Situación carcelaria en la provincia de Buenos Aires
Martín Lorat
En el marco del Seminario Permanente del Centro de Estudios de Ejecución Penal, el pasado 14 de septiembre tuvo lugar en el Salón Vélez Sarsfield el encuentro “Situación carcelaria en la provincia de Buenos Aires”, organizado por el Centro de Estudios de Ejecución Penal.
El expositor fue Martín Lorat (subsecretario de Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad, Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires), quien inició su ponencia explicando cómo fue la creación de la Subsecretaria de Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCJPBA) y describiendo su accionar en lo que tiene que ver con la política judicial: “Lo primero que tuvimos que poner en marcha fue un sistema de monitoreo periódico y sostenido de lugares de detención. Se fija un esquema de monitoreo muy interesante con visitas periódicas a los centros de detención”.
Acto seguido, Lorat analizó la situación de encierro en las unidades penales. Resaltó que estas unidades mantienen ciertos ejes conflictivos como la prestación del servicio de salud, que es sumamente deficitario y que está hundido en un gran problema como es la tercerización (para acceder al sistema de salud, los detenidos están tercerizados por el policía). “En lo propositivo uno puede estar de acuerdo con el sistema. El problema es que sabemos cuál es el estado de los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires y sabemos también cuál es la situación de la flota de vehículos de servicio penitenciario, que tendría que garantizar una descongestión rápida hasta el sistema de salud. Además, hay que tener en cuenta la resistencia de algunos trabajadores del sistema público de salud en brindarle atención médica a una persona detenida”, manifestó. Otro de los ejes conflictivos que reconoció el orador es el vinculado con los malos tratos, es decir tratos crueles, inhumanos o degradantes a la persona. Hizo referencia a un relevamiento trimestral que funciona desde el año 2000, que evidencia los casos de tortura dentro de los penales de la PBA. “Informado de forma trimestral, recibimos en promedio entre 350 y 400 casos de personas que le comunican a su defensor que habrían vivenciado algún maltrato”, destacó. En los últimos años, hubo un aumento cuantitativo de casos de personas victimizadas menores de 18 años cuando el sujeto denunciado es un miembro de la fuerza de seguridad policial, agregó el orador. En la misma línea, Lorat argumentó que todos estos conflictos se dan bajo la falta de declaración de responsabilidad de los culpables, es decir la impunidad. “En el año 2015 la defensoría general de Mercedes hizo un trabajo específico sobre las personas que habían denunciado malos tratos en el departamento judicial de Mercedes, y de las 57 denuncias que oficialmente se radicaron, ninguna se elevó a juicio”, expresó.