Presentación del libro La agenda emergente de las políticas sociales. Movilidad urbana, cuidado y violencias de género
Presentación del libro La agenda emergente de las políticas sociales. Movilidad urbana, cuidado y violencias de género
El 29 de marzo se llevó adelante la presentación del libro La agenda emergente de las políticas sociales. Movilidad urbana, cuidado y violencias de género.
La obra es el resultado de un Proyecto de investigación PDTS de tipo interdisciplinario que tuvo como preocupación la producción del territorio en la región metropolitana de Buenos Aires, el transporte conjuntamente con la identificación de los patrones de acceso a la infraestructura urbana por género y estrato socioeconómico, los obstáculos o facilitadores del cuidado, las múltiples violencias y los programas sociales. En la investigación participaron las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, la Universidad de San Martín y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.
Con la coordinación de Laura Pautassi, Andrea Gutierrez (investigadora CONICET y directora del Programa de Transporte y Territorio, Facultad de Filosofía, UBA), Pilar Archidiácono (especialista en Gestión de Políticas Sociales, magíster en Políticas Sociales, doctora en Ciencias Sociales e integrante del Grupo de Trabajo Interdisciplinario y Políticas Públicas del Instituto Gioja) y Laurana Malacalza (Subsecretaría de Abordaje integral de las violencias por razones de género, Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades. Docente de la UNLP y UNICEN) brindaron una serie de comentarios.
Organizaron el Grupo de Trabajo Interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas (Instituto Gioja), el Instituto del Transporte y Centro de Estudios sobre democratización y Derechos Humanos de la UNSAM y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).
Para comenzar, Laura Pautassi destacó que “uno de los tantos resultados del proyecto era precisamente poner en agenda estas temáticas que nos comprometían en relación con esta agenda de investigación que se resume en este título, donde estamos poniendo en el acto esta agenda de investigación, pero que además también proponía una línea de trabajo conjunto, una línea de trabajo con decisores públicos, con decisores legislativos y además también con operadores judiciales”. Luego mencionó a cada uno/a los/as autores/as del libro: Pilar Archidiácono, Ángeles Bermúdez, Julián Bertranou, Lucía Capelli, Graciela Di Marco, Carla Galeota, Gustavo Gamallo, Natalia Gherardi, Lucía Martelotte, Natalia Neri, Valeria Tallarico y María Andrea Voria.
A continuación, Andrea Gutiérrez se refirió a ciertos aspectos de la obra vinculados al transporte y la movilidad.
En primer lugar, se repuso el contexto de producción de la obra: “La investigación como transferencia social es algo nuevo. O sea, cuando yo era más joven esto no existía. Y habla de un nuevo contexto institucional que apunta a recuperar la investigación como un proceso que no es exclusivo de la academia ni mucho menos y en el cual es sumamente necesario e indispensable articular con otros actores múltiples y diversos”. En ese sentido, remarcó que “la cuestión de género no es solamente una cuestión de agenda para nosotros, sino que es parte de una experiencia de vida para las investigadoras o profesionales que trabajamos en estos temas. Es un campo que históricamente fue predominantemente masculino”.
El capítulo al que se refirió tiene como eje central la cuestión de la accesibilidad a los centros educativos del área metropolitana. En ese marco, recuperó tres aspectos con respecto a la metodología, a los hallazgos y a los aportes de una agenda de políticas sociales sobre transporte y movilidad. “Se observan los viajes por estudio, que en el campo del transporte y la movilidad son esos motivos de viaje poco prestigiosos. Siempre es la movilidad por trabajo, la cuestión de la reproducción económica la que tiene y ha tenido tradicionalmente más énfasis”.
Otra cuestión que consideró relevante es que se trabajó con distinción por grupos etarios. “Esa es otra decisión metodológica que también ilustra un enfoque de pensamiento, observando cómo la movilidad y las condiciones de acceso a derechos son diferentes a lo largo del ciclo de la vida. Y esto particularmente lo han destacado muy bien los cortes que corresponden a la educación inicial, primaria y secundaria”. Asimismo, comentó que los viajes suelen ser la unidad de análisis de este tipo de estudios. “En este caso, ellos trabajan con el hogar como unidad de análisis y eso les ha permitido recuperar estos viajes asociados al cuidado, o sea, no solo el viaje del estudiante en el acceso o a la accesibilidad a los centros educativos, sino también el de quienes los acompañan, dando cuenta justamente ahí de un lazo importante”.
