Seminario sobre exenciones fiscales, desigualdad y derechos humanos
Horacio Corti y Marie-Christine Fuchs
El 19 de septiembre en la Sala Vélez Sarsfield, el Centro de Derechos Humanos, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la Fundación Konrad Adenauer Stiftung, el International Budget Partnership y el Centro de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Derecho (UBA), organizaron un seminario sobre exenciones fiscales, desigualdad y derechos humanos.
Al inicio, Marie-Christine Fuchs brindó unas palabras de bienvenida y destacó quela actividad apuntaba a un objetivo estratégico como es la inclusión del enfoque de los derechos humanos de las políticas públicas en la región: “Si bien el tema que nos convoca se refiere principalmente al abordaje analítico de las exenciones fiscales en diversos países latinoamericanos, para el programa es fundamental promover no solamente un discurso puramente jurídico sino perspectivas interdisciplinarias que permitan generar un diálogo constructivo, enfocar en el impacto de estas medidas en la igualdad y la garantía de los derechos humanos”.
La primera mesa se enfocó en la temática de “Los derechos humanos y la política fiscal. Avances en la incorporación de la perspectiva de derechos. Estándares internacionales”, en la que expusieron Christian Courtis (Oficina de Alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y CEPAL), Sergio Chaparro (Centro para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y Horacio Corti (Centro de Derecho Tributario y Financiero de la Facultad de Derecho - UBA, docente de derecho tributario - UBA, titular del Ministerio Público Fiscal del Ministerio Público de la Defensa - CABA).
En primer lugar, Christian Courtis indicó que un posible punto de entrada para el tema lo ofrece el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que exige a los Estados agotar medidas hasta el máximo de los recursos disponibles para realizar progresivamente los derechos incluidos en el mismo. Y sumó que “El Comité en eso ofrece por lo menos dos pistas importantes. La idea no del análisis del máximo recursos disponibles en abstracto sino en relación con si están o no realizados los derechos. Y lo segundo, es que el artículo 2.1 habla de revisión progresiva de los derechos y abre el parámetro de analizar en qué medida el Estado progresa en la realización de los derechos y el requerimiento de alguna metodología para medir eso”.
Luego comentó que “en los últimos diez o quince años ha habido un avance interesante en la metodología de indicadores que incluyen variantes cualitativas y cuantitativas para medir el progreso de la realización de los derechos sociales en el ámbito latinoamericano”. Y añadió que otro aporte importante lo representan “una serie de economistas que han intentado trabajar con el lenguaje normativo del pacto para pensar cómo usar interdisciplinariamente los ciclos de economía, la política fiscal y la política pública para leer esta idea del máximo de los recursos disponibles”.
Por su parte, Sergio Chaparro afirmó que “a nivel global, la austeridad se convirtió en la norma en las políticas fiscales que se han implementado hoy de manera extensiva en distintas partes del mundo con posterioridad a la crisis financiera de 2008”. Y agregó que “las personas cuyos derechos son afectados a diario en distintas partes del mundo por políticas de austeridad fiscal son también víctimas de derechos humanos”.
En esa línea argumental, expresó que “esta austeridad puede afectar derechos en diversas formas”. A continuación, presentó la metodología que emplean en el Centro: “Nos concentramos en evaluar cuatro tipos de políticas de austeridad. Algunas de las más frecuentes en el contexto de los programas de ajuste fiscal son los recortes de gastos, los incrementos de impuestos indirectos, el costo de los servicios públicos, las reformas laborales y las reformas pensionales”. “El asunto que nos interesa señalar es cómo todas estas medidas interactúan entre sí para tener impactos acumulados sobre las personas y las comunidades”, aclaró.
Seguidamente, Horacio Corti manifestó que “vivimos un proceso de confluencia de dos procesos históricos jurídicos con respecto a la política fiscal y a las finanzas públicas: uno que tiene que ver con los procesos constitucionales nacionales y otro con el desarrollo de la práctica del derecho internacional de los derechos humanos”. En el proceso de constitucionalización de las finanzas públicas existe un ejemplo paradigmático en la constitución política de la Ciudad de México de 2017 que cuenta con el artículo 5.3 que dispone que “el ejercicio de la hacienda pública se orientará al cumplimiento efectivo de los derechos”.
En materia de derechos humanos, el orador retomó el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos: “Una de las razones por las cuales se generaron dos pactos fue la creencia de que había una diferencia entre los derechos de una y otra categoría. (…) A mí entender se basan en la creencia falsa de que solo los derechos sociales tienen una vinculación causal con los recursos disponibles”. Y argumentó esa afirmación refiriéndose al propio accionar del Comité de Derechos Humanos. “Ante derechos que no tenían nada que ver con los recursos, ciertos Estados comenzaron a decir que no podían cumplir con los estándares de esos derechos civiles y políticos por ausencia de recursos. Está claro que para todos los derechos hay una relación empírica causal, fáctica entre recursos y derechos”, concluyó.
El segundo panel, denominado “Los gastos tributarios o exenciones impositivas”, contó con los aportes de Rafael Flores (Asociación Argentina de Presupuesto), Luciana Díaz Frers (directora nacional de Política Fiscal y de ingresos en el en Ministerio de Hacienda de la Nación Argentina), Alexandre Ciconello (IBP) y Fabiana Shafrik (jueza del fuero Contencioso Administrativo y Tributario, docente UBA – El Salvador).
De la última mesa, dedicada a “La transparencia y el acceso a la información pública sobre política fiscal. Los datos sobre exenciones. El secreto fiscal”, participaron Dalile Antúnez (codirectora de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), Laura Pautassi (especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales y doctora en el área de Derecho Social por la UBA), Martín Sigal (director del Centro de Derechos Humanos de la UBA) y Emilia Mamberti (CIDC – Investigadora).