X Jornadas Intercátedras de Derecho Administrativo
Carlos F. Balbín y Guido S. Tawil
En el marco de las X Jornadas intercátedras de Derecho Administrativo, entre los días 15 y 16 de noviembre se llevó a cabo el encuentro "El Derecho Administrativo en los próximos años. Análisis, previsiones y propuestas" en el Salón Azul. Organizaron en conjunto las cátedras de los profesores Tawil, García Pullés, Marcer y Balbín.
El 15 de noviembre, Guido S. Tawil y Carlos F. Balbín se encargaron de hacer la apertura de las jornadas con unas palabras de bienvenida. Luego fue el turno del primer panel (organización administrativa) que trató los temas de empleo público, abogacía y sistemas de control público. Los expositores fueron Horacio Liendo, Nora Vignolo, David Halperin y Gustavo Silva Tamayo, dirigidos por Viviana Bonpland.
Luego de las palabras introductorias de Guido S. Tawil, fue la directora del panel, Viviana Bonpland quien tomó la palabra y presentó a los oradores.
En primer lugar, Nora Vignolo se refirió al empleo público y si el ingreso por concurso abierto, de los puestos ejecutivos, garantiza la transparencia y la idoneidad que son exigibles en ese tipo de concursos. “Personalmente considero que el procedimiento de concurso abierto es un iterativo constitucional, como todas las cláusulas constitucionales en el artículo 16 de la Constitución Nacional. Por un lado, respaldado por la idoneidad, la igualdad y la participación en el acceso a la función pública, el sistema democrático de gobierno y los pactos internacionales”, expresó y detalló que tanto el Pacto de San José de Costa Rica como la Convención de las Naciones Unidas por la Corrupción y los lineamientos de la Carta Iberoamericana de la Función Pública establecen el acceso al empleo público en condiciones generales de igualdad y la transparencia en la contratación. Además, enmarcan las características que deben tener los procedimientos de selección para excluir cualquier tipo de interés en el ingreso a la función pública.
Por su parte, Horacio Liendo dedicó su ponencia a reflexionar sobre la motivación para ingresar a la administración pública. “Todos sabemos que la base del ingreso a la función pública se encuentra en la Constitución Nacional. Donde se retrata la igualdad ante las cargas públicas y el establecimiento de una única condición como derecho para acceder al empleo público que es la idoneidad”. Por otra parte, el orador se refirió a los avances normativos en la materia, y cómo modificaron el régimen de ingreso por concurso abierto. En este sentido, Liendo propuso mejorar la sincronización del proceso de ingreso público y transformarlo en un mecanismo de movilización en todo el país. “No es muy complejo establecer un convenio con todas las provincias y todas las municipalidades del país para que un mismo día en el año, se produzca un examen para todos aquellos que quieran ingresar a la administración pública nacional, provincial o municipal”, manifestó y aseguró que al conocerse la fecha de examen y tener toda la oferta de cargos públicos en las tres administraciones simultáneamente, es un disparador y movilizador para las fuerzas educativas, publicitarias y de control interno.
A su turno, David Halperin analizó el desarrollo normativo de la abogacía pública estatal. Haciendo referencia al momento de surgimiento de la ley 12.954 que crea el Cuerpo de Abogados del Estado, explicó que las funciones del Cuerpo, cuya dirección general estaba a cargo del procurador del Tesoro, eran la representación del Estado en juicio, la instrucción de sumarios, los dictámenes hacia los funcionarios de administración activa, la intervención en los pliegos de licitaciones y además, el estudio de reformas legislativas. “Actualmente, las funciones del Cuerpo cambiaron levemente. La representación del Estado en juicio se modificó con la reforma constitucional de 1994 al crearse el Ministerio Público Fiscal como órgano extra poder: la representación a cargo de los fiscales federales pasó a estar con contrataciones de abogados particulares”. Por otro lado, el orador resaltó que “hay que congelar las vacantes dentro de los servicios jurídicos del Estado a medida que se producen, y designarlas automáticamente al escalafón del Cuerpo de Abogados del Estado. Y de a poco, ir formando el escalafón propio del Cuerpo, dictando la reglamentación correspondiente para que el procurador del Tesoro dirija efectivamente el Cuerpo”.
Finalmente, Gustavo Silva Tamayo expuso sobre el control público de la administración, puntualmente de la ley 24.156 de administración financiera. Definió algunos de los datos positivos de la ley con respecto a su antecesora: “De acuerdo a criterios de organización que se llevan a cabo en las organizaciones públicas modernas, utiliza la teoría de los sistemas. Esta teoría proviene del campo de la biología y toma a las partes de manera interrelacionada. El sistema tiene la aptitud de, a partir de insumos y un proceso interno, generar productos de manera tal que el sistema se retroalimenta. Tiene una vida en el medio social y un entorno que lo limita”, desarrolló y explicó que cuando esta teoría se traslada al campo de las organizaciones públicas, esa aptitud de sobrevivir en el medio social, se da cuando esa organización puede satisfacer o maximizar el beneficio social.
Las jornadas continuaron con paneles sobre contratación administrativa, procedimiento administrativo, derecho procesal administrativo, además de un panel de exprofesores titulares y otro de profesores titulares, posterior a las conclusiones.