Presentación pública de la creación del Registro Nacional de Casos de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes
Alcira Daroqui, Francisco Mugnolo y Hugo Cañón
El 30 de marzo la Procuración Penitenciaria de la Nación, el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria y el Grupo de Estudios del Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA llevaron a cabo la presentación pública de la creación del Registro Nacional de Casos de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes. En el acto, que tuvo lugar en el Salón Azul, estuvieron presentes la Decana de la Facultad de Derecho, Dra. Mónica Pinto; el Procurador Penitenciario de la Nación, Dr. Francisco Mugnolo; la representante del Instituto Gino Germani, Lic. Alcira Daroqui; y el Co-presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Dr. Hugo Cañón.
En primer lugar, la Decana Dra. Mónica Pinto explicó que no es políticamente correcto asumir que se tortura, o que se pueden realizar tales actos, y así “la búsqueda de argumentaciones que puedan decir que lo que claramente es tortura no lo es, es una de las estrategias más utilizadas en los últimos años en distintos lugares del mundo para poder maquillar o disfrazar lo que son claramente casos de tortura”.
Seguidamente, aclaró que otras instancias han considerado cabalmente como acto de tortura y como una práctica de tortura sistemática la situación en la cual se ven involucradas las mujeres cuando son objeto de violación continua y sistemática por parte de quien tiene a su cargo su custodia.
Luego, agradeció a las tres entidades por presentar el proyecto en esta Facultad que, desde la reformulación de su plan de estudios con el establecimiento democrático, tiene un trabajo incesante en materia de derechos humanos como parte fundamental en la formación de abogados.
Finalmente, comentó que la existencia del registro de actos de tortura debería jugar dos funciones: “el tratamiento adecuado del caso de tortura con todo lo que esto supone dentro del esquema normativo de un país, la determinación y el deslinde de consecuencias no solamente para los autores mediatos sino también para aquellos que pudieran estar mediatamente tomando parte en la concepción de una política más grande de actos de tortura; y, por otro lado, debería servir como un elemento de prevención”, aseguró.
Posteriormente, el Procurador Penitenciario, Dr. Francisco Mugnolo, consideró que “todos aquellos que formamos parte de una actividad que tiene contacto con la práctica de la tortura en la privación de la libertad, nos cruzamos permanentemente con el conocimiento de estas prácticas; y nosotros como institución, pensamos que el Estado sólo no alcanza”.
De este modo, afirmó que la realidad a la que se pensó dirigir la idea de instrumentar el registro tenía un universo -la Provincia de Buenos Aires y el sistema Federal con que se opera- que presentaba casi el 63% de la población privada de la libertad, por ende “deberíamos tener con la Provincia una tarea de vínculo, que la estamos llevando adelante, para aunar las experiencias de ir incorporando la fuerza de otras agencias estatales, de las organizaciones y de la sociedad civil, para poder llevar adelante eficazmente las tareas”.
Así, dijo que se comenzó a requerir datos a los juzgados, sobre denuncias de casos de tortura que no hayan llegado al conocimiento de la Procuración Penitenciaria y como resultado se obtuvo que en la Policía Federal existían numerosos casos de tortura. Además, al cruzar los datos resultó que en ciertas comisarías se realizan estas prácticas más que otras.
Concluyentemente, añadió que el Registro tiene el propósito de ser un dato público, ya que “esto tiene que ser algo que nosotros lo tengamos para todos y para que entre todos podamos operar ante este flagelo, siendo una de las degradaciones mayores de la humanidad, que es la práctica de la tortura”.
A continuación, la Lic. Alcira Daroqui aseguró que el Registro nace con la idea clara de transformación, no sólo enunciativa, y también afirmó que debe haber cierta prudencia al momento de diferenciar las etapas en que éstas prácticas se aplicaron, por lo tanto “tenemos una larga tradición en la tortura y una menor tradición en la lucha contra la tortura”.
Por su parte, opinó que el carácter del Registro debe ser el de ocupar una parte importante en la agenda de los derechos humanos y, a su vez, debe en el marco de la defensa de un Estado de Derecho, defender los derechos humanos, sin olvidar que “trabajar concretamente sobre los actos aberrantes que comenten las fuerzas de seguridad del Estado, es garantizar un Estado de Derecho que nos permita pensar que la democracia no se construye sólo en términos de una retórica progresista”.
Finalmente, sintetizó que construir un Registro Nacional de Tortura no sólo partió de una deuda del Estado sino que estaba programado hace tiempo dada la necesidad de generarlo para dar a conocer la dimensión y para que se constituya en un espacio al que se lo pueda estar nutriendo permanentemente de información.
Luego, el Dr. Hugo Cañón resumió que cuando se habla de la naturalización de la tortura “es una encarnadura necesaria que tenemos que realizar para saber de que estamos hablando; al salir de la dictadura y cuando fueron juzgadas las primeras juntas, había un clima muy fuerte que llevo a que el gobierno constitucional de la época lograra la sanción de una ley, modificando el Código Penal, y logrando que el tope de penalidad en casos de tortura sea igual al de homicidio”, comentó.
En consecuencia, indicó que se pueden tener grandes normas jurídicas o enunciaciones de tipo programático pero, sin embargo, en la practica carecen de efectividad porque los operadores del sistema judicial o del propio Estado no se hacen cargo de la problemática y niegan la existencia del problema cayendo “en esa red de persecución penal solamente un sector social: los desplazados, los marginados y los pobres que habitan las cárceles de la Provincia de Buenos Aires”.
Hacia el final, subrayó que el Registro compromete la existencia, los principios y los valores porque no se puede tolerar el discurso que atenta contra las formas de convivencia democrática y civilizada de una sociedad, pues “al ser un discurso instalado, no podemos hacernos los indiferentes y mirar para otro lado” y, a su vez, tiene que ver con la historia y con la memoria.