Primeras Jornadas Nacionales “Dispositivos Penales Alternativos a la Privación de la Libertad para Adolescentes. Experiencias en nuestro país”
Gabriel Lerner, Gimol Pinto, Gustavo Piantino y Mary Beloff
La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en conjunto con UNICEF Argentina y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, organizaron durante los días 9 y 10 de diciembre las Primeras Jornadas Nacionales “Dispositivos Penales Alternativos a la Privación de la Libertad para Adolescentes. Experiencias en nuestro país”.
La actividad, cuyo objetivo fue la difusión y el intercambio de experiencias de dispositivos alternativos a la privación de la libertad dirigidos a adolescentes menores de 18 años de edad con causas penales por la comisión de delitos, contó con la presencia de funcionarios y equipos técnicos de las provincias que gestionan e implementan este tipo de dispositivos en el territorio nacional.
Durante el acto de apertura estuvieron presentes la Dra. Gimol Pinto, Especialista en Protección de Derechos de UNICEF Argentina; el Dr. Gabriel Lerner, Subsecretario de Derechos para Niñez, Adolescencia y Familia (Ministerio de Desarrollo Social); el Dr. Gustavo Piantino, Director Nacional de Políticas para Adolescentes Infractores; y la Dra. Mary Beloff, Profesora de la Facultad de Derecho y Fiscal General de Política General, Derechos Humanos y Servicios Comunitarios de la Procuración General de Justicia de la Nación.
En primer lugar, la Dra. Gimol Pinto hizo referencia a la importancia de apoyar las distintas piezas del proceso de construcción de un sistema penal juvenil respetuoso de los derechos y garantías de los adolescentes en todo el país. Mencionó los datos del estudio “Adolescentes en el Sistema Penal”, elaborado conjuntamente por la SENNAF, UNTREF y UNICEF, acerca de la aplicación de las medidas no privativas de la libertad. A tal respecto, reconoció como un desafío importante para la implementación del debido proceso y de la aplicación restrictiva de la privación de la libertad, la profundización de las transformaciones legales procesales e institucionales desarrolladas a nivel provincial, además de la reforma nacional pendiente para su adecuación a la Convención sobre los Derechos del Niño. Por su parte, estimó importante contemplar en los procedimientos locales, el grado de conceptualización de las medidas y la posibilidad de las administraciones de organizar oferta de medidas no privativas de la libertad, así como asegurar la participación del adolescente y la garantía de defensa en las distintas instancias. Para concluir, señaló que el avance en el proceso de fortalecimiento de medidas alternativas debería conducir a una disminución del índice de medidas privativas de la libertad generando un mayor respeto a los derechos de los adolescentes en cada jurisdicción.
A su turno, el Dr. Gabriel Lerner vislumbró en el intercambio el eje del encuentro. Luego, se refirió al debate relativo a la resolución de la tensión entre el viejo régimen penal de la minoridad y el paradigma de los derechos humanos instalado en la sociedad. Para expresar la postura del organismo al que representa, afirmó que la construcción efectiva de un sistema penal juvenil que respete sus derechos humanos con cierta eficacia supone al menos cuatro dimensiones de reformas y de intervención: la ley sustantiva; los ordenamientos procesales provinciales; la organización del Poder Judicial, Ministerios de la Defensa y Acusación Pública; y la tarea del Poder Ejecutivo en lo que hace a programas y dispositivos para el cumplimiento de las medidas. En cuanto al trabajo realizado desde la Secretaría para aportar a la construcción del sistema descrito, destacó la intensificación de la colaboración e intercambio con los gobiernos provinciales; el relevamiento sobre el estado de los dispositivos penales; la creación de la Dirección Nacional de Políticas para Adolescentes Infractores y los acuerdos logrados en el marco del Consejo Federal de Niñez. Finalmente, reivindicó el principio de mínima intervención en materia penal, receptado y reafirmado por la Convención sobre Derechos del Niño.
