15 años del fallo “Mendoza”: retrospectiva, presente y futuro de la cuenca Matanza-Riachuelo
Paula Butera, Andrés Nápoli, Silvia Nonna, Laura Pautassi y Laura Zulaica
El pasado 6 de junio, en el Salón Azul, tuvo lugar la jornada “15 años del fallo ‘Mendoza’: retrospectiva, presente y futuro de la cuenca Matanza-Riachuelo”, organizada por Centro de Derecho Ambiental (CEDAF), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), UNSAM-CENIT y el Ministerio Público de la Defensa. Participaron en calidad de expositores/as: Laura Pautassi (Instituto Gioja), Andrés Nápoli (FARN), Carla Fainstein (CONICET), Valeria Arza (UNSAM-CENIT), Romina Tuliano Conde y Maria Teresita Rossetto (Ministerio Público de la Defensa) y Silvia Nonna (UBA). Paula Butera (UBA) moderó la actividad.
Paula Butera dio inicio a la actividad con un breve resumen de lo que significa el fallo. “Uno cuando piensa como abogado suele pensar sobre la sentencia como el final del proceso, y de hecho, cuando sale una sentencia favorable que fortalece derechos, se celebra, pero en este caso desde el punto vista procesal se han presentado problemáticas”. Y agregó: “Si bien tuvo un trámite en el ámbito judicial, ha tenido 15 años de ejecución con distintos autores de la sociedad civil y del estado”. En ese sentido, destacó que “la idea de hoy es que se pueda tomar las experiencias de los distintos panelistas para una más efectiva gestión ambiental”.
Continuó Silvia Nonna,que puntualizó: “Yo me voy a retrotraer un poquito más y no voy a arrancar con la sentencia definitiva del 2008 sino la del 2006, porque estuve involucrada o participé como pude en esa gestión. (...) Este fue el inicio de todo”. Detalló cómo el Poder Judicial les exigió un plan integrado conforme a la Ley de Ambiente a las empresas involucradas en la cuenca, al Consejo Federal del Medio Ambiente, a la provincia de Buenos Aires con el propósito de actuar de manera más acorde al cuidado del medio ambiente. “No nos sorprendió el listado de cosas que se pedían en esta decisión judicial porque era seguir con lo que la ley de ambiente viene pidiendo”, concluyó.
A su turno, Laura Pautassi comentó cómo inició su trabajo y de los hallazgos en la causa respecto a su puesto en el CONICET: “Comenzamos el proceso en el año 2019 a partir de un requerimiento del Ministerio Público Fiscal. Su interés era que trabajemos en una revisión de los indicadores que ACUMAR había definido para establecer si estaban actualizados o se necesitaban cambiarlos. (...) A partir de un primer informe donde se preguntó si ACUMAR se acercaba con los indicadores definidos a lo esperado en la gestión ambiental”. Asimismo, remarcó que “centralmente la decisión de Acumar se alejaba respecto a las mandas judiciales”. Debido a esto, comenzó la intervención activa del CONICET en el caso. Para la revisión, resaltó que se ultimó el derecho comparado para ver lo que se esperaba internacionalmente sobre la gestión ambiental para que efectivamente cumplan con las mandas.
Laura Zulaica se enfocó en la labor del último en materia de vivienda. “Presentamos una propuesta y un modelo específico que se sustenta desde el territorio. Hicimos un diagnóstico para la construcción de viviendas. Para hacerlo nos basamos en una propuesta que se debe basar en los indicadores para la protección del derecho a la vivienda”, manifestó.
Acto seguido, intervino Andrés Nápoli que se encargó de detallar las dificultades encontradas para llegar hacia la sentencia firme. Enfatizó que “lo que no hemos logrado es que el Riachuelo se transforme en política pública”. Y sumó que “es un reparto final de cosas donde no van los mejores”. “Los objetivos de la Corte tienen que estar con los indicadores para avanzar o no con el proceso. Después de 15 años deberíamos tener algo mejor”, planteó. En el tema de viviendas diferenció los proyectos de vivienda con los arreglos. “Hoy en día, solo el 35 por ciento se soluciona en temas de vivienda en la cuenca”.
A su turno, Romina Tuliano Conde y Maria Teresita Rossettohablaron en representación de Mariel Acosta. Analizaron quiénes fueron los/as afectados/as por la causa y la dificultad de su representación en los juicios. “Los primeros conflictos se dieron con la recolección por parte del Estado que venía con una mirada paternalista. Dicha práctica se hacía con familias que no estaban enteradas del proceso ni del daño ambiental”. Ante estas tensiones intervino el Ministerio Público de Defensa para una transición más pacífica de los afectados.
Luego, Carla Fainstein expuso sobre los hallazgos que resultaron de su investigación respecto a la causa con organizaciones barriales y sociales. “En todo mi trabajo se plantea lo ambiental de una manera secundaria, justamente porque me enfoque en la política urbana dentro de esta megacausa”. “Cómo a veces la generación de estas políticas generan tensiones”, mencionó.
Por último, intervino Valeria Arza. Se focalizó sobre los proyectos para la medición de calidad de aire y la prevención contra la vinchuca como políticas públicas en colaboración con la sociedad civil interesada en el ambiente.