Primer encuentro de Prestadores de Servicios Jurídicos Gratuitos
Javier Lancestremere, María Fernanda Rodríguez, Marcelo Gebhardt, Gabriel Astarloa, Yael Bendel, Silvina Pennella y Juan Pablo Magri
Javier Lancestremere, María Fernanda Rodríguez, Marcelo Gebhardt, Gabriel Astarloa, Yael Bendel, Silvina Pennella y Juan Pablo Magri
Primer encuentro de Prestadores de Servicios Jurídicos Gratuitos
Primer encuentro de Prestadores de Servicios Jurídicos Gratuitos
En el Salón Azul, el pasado 28 de noviembre se realizó el “Primer encuentro de Prestadores de Servicios Jurídicos Gratuitos”, denominado “Estrategias de coordinación e intervención para mejorar el acceso a la justicia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. La actividad fue organizada conjuntamente por la Facultad, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la Procuración General de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa de la Nación, la Procuración General de la CABA, el Ministerio Público de la Defensa (CABA), el Ministerio Público Tutelar (CABA) y la Defensoría del Pueblo (CABA).
En primer lugar, el vicedecano Marcelo Gebhardt sostuvo que “la Facultad tiene un mandato, lo vive como tal, que se vincula con el principio de extensión universitaria que incluso tiene origen en la centenaria Reforma Universitaria que recordamos este año: el mandato de acercarse a la comunidad porque es ella la que le da vida. Y cuando una facultad de derecho se acerca a la comunidad tiene que hacerlo por el camino que estamos encarando”.
En tanto, Gabriel Astarloa, procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destacó que “hay dos circunstancias que nos llevan necesariamente a reafirmar la tarea que venimos haciendo. Primero, nuestras convicciones democráticas y republicanas. Si somos una democracia y queremos vivir en una democracia, eso implica que todos tenemos que tener los mismos derechos y las mismas obligaciones”. Y añadió que “por otro lado, siendo servicios jurídicos gratuitos los que prestamos, también nuestra condición de abogados, nos lleva a trabajar también para que efectivamente los más débiles, los más vulnerables, los que tienen menos posibilidades puedan también tener esta igualdad”.
Por su parte, Yael Bendel, asesora general tutelar del Ministerio Público Tutelar de la CABA, destacó la creación del Hospital de Derechos. “Tiene que ver con empezar a articular seriamente entre nosotros y dejar de fragmentar a las personas, para que las familias que se nos acercan dejen de ser pedazos de derechos, donde cada uno resuelve un derecho en una oficina distinta, con un papelito de derivación. Realmente que vaya a un lugar y que ahí resuelva todos los problemas que tiene”, sostuvo.
A continuación, la secretaria general de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Silvina Pennella se refirió al derecho de acceso a justicia: “Sabemos que la tarea es difícil y estamos convencidos que garantizar este derecho no requiere únicamente el ampliar la oferta de servicios jurídicos existentes. Es necesario desarrollar estrategias de articulación inteligente que nos permitan evitar, por ejemplo, superposición de recursos que siempre son escasos, detectar e identificar aquellos lugares donde estos recursos son necesarios y hoy no existen. Necesitamos ámbitos como estos que nos permitan repensar herramientas, repensar abordajes, repensar políticas públicas en materia de acceso a la justicia”.
Seguidamente, el director de la Oficina de Orientación al Habitante de la Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Pablo Magri, destacó que el Ministerio de la Defensa de la Ciudad tiene más de treinta sedes descentralizadas, la mayoría en la zona sur de la Ciudad, donde se detectaron las mayores necesidades en términos habitacionales, de salud y educación. “A la vez también participamos de las mesas de trabajo y mesas de red en los barrios para poder familiarizarnos y estar profundamente consustanciados con las problemáticas que viven los vecinos. Es sumamente importante para cualquier institución que proponga brindar un servicio jurídico en la ciudad”, concluyó.
A su turno, Javier Lancestremere, secretario general del Ministerio Público de la Defensa, planteó que “garantizar el derecho de acceso a justicia de personas, y en particular de las personas vulnerables o en condiciones de vulnerabilidad, es no solamente el deber legal, el primer mandato que tiene la defensa pública, que está en el artículo primero de nuestra unidad orgánica, sino que también está en el seis, en la médula del trabajo cotidiano de los defensores y las defensoras plurijudiciales”. En ese sentido, comentó sobre los programas especiales con los que cuentan en el organismo para migrantes, refugiados, personas con discapacidad, víctimas de delitos, personas privadas de libertad, género, niños, niñas y adolescentes.
Para finalizar, la subsecretaria de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, María Fernanda Rodríguez, reconoció el informe que realizó la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: “Fue el primer enfoque diagnóstico. Fue el que nos mostró con claridad que teníamos en la ciudad más de setenta prestadores de servicios jurídicos. Y esto, sin duda alguna, refleja cuál es la problemática que tiene un centro urbano, poblacional, donde hay mucha cantidad de recursos, que seguramente difiere de la estrategia de acceso a justicia que tendríamos que llevar en lugares donde hay aislamiento poblacional y también mucha pobreza estructural”.