Retos y perspectivas de la justicia ambiental
Retos y perspectivas de la justicia ambiental
El 22 de octubre el Centro de Derecho Ambiental organizó la conferencia “Retos y perspectivas de la justicia ambiental”, a cargo del profesor Aquilino Vázquez García, presidente de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas y director del Seminario de Derecho Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM.
Para comenzar, el expositor planteó que “debido a la magnitud de los problemas ambientales que hoy estamos enfrentando, y que se han manifestado no solo por la pandemia sino en las últimas décadas, la sociedad está viviendo tristemente un replanteamiento pero no hemos sido capaces de hacer extender a toda la sociedad cómo se verán afectadas nuestras actividades cotidianas, nuestro modo de vida”. Y agregó que “estamos hablando de alguna forma también del consumismo y eso no es sencillo porque uno de los principios que se van a definir en este concepto es el tan trillado desarrollo sustentable. Tan trillado porque todo el mundo lo menciona, todo el mundo lo dice pero realmente creo que no hemos acabado de abonar y de cimentar lo que debe ser la sustentabilidad”.
En esta misma línea argumental, sostuvo que “hoy en día la parte internacional tiene tantos acuerdos no que no están surtiendo los efectos que deberían de surtir. Deberíamos volver a voltear hacia nuestros propios estados, nuestros propios países para potenciar todos estos convenios, todos estos acuerdos a nivel internacional y buscando el bien común”. Y remarcó que “merece su propia atención el hecho que sistema jurídico de cada país, yo puedo referirme al de México, debe ser actualizado y debidamente sistematizado porque es la única forma que vamos a poder subsanar los vacíos normativos que impiden la adecuada protección, la conservación y, sobre todo, el buen manejo de los recursos naturales”.
En relación con lo anterior, expresó que “a partir de esta actualización debemos de poder definir un nuevo cuadro normativo de cooperación intersectorial para que en ese conjunto, en cada país y de acuerdo con sus respectivas atribuciones y competencias, intervengan para lo que siempre decimos, en primer lugar, prevenir. Que no se olvide que ese es el espíritu de la materia y de la ley: la prevención. Controlar, vigilar, abatir la contaminación, que sean destrozados los ecosistemas”. En ese sentido, puntualizó que “si queremos hablar de todo lo que es la prevención y el control, la vigilancia y la preservación, tienen que surgir nuevas figuras, pero debemos de hacer nuevas figuras que tiendan a la obligatoriedad”.
Luego se dedicó a analizar la cuestión de la impartición de la justicia ambiental a partir de tres vertientes: el acceso, la procuración y la fiscalización y la impartición de justicia como tal. “Este trinomio es indisoluble pero los fieles de la balanza van a ser los procuradores y los fiscales ambientales. Porque uno de los platos de la balanza son los derechos de los ciudadanos y el otro plato es la impartición, entonces la mayor responsabilidad para mí, y es donde debemos seguir apostando desde todos los sectores, sobre todo desde la academia, es en la parte de la procuración y la fiscalización”. Y sumó que “es donde verdaderamente se van a dar todas las nuevas figuras que permitan garantizar el acceso a la justicia y a la impartición de justicia”.
Asimismo, comentó que en muchos países ya existen tribunales autónomos, algunos administrativos como en el caso de Costa Rica y una sala especializada en el Tribunal Federal Administrativo de México. “La contundencia se va a dar una vez que todos estos procuradores, procuradoras, fiscales que están ejerciendo y que han ejercido en algún momento, se tomen en cuenta porque en este cúmulo de experiencias, de sabiduría es donde verdaderamente vamos a encontrar las fortalezas y las debilidades a las que yo hago tanta mención”, indicó.
Vázquez García señaló una serie de acciones que es necesario llevar adelante para lograr un mayor fortalecimiento de las perspectivas constitucionales y así garantizar el derecho a un medio ambiente sano. “La primera sería el Estado debe ser el garante del derecho a toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar tal como lo estamos diciendo, pero el garante es el procurador y el fiscal. En segundo término, sería esa conservación de los recursos naturales susceptibles también de la apropiación de los malos usos”, manifestó. Apuntó a la prevención y control de la contaminación ambiental en cuanto a sus efectos en la salud vinculado al cuidado del medio ambiente conforme al uso de los recursos productivos por parte del sector privado.
Destacó la importancia de la educación ambiental: “Asegurará que la protección del medio ambiente sea un tema transgeneracional. Todo lo anterior si no hay educación, si no hay investigación, si no hay ciencia, no va a tener el sustento que se necesita”.
Finalmente, compartió posibles soluciones para una efectiva justicia ambiental. “Esto debe de realizarse, al igual que dentro de los demás derechos, a través de mecanismos legales previstos por el orden jurídico en cada país”, explicó. Entre ellas comentó el establecimiento de organismos y dependencias públicas de protección y conservación del ambiente, la participación social activa y la aplicación de sanciones.
Por último, afirmó que “la realización del derecho al medio ambiente se convierte de hecho, entonces, en el derecho de su protección al medio ambiente y su contenido esencial, es que el ciudadano individualmente o en unión de otros sea informado de las discusiones que podrían afectar su medio ambiente y pueda participar de la toma de decisiones, y llegado el caso, cuente con recursos suficientes a su disposición”. Y agregó que “los individuos no sólo son acreedores de este derecho frente al poder público, sino que también son deudores frente a la colectividad y frente a otros individuos”.