Tribunal Ético sobre la intervención de Estados Unidos en América Latina y el Caribe
El 6 de junio pasado, diversas organizaciones sociales, entre ellas la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), constituyeron un Tribunal Ético en el Aula Magna de nuestra Facultad, con el objetivo de “enjuiciar la intervención militar de los Estados Unidos en América Latina y el Caribe”.
La finalidad de este tribunal, integrado por personalidades con extensa trayectoria en la lucha por los derechos humanos, fue “determinar las responsabilidades éticas, políticas y jurídicas del intervencionismo militar en la región y de la violación a los derechos económicos, sociales y culturales, junto a los derechos a la paz, a la preservación del medio ambiente y los recursos naturales, y a la libre determinación de los pueblos”.
La conformación del Tribunal Ético colegiado estuvo presidida por Eduardo Barcesat, Beinusz Schmukler, y el obispo Aldo Etchegoyen. Como jurado, actuaron, entre otros, Carmen Lapacó, Mabel Gutiérrez, José Shulman, el padre Luis Farinello, Ricardo Peiró, y Horacio Ravenna; y como fiscales, Carlos Zamorano y Leopoldo Giupponi. También hubo lugar en la audiencia para testigos, peritos y, naturalmente, para la defensa, que, al no presentarse, tuvo como defensor “oficial” a Carlos Tobal.
El Tribunal, luego de escuchar unas casi veinte acusaciones precisas por parte de la fiscalía, dictaminó que las bases militares estadounidenses instaladas en América Latina, y avaladas por los diversos gobiernos, representan una violación a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en la región, y condenó todo tipo de intervensionismo.
El resultado de la audiencia fue publicitada en conferencia de prensa por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, quien dio a conocer al día siguiente el veredicto del jurado y la sentencia dictada por el Tribunal Ético en la sede de la APDH, ubicada en Callao 569.
Según lo informado, se cursará el fallo del Tribunal Ético a la Organización de la Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos, al MERCOSUR y a otras organizaciones internacionales. Se remitirá una copia de la sentencia también a las embajadas acreditadas en el país.
Más allá del juicio, se explicó que el objetivo principal de la actividad fue comunicar a la opinión pública sobre los peligros que implica el hecho de que fuerzas militares extranjeras operen con plena libertad en los territorios de la región.