Seguridad, democracia y Derechos Humanos
Daniel Rafecas, León Carlos Arslanián, Fernando Susini y Eugenio Raúl Zaffaroni
El 11 de octubre último se organizó en el Salón Azul de esta Facultad de Derecho una conferencia sobre la correlación entre la seguridad, la democracia y los Derechos Humanos.
La coordinación del evento estuvo a cargo de Fernando Susini, quien comentó que el encuentro se enmarcó en las actividades desarrolladas por el nuevo Centro para el Estudio y la Investigación del Holocausto, proyecto colectivo que se propone estudiar la experiencia nazi para comprender aquellas condiciones que hacen posibles masacres y genocidios de esta naturaleza.
El Dr. Daniel Rafecas, Juez Federal y Profesor Adjunto de esta Casa, señaló que “la política de seguridad de un Estado de Derecho no puede descansar sobre el eje del sistema penal”. Según el expositor, éstas deben apuntar a garantizar aquellos derechos sociales hoy obviados a pesar de encontrarse reconocidos en nuestro plexo normativo. “El sistema penal tiene un papel secundario en la resolución de estas cuestiones”, aclaró.
En base a ello, se refirió a lo concerniente al sistema carcelario en la Argentina. Mencionó a Michel Foucault destacando sus primeros estudios en la materia. De hecho, su obra Vigilar y Castigar del año 1975 ha sido el puntapié inicial de extensas investigaciones en torno a la estereotipación del cautivo y a la marca de fuego que subyace en toda privación de la libertad y que se vuelve tangible al momento de reincorporarse a la sociedad. “La cárcel, lejos de sus fines declarados, realiza todo lo posible para que los que por ahí transitan, como presos preventivos o como condenados, vuelvan una y otra vez a esa institución total”, explicó. Es una tarea pendiente el intentar que estas instituciones penitenciarias se vuelvan menos violentas, menos corruptas y menos inhumanas a fin de poder atenuar la cosificación del prisionizado y, por ende, su despersonalización.
Por otro lado, advirtió sobre el hacinamiento que reina no sólo en los centros penitenciarios sino también en las propias comisarías que, ante la sobrepoblación carcelaria, suelen ser utilizadas como espacios de detención continuada. En similar tesitura, alertó que las mejoras macroeconómicas de las que la Argentina en estos últimos años se ha visto beneficiada no se han trasladado al ámbito penitenciario
Por su parte, el Dr. León Carlos Arslanián, ex Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, reflexionó sobre el enorme desafío que implica el hecho de ser capaz de compatibilizar democracia y seguridad, especialmente en tiempos de transición entre un período previo de fuertes autoritarismos y otro actual caracterizado por los deseos de consolidar la cultura democrática. Confesó que “son dificultosos estos caminos, son tortuosos estos caminos, de manera que demandan un elevado grado de originalidad, demandan un elevado grado de coraje cívico y demandan también un fuerte acompañamiento social a las acciones que se llevan a cabo”.
“Argentina no terminó su proceso de transición democrática, incluso España que sancionó su Constitución en 1978 está en pleno proceso de transición democrática”, subrayó. Habiendo integrado el tribunal que participó del histórico Juicio a las Juntas, mencionó que aún muchos Estados no han saldado sus deudas en términos de reparación histórica y memoria colectiva. Sin embargo, también es cierto que muchos de estos Estados han trabajado en base a la creación de comisiones de la verdad o de restablecimiento de Derechos Humanos para responder, de algún modo, frente a los aberrantes acontecimientos sufridos por la humanidad en estas últimas décadas.
Finalmente, el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Profesor Titular de esta Casa, comentó que en la actualidad se originan acalorados debates a partir del querer delimitar la función del poder punitivo. Algunos prefieren asimilar el ejercicio del poder punitivo con la posibilidad de proveer seguridad jurídica mediante la tutela de bienes jurídicos. Mientras, otros tantos optan por adjudicarle al poder punitivo la posibilidad de proveer también seguridad jurídica pero mediante la previsibilidad en las conductas de los otros. Los primeros suelen entender al poder jurídico como un elemento de efectos disuasorios cuando, para los segundos, se trataría de una función de normalización, es decir, llevaría tranquilidad a la sociedad y volviendo de este modo más prestigioso al sistema. Resulta interesante detenerse en el hecho de que en ambos casos se presupone sin admitir prueba en contrario que nos encontramos en un estado de racionalidad. Esto último se vuelve coincidente con una visión de la historia que desde una posición algo idealista cree que recorremos a lo largo de los siglos un lento progreso que finalmente desembocará en un Estado de racionalidad pura. Zaffaroni, adjudicándose una postura realista de la historia, puntualizó que el progreso antes mencionado implica la muerte sucesiva de un gran número de seres humanos.
Luego se preguntó: “¿La historia como progreso a quien corresponde?” y seguidamente agregó que tal visión de la historia les corresponde a “los que están en la hegemonía del poder planetario, los muertos en líneas generales, los millones de muertos los tuvimos los que nos quedamos en el margen”.
Examinando las posturas mayoritarias en torno a la finalidad que posee el ejercicio del poder punitivo, expresó que todas ellas usualmente se limitan a lo que se encuentra en el “deber ser”, es decir, a lo que se encuentra ficcionalmente en los ámbitos académicos y no lo que realmente está ocurriendo en la esfera del “ser”.
“La política de seguridad de un Estado de Derecho no puede descansar sobre el eje del sistema penal”, puntualizó el profesor Daniel Rafecas.