Tecnología, Vigilancia y Derechos Personalísimos
Paula Rómulo, Eduardo Molina Quiroga, Andrés Pérez Esquivel, Valeria Milanés, Eugenia Carrasco y Eduardo Peduto
Paula Rómulo, Eduardo Molina Quiroga, Andrés Pérez Esquivel, Valeria Milanés, Eugenia Carrasco y Eduardo Peduto
Paula Rómulo, Eduardo Molina Quiroga, Andrés Pérez Esquivel, Valeria Milanés, Eugenia Carrasco y Eduardo Peduto
Paula Rómulo, Eduardo Molina Quiroga, Andrés Pérez Esquivel, Valeria Milanés, Eugenia Carrasco y Eduardo Peduto
Paula Rómulo, Eduardo Molina Quiroga, Andrés Pérez Esquivel, Valeria Milanés, Eugenia Carrasco y Eduardo Peduto
Paula Rómulo, Eduardo Molina Quiroga, Andrés Pérez Esquivel, Valeria Milanés, Eugenia Carrasco y Eduardo Peduto
Organizada por la Carrera de Especialización en Derecho Informático, el pasado 19 de agosto tuvo lugar la conferencia “Tecnología, Vigilancia y Derechos Personalísimos”. La mencionada Carrera es dirigida por Daniel Ricardo Altmark y Eduardo Molina Quiroga y coordinada por Paula Rómulo.
Para comenzar, Eduardo Molina Quiroga, Director de la Investigación UBACYT – DERECHO, realizó los correspondientes agradecimientos. Entre otras cuestiones, mencionó que han hecho investigaciones y presentaciones sobre videovigilancia, biometría, drones, protección de datos personales, los alcances del actual DNI y el trabajo de la AFIP respecto a datos personales.
Luego, Paula Rómulo presentó a los expositores. A continuación, Andrés Pérez Esquivel, Asesor en Seguridad en la Legislatura CABA, miembro de la Asociación Pensamiento Penal y de Latin American Network of Surveillance Technology and Society Studies (LAVITS), analizó el tema de las bases biométricas que se están construyendo a nivel nacional en el mundo, como una plataforma que permite habilitar el paradigma de policiamiento predictivo. En primer lugar, consideró importante tener en cuenta que la autodeterminación informativa y la protección de datos personales, en general, y biométricos, en particular, se están convirtiendo en un derecho que debe ser abordado desde una óptica colectiva, “como un derecho de los pueblos”. En este sentido, expresó que los certificados de identificación que el Estado otorga a los ciudadanos deben usar algunos datos biométricos, pero “esto no significa que sea necesario crear una base nacional centralizada y digitalizada que reúna todos los datos biológicos de la población. Esto otorga mucho poder a quien la administra y la crea”. En la misma línea argumental, remarcó que “este tipo de almacenamiento, que siempre estuvo reservado a registrar a quienes cometían actos delictivos, aumenta la escala de sospecha a toda la población en pos de crear perfilados sociales”.
Luego, Valeria Milanés, Directora de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), áreas de Libertad de Expresión, Acceso a la Información y Privacidad, explicó que ADC es una ONG sin fines de lucro que trabaja por la protección de los derechos civiles. Entre las distintas áreas, se encuentra el área de privacidad, que debió ser creada a partir de 2013. “No porque la privacidad sea un tema nuevo, es un tema que tiene larga trayectoria jurisprudencial y doctrinaria, pero la irrupción de las nuevas tecnologías presenta un desafío tal que amerita que se piense nuevamente”, desarrolló. ADC ha abordado el tema para analizar el estado de situación en Argentina a partir de una serie de informes y trabaja en colaboración con redes internacionales. Hizo alusión al informe “Si nos conocemos más, nos cuidamos mejor”, hecho en colaboración con Privacy International. “Toma el nombre del eslogan que usó la Presidencia de la Nación para presentar el sistema SIBIOS. Fue tomado como un ejemplo de cuál es la concepción en el país en relación con este tipo de datos”, afirmó. Asimismo, consideró que “es llamativo como de un tiempo a esta parte el Estado argentino ha empezado a implementar mayores políticas de recolección, almacenamiento y datos biométricos”.
A su turno, Eugenia Carrasco, investigadora del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), entre otros temas, hizo referencia a que hay una barrera cultural que se debe superar entre lo policial y lo civil. “Esto es algo que debemos trabajar de a poco. (…) Este acercamiento paulatino se va a tener que dar porque, si no, sucede que se toman decisiones sin tener idea”, agregó. Luego, manifestó que se realizó un relevamiento de las opiniones de 26 oficiales respecto a cuáles eran los desafíos. “Teníamos representantes de 24 divisiones de investigaciones de la Policía Federal y los resultados coinciden con otras investigaciones que habíamos hechos desde el ILSED (…) Son las preocupaciones que tienen ellos”. En este sentido, comentó que uno de los temas que apareció es la superposición de investigaciones y mencionó que hoy en día no hay un registro único de las mismas. “Por ejemplo, no hay un registro de domicilios allanados”, indicó y adicionó: “Por un lado sienten que necesitan esta base centralizada de investigaciones pero por otro lado no se quiere compartir la información”. Asimismo, otro aspecto tiene que ver con la solicitud de información a otros actores. “Hoy por hoy no hay una ley que regule cómo se dan los convenios de cooperación con otras entidades estatales a partir de las fuerzas”, remarcó.
Finalmente, Eduardo Peduto, Director del Centro de Protección de Datos Personales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hizo mención del salto conceptual constitucional entre la Constitución Nacional, que pese a la reforma de 1994 sigue manteniendo prácticamente incólume el artículo 19, y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. “Quizás pone el centro en una de las cuestiones que estamos abordando cuando señala en su artículo 12 inciso 3 que la Ciudad garantiza el derecho a la privacidad, intimidad y confidencialidad como parte inviolable de la dignidad humana”, destacó. Peduto prosiguió diciendo que el conjunto de problemas que se debe encarar es de un abordaje múltiple. “Por un lado está lo institucional, por otro lado lo normativo. Pero hay un sustrato o una sobredeterminación, según sea el marco conceptual que utilicemos, que es la cuestión cultural. Yo creo que en este último eje está uno de los principales componentes que tenemos que abordar, no solo desde enfoques multidisciplinarios o transdisciplinarios, sino que atraviesen la sociedad civil”, desarrolló.
“Este tipo de almacenamiento, que siempre estuvo reservado a registrar a quienes cometían actos delictivos, aumenta la escala de sospecha a toda la población en pos de crear perfilados sociales”, remarcó Andrés Pérez Esquivel.