres usan más las defensorías y no las fiscalías. Las mujeres son más víctimas de violencias y de vulneraciones de derechos civiles y las defensorías civiles, que son menos que las defensorías penales, sirven más a las mujeres y a los conflictos del género dentro del sistema judicial, pero son las que tienen menos recursos y accesibilidad para las usuarias”.

Para concluir, especificó que “cuando hablamos de datos y diagnósticos, tenemos que hablar en una perspectiva más amplia que tiene que incluir la perspectiva de género y de interseccionalidades que significa mucho más que el lenguaje inclusivo. Pareciera que recortamos la problemática de una manera arbitraria o pequeña cuando la dimensión del tema debiera ser más importante”. Y subrayó: “La reforma integral de un sistema de justicia merece un proceso participativo amplio, reflexivo, honesto, no sujeto a intenciones coyunturales, no sujeto a las urgencias y que en serio pueda responder a los intereses de la ciudadanía y no al poder político de turno o su contrario”.