Presentación del Informe 2006-2007 elaborado por el Comité contra la Tortura sobre las violaciones a los Derechos Humanos en los lugares de detención de la Provincia de Buenos Aires
El 7 de abril se llevó a cabo en el Salón Verde de la Facultad de Derecho la presentación del informe 2006-2007 titulado “El sistema de la crueldad” realizado por el Comité contra la Tortura sobre las violaciones a los Derechos Humanos en los lugares de detención de la Provincia de Buenos Aires. El evento fue organizado conjuntamente por el Centro de Estudios de Ejecución Penal del INECIP y el Departamento de Derecho Penal y Criminología de nuestra Facultad y contó con un panel compuesto por el Dr. Hugo Cañón, Presidente de la Comisión Provincial por la Memoria y Fiscal General Federal de Bahía Blanca; el Dr. Roberto F. Cipriano García, Coordinador del Comité contra la Tortura; y Cristian López Toledo, ex-detenido que fue comprobado judicialmente que fuera torturado mediante la aplicación de descargas eléctricas.
El Dr. Hugo Cañón, recordó que la creación de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires se enmarcó en las estrategias de los organismos de Derechos Humanos en aras de lograr quebrar la política de olvido e impunidad promovida por el Gobierno de Menem y que la institución asumió la responsabilidad de custodiar y desclasificar los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía provincial. Por otra parte, destacó que desde los inicios se promovieron múltiples instancias de trabajo y debate con diversos actores sociales en la búsqueda de la generación de espacios de encuentro entre el pasado y la sociedad civil, entre el Estado y los protagonistas de esa sociedad civil. Seguidamente, dijo que si es en el pasado donde exclusivamente alojamos el horror, su reminiscencia sería más historia que memoria, más conservación que resignificación. Es por eso que la Comisión por la memoria y el Comité contra la Tortura “vienen realizando el seguimiento de lo que ocurre en lo que hemos llamado campos de concentración en la Provincia, denominación que espantaba al ex gobernador Solá (...) pero que si se analiza la forma de enclaustramiento de los detenidos, su hacinamiento, tortura y asesinato se llegará a la conclusión de que forman parte de un sistema de la crueldad”, concluyó. Por último, indicó que la reversión de aquél es dificultosa, pero posible y manifestó, que para lograr aquel objetivo, deviene indispensable una voluntad política de cambio real.
El Dr. Roberto F. Cipriano García tuvo a su cargo la presentación del tercer informe del Comité contra la Tortura y analizó los datos que surgían. Preliminarmente, sostuvo que es propuesta del Comité instalar la visión de la problemática del encierro inscripta en los padecimientos de grandes sectores excluidos. En ese marco, entendió que la situación actual se tiene su origen en una corresponsabilidad de los tres poderes del Estado bonaerense. Respecto al Poder Ejecutivo, deploró que el saliente gobierno del Ing. Felipe Solá no haya traducido a la práctica el fervoroso discurso a favor de los Derechos Humanos que manejaba en el plano de la teoría, y aseveró que la finalizada gestión del Ministerio de Justicia sólo dejó una sistemática violación a los Derechos Humanos en los lugares de encierro. Por otra parte, comentó que se institucionalizaron nuevas formas de tortura, se encubrieron a acusados por realizar aquellas prácticas y no fue desmantelada la corrupción estructural del Servicio Penitenciario. Deploró, asimismo, la sistemática actitud negatoria del Ejecutivo provincial. Por su parte, lamentó la connivencia registrada en el marco del Ministerio Público y el hecho de que sean perseguidas aquellas personas que efectivamente deciden enfrentarse con el problema. Sin embargo, destacó la existencia de resoluciones de la Suprema Corte provincial que permiten al comité contar con un caudal importante de información. En cuanto a la responsabilidad del Poder Legislativo, enfatizó en los errores en que incurrió con las constantes reformas efectuadas al Código de Procedimientos. Seguidamente, refirió a las cifras surgidas del informe presentado y destacó la negación de información de diversa índole por parte del 55% de los juzgados, así como la inexistencia de investigaciones en lo atinente a las “muertes traumáticas” de los internos (producidas por causas no naturales, según la clasificación del Servicio Penitenciario) y el exponencial aumento, durante la última parte del período contemplado por el informe, de los suicidios. Por otra parte, ilustró la carencia de medios de infraestructura y de respuestas para prevenir y combatir de manera eficaz los siniestros. Asimismo, analizó la actitud de la Policía Bonaerense en materia de detenidos asesinados por aquella fuerza y resaltó la aparición de patrones comunes, como la deficiencia en la instrucción de las causas, la justificación de las muertes como suicidios o accidentes y hasta la alteración de pruebas y hechos.
A continuación, criticó la subsistencia de una práctica símbolo del terrorismo de Estado que la Policía Bonaerense nunca ha abandonado: la “picana” eléctrica. Informó que ya se ha probado su utilización en dos casos y que se hallan en curso las investigaciones de otros doce. También lamentó la actitud encubridora de las instituciones penitenciarias en lo concerniente a ese tipo de tortura. Finalmente, describió la catastrófica situación de la salud en los penales y el constante ocultamiento de las verdaderas causas de muerte por parte de las autoridades.
Por último, Cristian López Toledo explicó que estuvo detenido y condenado por robo y remarcó que, además, sufrió muchas otras penurias como traslados, golpes, falta de atención por parte de sus defensores. Evocó asimismo las torturas con corriente eléctrica, los golpes y las amenazas que sufrió en la Unidad nº 9 de La Plata. “Al día siguiente de aquel episodio -narró- se acercaron los miembros del Comité contra la Tortura a visitar la unidad, y en ese momento pude hablar con ellos y lograr el traslado”. En su nueva ubicación, empero, denunció que fue apuñalado por un compañero, al cual reencontró varios días después y dos traslados mediante. Al respecto comentó que, cuando le preguntó por qué lo había atacado, su ofensor respondió que le habían ofrecido, si lo mataba, salir en libertad. Luego, fue trasladado a la órbita federal, donde también fue brutalmente agredido y humillado. Finalmente se refirió a los problemas que afronta ante la sociedad por su pasado.