Taller - El género en la reforma procesal penal
A raíz de diversas propuestas de reforma al Código Procesal Penal de la Nación surgidas en el último tiempo, el pasado jueves 23 de agosto la Defensoría General de la Nación y el Grupo “Justicia y Género” del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (CIEPP) organizaron el taller “El Género en la Reforma Procesal Penal” para aportar a la agenda ciertos temas en defensa de la mujer en los que varias investigadoras del país vienen trabajando hace bastante tiempo.
En el marco del taller, que tuvo lugar en el Salón Verde de la Facultad, se debatieron cuestiones como “Mujeres en conflicto con la ley penal”; “Defensa de las mujeres imputadas de delitos”; “Mujeres víctimas de delitos en el proceso penal”; y “Los derechos de las mujeres víctimas de violencia”.
Entre otros, participaron del encuentro Gabriel Ignacio Anitua (Secretario Letrado de la Defensoría General de la Nación), Fernando Ramírez (Juez del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 9), Ileana Arduino (investigadora, miembro fundadora COPADI / consultora CIEPP), Julieta Di Corleto (Prosecretaria Letrada de la Defensoría General de la Nación), Luciana Sánchez (miembro fundadora COPADI /consultora de CIEPP) y Marcela Rodríguez (Directora del Grupo Justicia y Género del CIEPP).
La apertura del taller estuvo a cargo del Dr. Gabriel Ignacio Anitua, quien en breves palabras invitó a los presentes a mantener una discusión abierta, que no se dirija a buscar verdades o razones dominantes, sino a fomentar la inclusión y el debate entre iguales.
El primer panel del encuentro fue protagonizado por Luciana Sánchez y Julieta Di Corleto.
Luciana Sánchez expuso sobre el tema “Selectividad penal y política criminal”. En ese marco, planteó una serie de propuestas para reformar el Código Procesal Penal de la Nación, con miras a que se adecue a los tratados internacionales en materia de género que son vinculantes para la Argentina.
Explicó que la discriminación de las mujeres en el derecho penal se da básicamente a partir de dos fenómenos interconectados. Por un lado, a través de la estereotipación del rol de las mujeres en la sociedad (básicamente como esposa y madre) y a través de la selectividad desde el prejuicio de género y de clase (las mujeres pobres serían así un objetivo premeditado de la persecución criminal).
Es desde esta visión que la investigadora compartió sus principales propuestas de cambio, cuyas conclusiones fueron extraídas principalmente de sus experiencias en contacto con mujeres sometidas a procedimientos penales en Latinoamérica.
En primer lugar, el grupo de investigación de Sánchez propuso la inclusión del tipo penal de “tortura sexual”, diferenciándolo del tipo genérico de tortura, para volver visible un crimen que fue sistemático en nuestro país en tiempos no muy lejanos. Otro punto mencionado fue el de la garantía de igualdad en el acceso a la justicia, proponiendo la inclusión del juicio por jurados y la posibilidad de que las mujeres sean juzgadas por sus pares. Así, también se planteó incorporar una visión de género al principio de imparcialidad, permitiendo a las mujeres recusar a aquellos magistrados que evidencian un trato despectivo o discriminatorio contra el sexo femenino.
Finalmente, Sánchez defendió el derecho de no-autoincriminación, donde se refirió principalmente a casos de tráfico de drogas y abortos, donde promovió dar preeminencia al secreto profesional de los médicos y liberarlos del deber de denunciar a las mujeres que llegan a los centros de salud solicitando asistencia.
Por su parte, Julieta Di Corleto complementó el panel con el tema “Defensa de las mujeres imputadas de delitos”. Allí tocó fundamentalmente cuatro puntos de reforma, que tienen que ver con adoptar una visión pedagógica del derecho procesal penal, fomentar la participación de técnicos especialistas en temas de género en materia probatoria, garantizar la imparcialidad, y reconocer derechos a la mujer en situación de embarazo y maternidad.
Dentro de estos puntos, la expositora defendió el tratamiento diferencial que debe darse a las mujeres en la normativa penal, planteando la posibilidad de erradicar la neutralidad con que los tipos penales se encuentran legislados.
Por otro lado, sostuvo la necesidad de formar abogados especialmente preparados para la defensa de las mujeres, que estén a la altura de las circunstancias y estén provistos de todos los argumentos para que se garantice una buena defensa. En ese sentido, Di Corleto ahondó en la necesidad de que el Poder Judicial cuente con peritos en temas específicos que afectan criminalmente al sexo femenino, como ser el abuso sexual, la violencia familiar, y las violaciones, y que se garantice a la mujer la posibilidad, mientras tramita un proceso, de continuar sus tareas como madre en el cuidado de sus hijos. Propuso asimismo la adopción de un análisis contextual a la hora de procesar a una mujer acusada de delitos, puesto que en la mayoría de los casos se evidencia un trasfondo de abusos sistemáticos sufridos que explican las conductas seguidas.
En último lugar, Di Corleto planteó alternativas a la prisión domiciliaria cuando se trata de mujeres, sobre todo en casos en donde se trata de madres de hijos menores, cuyos derechos a una vida digna también debe ser garantizado. En estos casos, la prisión domiciliaria parece ser una salida por lo menos más comprensiva de la situación familiar.