Protección civil de los niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad a la luz de los derechos humanos
Organizado por la comisión de alumnos a cargo de la profesora María José Lubertino, el pasado 19 de septiembre se realizó un encuentro con expertos en cuestiones de familia y discapacidad con la finalidad de discutir una posible reforma del régimen de capacidad del Código Civil que se adecue a los tratados internacionales. Fueron invitados para contribuir al debate miembros del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y las licenciadas Diana Trumper (Asociación Argentina de Ayuda a la Persona que padece Esquizofrenia - APEF), Ana Dorfman (Departamento de Discapacidad de la AMIA) y Silvia Stuchlik (Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño). La actividad fue auspiciada por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
Antes de comenzar con las exposiciones, la alumna Verónica González relató una investigación realizada por el equipo de estudiantes, que culminará a fin de año en un proyecto de ley de modificación al Código. El objetivo del trabajo consiste en modificar la terminología jurídica utilizada en el Código Civil para actualizarla a la luz de los tratados de derechos humanos suscriptos por nuestro país.
Luis E. Campos, abogado del CELS, trajo a la mesa la relación entre la niñez y los derechos económicos, sociales y culturales. Sostuvo que en el ámbito jurídico hay demasiados prejuicios que se traducen en mitos sin ningún asidero en la realidad.
De esta manera, desmintió que los derechos económicos y sociales sean caros. A su vez, sugirió dejar de pensar que el Estado sólo puede garantizar mediante acciones positivas, cuando lo cierto es que también puede hacerlo simplemente destrabando obstáculos. También propuso terminar con el mito que sostiene que los derechos sociales sean imprecisos o que no existan medidas idóneas para garantizarlos puesto que existe jurisprudencia de sobra en la materia y, en todo caso, se trata de que los jueces hagan un trabajo de interpretación como ocurre con cualquier otro derecho.
La Lic. Diana Trumper instó a trabajar más en conjunto y proponer cosas concretas en vez de mantener una queja constante. Gracias a su experiencia, aprendió que las personas con discapacidades no desean que el Estado les entregue las cosas servidas sino que quieren hacer y construir sus propias herramientas. Así, insistió en trascender las cuestiones de tratamiento y asistencia médica para poder aspirar a una mejor calidad de vida que es lo que realmente importa.
Por su parte, la profesora María José Lubertino dio algunos detalles del futuro proyecto que se proponen elevar junto a los alumnos. “Nosotros nos planteamos reformar todo el régimen de capacidad del Código Civil”, explicó. En ese sentido, han pensado en erradicar los conceptos estigmatizantes de menores, sordomudos e incapaces y eliminar la distinción entre incapaces de hecho absolutos y relativos. También sugirió modificar la categoría de personas por nacer para que no confronte con los derechos sexuales y reproductivos. En otro orden de cosas, Lubertino comentó que una idea central es poder discutir las contradicciones del juicio de insania y modernizarlo a través del régimen de inhabilitaciones. Sin embargo, reconoció que la investigación aún no está concluida y que desean avanzar interdisciplinariamente para lograr un mejor diagnóstico.
Seguidamente, la Lic. Ana Dorfman aclaró que resulta muy difícil que la sociedad logre aceptar e integrar a estas personas y que incluso para los propios padres es traumático. Pero más allá de esa dificultad intrínseca, ve hoy una evolución conceptual que cambia la visión asistencialista del problema hacia una más participativa: “El cambio de paradigma va desde la comprensión de la discapacidad como rasgo absoluto, manifestado únicamente por un individuo, a una expresión de la interacción entre la persona con su entorno”. De ese modo, se rompe con la concepción aislacionista y se incorporan los rasgos culturales. Para Dorfman, “la diversidad debe ser el fundamento para la convivencia social, donde lo primero sea la condición de persona”.
La Lic. Silvia Stuchlik manifestó que la ley tiene que cambiar para ser intérprete de la realidad social, sobre todo en el tema del patronato. “El niño no debe ser visto como objeto de tutela sino como sujeto de derecho”, agregó. También adhirió a cambiar la visión clientelar del Estado. Propuso pasar a un esquema institucional, federal y descentralizado con intervenciones precisas tomando una concepción de política universal. Finalmente, realizó un análisis exegético de las reformas posibles al Código comparándolas con las propuestas hechas por los estudiantes.
Para cerrar el acto se hizo presente el Decano de la Facultad, Dr. Atilio Alterini, quien sostuvo que en temas de Familia la involución de nuestro derecho es manifiesta. Compartiendo su experiencia, advirtió sobre la dificultad de lograr una reforma real siendo que son cuestiones muy sensibles para el sector más conservador de la sociedad.
Sin embargo, insistió en que la universidad pública no puede contentarse con la enseñanza y la investigación, debiendo involucrarse seriamente en los problemas reales porque “es nuestra profesión la que tiene las herramientas para defender la condición humana”. En ese sentido, explicó que precisamente desde el Proyecto Mariano Moreno se propone la confección de un nuevo contrato social que solucione las desigualdades sociales y se vea plasmado en la legislación.
Para concluir, el Decano anunció la creación del área Ampliación de los sujetos de derecho y diversidad multicultural dentro del Proyecto y, sin dudarlo, se comprometió a realizar una publicación que contenga el debate suscitado en la jornada.