Sociedad y Justicia: El acceso popular a la justicia
Ricardo Rabinovich-Berkman, Nancy Cardinaux y Constanza Argentieri
Organizado por el Departamento de Sociales, el pasado 10 de julio se realizó en el Salón Azul una jornada sobre “Sociedad y Justicia: El acceso popular a la justicia”, coordinado por el profesor Ricardo Rabinovich-Berkman. La actividad contó con la participación de Luis Alexander Bastardo Márquez, Constanza Argentieri y Nancy Cardinaux.
Tras la introducción del director del Departamento de Ciencias Sociales, profesor Ricardo Rabinovich-Berkman, Constanza Argentieri hizo mención al Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH), el cual tiene cuatro ejes temáticos: el tema de memoria, verdad y justicia; igualdad y no discriminación; políticas de prevención de la violencia institucional y la seguridad ciudadana; y, por último, infraestructura en Derechos Humanos. De este modo, presentó dos proyectos que están vinculados directa e indirectamente con el acceso a la justicia. “Estamos trabajando en una guía regional que introduce el enfoque de derechos en la formulación de políticas públicas. Por ende, dentro de los grandes temas de esa guía regional, el de acceso a la justicia es uno de los más relevantes debido a que no hay derecho si no hay posibilidad de reclamo posterior”, señaló. Asimismo, Argentieri explicó que el formulador de políticas públicas tiene que partir de la base de que al formularla tiene que estar pensado cual va a ser el mecanismo o la herramienta de reclamo en caso de que no resulte efectiva. Aseguró que en cuanto las políticas públicas no se asuman en términos de derechos no es posible pensar que estamos introduciendo el enfoque de derecho cuando las estamos formulando. “Tenemos que partir de la base de que las personas a la cuales están dirigidas las políticas son sujetos de derechos, y para realmente efectivizar esa presunción de que son sujetos de derechos tenemos que asegurar este mecanismo de denuncia o de reclamo”, analizó. Para finalizar, se refirió al segundo proyecto, el cual tiene que ver con acceso de derechos de personas migrantes. Así, concluyó que si existen las instancias de reclamo formales y materiales, no obstante, las personas migrantes no van a reclamar el ejercicio de los derechos, debido a que no se reconocen como sujetos de derecho, por falta de conocimiento de que existen instancias de reclamo y por el temor de su condición migratoria irregular.
A su turno, Nancy Cardinaux indicó lo que se hace desde la Facultad respecto al acceso a la justicia. “Hemos visto que el acceso a la justicia ha ganado terreno en cada una de las funciones que cumple”, indicó. No solo se han dedicado a las cuestiones que tienen que ver con las estrategias de litigación, con los medios o con las formas de gestionar el conflicto, sino también con la mirada acerca de cómo se construye el sujeto.
Finalmente, Luis Alexander Bastardo Márquez observó que en Venezuela las experiencias con las fiscalías municipales han sido muy exitosas, porque obliga, tanto a los operadores de justicia como a los justiciables, ha encontrarse en una dimensión más humana. “Se han generado efectivas relaciones de afecto y de amistad entre el fiscal y las personas sancionadas, ya que estas, iniciadas en un proceso de delito y de falta, logran entender que no es la sanción por la sanción, sino que se trata de orientar el cambio de actitud y esa conducta que está orientada al delito y a la falta”, opinó. Argumentó que si no hay una combinación armónica, efectiva, acoplada y respetuosa con la comunidad, la fiscalía no tendrá el éxito adecuado y correspondiente. Si los funcionarios instalados en aquellos espacios entienden que están por encima y que manejan ciertas prerrogativas, privilegios y condiciones, allí no va a haber el equilibro que se necesita para lograr la justicia. Posteriormente, describió que la fiscalía municipal se conforma por un fiscal titular, dos auxiliares de la investigación, un abogado adjunto, dos profesionales del área social, quienes tienen que encontrarse con esa comunidad, y el personal administrativo. “Entre los profesionales del área jurídica y los del área social tiene que haber un espacio para el debate y para el entendimiento sin subordinación, más allá de lo que plantea la ley propiamente”, remarcó. Hacia el final de su ponencia, dijo que en la medida en que se consolide la organización popular con carácter protagónico, la comunidad se orientará a solventar sus problemáticas. “Para nosotros es fundamental que en nuestro trabajo realicemos y apuntemos a la organización. Todo lo que es una organización, lo que tiene vida propia en la comunidad, es objeto de atención para nosotros, porque acompañando en esa problemática sabemos que nosotros vamos a ir fortaleciendo a las personas”, finalizó.
“Tenemos que partir de la base de que las personas a la cuales están dirigidas las políticas son sujetos de derechos, y para realmente efectivizar esa presunción de que son sujetos de derechos tenemos que asegurar este mecanismo de denuncia o de reclamo”, analizó Constanza Argentieri.