Reformas de la Ley de Riesgos del Trabajo, su vigencia y constitucionalidad
Liliana Rodríguez Fernández, Mariano Zeballos, Gabriela Mellino, María Lucila Franzosi y Horacio Schick
Con la organización del Centro de Graduados, el pasado 29 de junio en el Aula Magna se realizó la actividad “Reformas de la Ley de Riesgos del Trabajo, su vigencia y constitucionalidad”, la cual estuvo coordinada por María Lucila Franzosi y Mariano Zeballos. Participaron en calidad de expositores Horacio Schick, Gabriela Mellino y Liliana Rodríguez Fernández.
En primer lugar, Horacio Schick comenzó diciendo que “estamos en manos de los jueces para que ellos, cumpliendo su función, decreten las inconstitucionalidades que correspondan a este nuevo engendro jurídico o interpreten la norma en el sentido más protectorio”. Luego manifestó que se utiliza la excusa de litigiosidad para realizar una reforma a la ley que es regresiva y negatoria del derecho de los damnificados. “Se ha creado un escenario catástrofe donde se habla de una excesiva litigiosidad, pero no se habla de la siniestralidad que la ocasiona”, expresó.
Por otra parte, señaló que “la ART ya no es más un ente regulador independiente, como debería ser, sino que se ha convertido en un vocero de las aseguradoras, y es la que quiere controlar el funcionamiento de las comisiones médicas”. Asimismo, sostuvo que al trabajador se lo quiere encerrar en un procedimiento donde no hay un ente controlador independiente, que el Estado ha delegado su función de prevención de los riesgos y no controla. “No necesitamos una ley de prevención, necesitamos que se cumpla con las normas vigentes”, concluyó.
A su turno, Gabriela Mellino expresó que distintos estudios que se fueron haciendo, estadísticas y controles de distintos ámbitos, mostraron que el sistema de riesgos del trabajo no iba a resistir mucho más, iba camino al colapso y eso hubiese perjudicado a todos los actores del sistema: al trabajador, a las ART, a los empleadores, a la sociedad y al interés del Estado. “Si colapsa el sistema, el que se queda desprotegido es el trabajador. Entonces, había una problemática, hay una problemática y hay que resolverla”, enfatizó.
Por otra parte, indicó que el problema de la reparación de los infortunios laborales no es moderno. “Es cierto que hace veinte años tenemos este sistema de riesgos del trabajo que tuvo muchas modificaciones a lo largo del tiempo y muchas de ellas marcadas por resoluciones judiciales, incluso por directrices que terminó dando la Corte Suprema de la Nación”, desarrolló y puso de manifiesto la importancia de resolver el problema de los infortunios en sí mismo porque a ningún trabajador le sirve accidentarse, ni enfermarse, ni tampoco le sirve al empleador o al Estado. “Lo que se trató de hacer con la ley tiende a esta idea”, afirmó.
Finalmente, Liliana Rodríguez Fernández se refirió al Diccionario del diablo, de Ambrose Bierce y la definición de justicia que el mismo expone. “La de justicia entendida como poder judicial y el lugar donde los abogados y los jueces tratan de probar su propia inocencia”, definió. En esta línea argumental, consideró que la reforma a la ley de riesgo de trabajo encuadraría dentro de esta definición.
Por otro lado, afirmó que “el problema central detrás de esto son las personas que se accidentan y como consecuencia de ese accidente ven disminuida su posibilidad de ingreso o ven imposibilitado el ingreso”.
Con relación a la ley de riesgo de trabajo reformada, opinó que no está bien redactada. “El lenguaje es técnicamente inapropiado porque utilizan conceptos que son contradictorios entre sí para referirse a lo mismo”, puntualizó. Seguidamente, agregó que “el legislador tiene una tendencia creciente a preferir que las partes traten de llegar a una resolución del conflicto antes de entrar a una instancia judicial”. En este marco y en cuanto a la forma de resolución de los conflictos que plantea la ley, la oradora expuso: “Mientras que la instancia administrativa no demore tanto el inicio del pleito, en lo personal no veo una cuestión constitucional en el sentido estricto”.
“La ART ya no es más un ente regulador independiente, como debería ser, sino que se ha convertido en un vocero de las aseguradoras, y es la que quiere controlar el funcionamiento de las comisiones médicas”, señaló Horacio Schick.