Tras opinar que la manera de plantear la cuestión convocante radica en discernir qué es lo que nuestra sociedad quiere hacer con la situación en que se imputa un delito a un menor de edad, la Dra. Mary Beloff se manifestó sorprendida por la naturalización relativa a la necesariedad de contar con un sistema penal para los jóvenes. Respecto a la asociación entre seguridad y adolescencia, entendió que los serios problemas relativos a la primera no necesariamente tienen que ver con los jóvenes, pero que sí debería ser motivo de preocupación la asociación entre seguridad y adolescencia y derechos humanos. Ello porque si bien los derechos humanos pueden servir para cohesionar elementos aparentemente repugnantes entre sí, se corre el riesgo de generar confusión y liviandad en el enfoque. Por otra parte, estimó que es urgente construir un marco teórico nuevo para abordar la problemática. Seguidamente, aseveró que la distorsión en el adiestramiento técnico resulta muy preocupante a la hora de ponerle contenido a la política. Cerca del final de su exposición, indicó que, en lo atinente a la política pública, a excepción de Estados Unidos y el Reino Unido, en el resto del mundo desarrollado la incorporación de los Tratados no se interpretó como dos modelos en confrontación. Se trata de modelos más orientados al bienestar de los niños, del que se desprende el modelo de respuesta penal. Para finalizar, argumentó que si en nuestro país es preciso discutir el modo de respuesta adecuada y justa en término de todos los derechos humanos del niño, a la imputación de un delito a un joven, la respuesta debe traducirse en una política pública que tiene un altísimo componente de transformaciones institucionales, capacitación y un mínimo de componente legal.
Los funcionarios y los equipos técnicos de las provincias integraron las comisiones de trabajo que versaron sobre la organización de los dispositivos penales juveniles alternativos a la privación de la libertad; los criterios técnicos de admisión y permanencia de los jóvenes y su acceso a derechos en este tipo de dispositivos; y la importancia de la articulación con recursos y actores de la comunidad para el egreso de los jóvenes del sistema penal.
Luego de las dos jornadas de exposición de experiencias y subsiguiente trabajo en talleres, el día 10 de diciembre tuvo lugar el acto de cierre, en el cual se dirigieron a los asistentes la Secretaria Nacional de Niñez Adolescencia y Familia, Lic. Marcela Paola Vessvessian, y el representante de UNICEF en Argentina, Ennio Cufino.
En primer lugar, la Lic. Marcela Paola Vessvessian propuso enfocar la temática desde un paradigma de esperanza y una mirada colectiva. En este sentido, subrayó que se está generando un compromiso de transformación que no puede materializarse de un día para el otro, sino que constituye un proceso permanente. A su vez, consideró clave pensar, desde el mismo momento en que el adolescente entra en alguno de los dispositivos o instituciones, en el día del egreso. “Esos adolescentes requieren de un fuerte acompañamiento del Estado, que debe recuperar su autoridad social”, sintetizó.
Para concluir, declaró que, de acuerdo con su visión, desde el Ministerio y la Secretaría se trabajará por un modelo de país donde los ejes estén trazados por la perspectiva de derechos humanos, la territorialidad, la organización social y la generación de oportunidades para la transformación y la generación de proyectos de vida alternativos.
Por último, Ennio Cufino remarcó que la razón principal de UNICEF para existir es la esperanza en el cumplimiento para todos los niños de todos sus derechos. En lo concerniente a la temática de las jornadas, opinó que la construcción de un sistema penal juvenil debe ser una materia destacada en la agenda y la planificación en el nivel provincial en particular. Entretanto, abogó por un sistema respetuoso de los derechos de los adolescentes, eficaz para la disminución de la reincidencia y vulnerabilidades de los adolescentes y generador de oportunidades de inclusión social. Por otra parte, explicitó su pensamiento en el sentido de que la gestión de los servicios penales juveniles no debe pensarse de manera aislada, al tiempo que aseguró que los servicios no privativos de la libertad pueden convertirse en las herramientas fundamentales y concretas de transformación del sistema penal. “Los aniversarios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del retorno de la democracia en Argentina alienta a repensar esos procesos”, concluyó.