Seguidamente, ponderó la utilización de una fuente como la Encuesta de Movilidad Domiciliaria de 2009/2010. “Esto tiene un valor muy significativo y son fuentes de datos oficiales que si bien hoy ya tienen unos cuantos años, el censo también los tiene, siguen siendo irremplazables para conocer tendencias macro de toda la diversidad de modos de transporte y motivos de viaje y distintas edades a un nivel estadísticamente representativo”, indicó. En relación con lo anterior, señaló la importancia de la observación de las diferencias territoriales de estos comportamientos. “Requiere ser observado en el territorio, independientemente de las características de los grupos sociales”, aseguró. Por último, se refirió a la política de subvención tarifaria al transporte público y al transporte escolar como servicio.
En tanto, Pilar Archidiácono abordó el capítulo de su autoría junto con Ángeles Bermúdez sobre programas sociales y economía social. En ese sentido, planteó que es interesante “traer a la discusión una línea de trabajo que en el equipo de investigación, tanto nosotras como muchos de los colegas que están aquí presentes vienen trabajando, que es el mundo amplio de las transferencias de ingresos que hace ya 30 años ocupan parte central de la política social argentina”.
Su trabajo se dedicó a analizar el programa de contraprestaciones “Ellas hacen”, creado en 2013 y dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, desde una visión ampliada: “No consideramos la transferencia de ingreso ni en esta producción y en general en el equipo, en las distintas producciones, en las tesis, en las investigaciones, solamente acotadas a los programas condicionados de transferencia de ingresos –los viejos PTCI que conocimos y estudiamos– sino que tenemos una visión ampliada para comprender este universo diverso”.
La pregunta que atraviesa esta investigación tiene que ver con cómo asegurar ingresos de la sociedad de mercado, en sociedades capitalistas, cuando la inserción en el mercado de trabajo bajo la modalidad del trabajo asalariado no es accesible para todos. “Más allá de este programa, hecho para mujeres con más de tres hijos o mujeres que atraviesan situaciones de violencia, en un sentido muy amplio –tanto como la ley lo indica– son programas con orientación familiarista y altamente feminizados”, señaló. Asimismo, ofrecen montos inestables que dan cuenta de una pérdida de potencial desmercantilizador del poder adquisitivo de las prestaciones, al mismo tiempo en que estos programas se van concatenando. Otra característica de estos programas es su componente trabajista asociado a la fortaleza simbólica y material que ha tenido el trabajo como organizador social en la Argentina.
Archidiácono puntualiza que el programa “Ellas hacen” crea grupos precooperativos y las tareas de contraprestación se vinculan a la terminalidad educativa o la capacitación: “El contenido de estas capacitaciones, que intentan disputar los estereotipos de género en el marco de aquello que se ofrecía, rompiendo con la lógica de los programas sociales de muchos de los programas, no todos, pero muchos de los programas sociales de transferencia de ingresos que en general dejaban a las mujeres la tarea de peluquería y cocina como parte de los esquemas capacitadores conocidos”.
Por otro lado, aludió a las contraprestaciones y condicionalidades de este programa. “Las mujeres receptoras del programa son mujeres que además reciben la Asignación Universal, es decir, son mujeres que de alguna manera son interpeladas por distintos tipos de requerimientos para cobrar, porque además de la Asignación Universal que implica la exigencia –condicionalidad de salud y educación para sus hijas e hijos–, tienen todo este pool de actividades que son requeridas por parte del Estado”. En este marco, se preguntó sobre el repertorio de políticas que ofrece el Estado para sostener estas tareas. “La realidad, en general, es que la respuesta suele ser una respuesta autoconvocada por parte de las mujeres. Suele resolverse por el lado de la informalidad de aquellas burocracias callejeras, aquellas capacitadoras o capacitadores que operan esos espacios y que logran de alguna manera que las mujeres vayan a cursar con sus niños, con sus niñas. Pero no hubo andamiajes, no andamiajes estatales que pudieran ofrecer ese respaldo”, aseguró.
Finalmente, enfatizó la necesidad establecer vínculos con el mundo cooperativo tradicional: “Los que vemos programas sociales, a veces, vemos programas sociales y nos olvidamos entonces de recuperar todo el acervo que hay del mundo cooperativo hace muchísimos más años que el mundo de los programas sociales. Y ahí está todo el universo de las cooperativas sociales que nosotras reponemos algo de la discusión de la OIT, la Alianza Cooperativa Internacional, SICOPA, es decir, actores organizados que están reaccionando a las discusiones sobre cooperativas sociales”.
A su turno, Laurana Malacalza reconoció el valor de enfocar el tema de las violencias de género en el marco de las políticas sociales. “No es un dato menor por la forma en la que se ha venido siempre enfocando las problemáticas de la violencia de género, mucho más pensadas en términos de política securitarias, en políticas que han abordado el abuso, la violencia de género en clave judicial y policial”, afirmó. Y agregó que “ese parecería ser el debate en el que se viene enmarcando incluso el propio feminismo: de repensar esa tensión entre violencia de género y punitiva, como si fuese de alguna manera una encrucijada en la que es muy difícil de sobrellevar”.
Por otra parte, sostuvo que “la segunda gran dimensión que muestran estos tres artículos que componen la última parte tienen que ver con esta posibilidad de pensar el Estado como un campo de disputa donde estaba atravesado por múltiples tensiones, múltiples contradicciones y múltiples ambivalencias que permiten de alguna manera ir disputando sentidos dentro de las definiciones de las políticas públicas, ir disputando también formas de ejecutar esas políticas públicas”.
La expositora remarcó la predominancia de la agenda de cuidados en el libro. “Ese concepto del cuidado que tensiona la forma en que se ha pensado las políticas en materia de violencia de género y que se ha pensado la gestión estatal en materia de violencia de género es clave para buscar estos intersticios que nos permitan encontrar otras respuestas a las formas de gestionar desde el Estado las definiciones de políticas públicas en materia de de violencia de género que rompan con ese paradigma securitario”, subrayó.
En ese sentido, señaló que es necesario “encontrar salidas individuales a la violencia de género, ese concepto tan fuerte en las primeras definiciones de las políticas y de los planes contra la violencia de género. Esta salida individual como una una promoción por parte del Estado de encontrar salidas individuales”. Y aludió al trabajo en los espacios de protección.
Malacalza afirmó que el paradigma securitario de abordaje estatal de las violencias ha entrado en una enorme crisis y se refirió al abordaje integral de las violencias. “Hay muchas enunciaciones en torno a la integralidad, pero también enunciaciones múltiples y un debate que es fundamental darlo al interior del Estado, al interior de los feminismos y también al interior de los campos académicos o de investigación”, aseveró. “Parecería que uno de los aspectos que se está pensando es promover la autonomía de las personas en situación de violencia de género. La integralidad vendría a generar las condiciones de alguna manera materiales o las condiciones también de abordaje estatal que promuevan la autonomía de las personas en situación de violencia de género”, enfatizó. Y retomó el trabajo de Andrea Voria incluido en el libro: “Ahí entramos otra vez en ciertas disyuntivas que el trabajo Andrea trae con poniendo mucha luz sobre esta instancia de cómo pensar programas que promuevan la autonomía sin caer o sin volcarnos en situaciones de reforzar determinados roles y determinadas tareas esencialistas que ocupamos las mujeres”.
Planteó la necesidad de transversalizar la perspectiva de género en todos los ámbitos estatales y promover desde el Estado nacional articulaciones con los gobiernos provinciales y municipales. “Me parece un componente más de tener en cuenta en el análisis de cómo ir generando estas estas políticas y además con un movimiento feminista y organizaciones feministas con una enorme demanda y agenda de participación en la definición de estas políticas públicas”, aseguró.
A continuación, comentó sobre las políticas de protección por parte del Estado. “Ahí hay un gran punto para discutir y repensar qué tiene que ver con la viabilidad de esos espacios de protección completamente desarticulados de otras instancias que se generan en el abordaje de las situaciones de violencia de género. Yo creo que el gran problema de esos espacios tiene que ver con no generar, no solamente procedimientos, instancias que generan una mayor institucionalización y una mayor vinculación con otros ámbitos del abordaje integral o de un abordaje más integral de las situaciones de violencia, sino de no promover la autonomía”, subrayó. Por último, dedicó unas palabras a las dificultades en el acceso a la justicia de las personas en situaciones de violencia de género.