Políticas penales y penitenciarias en EE.UU. durante la administración Trump: rupturas y continuidades
Políticas penales y penitenciarias en EE.UU. durante la administración Trump: rupturas y continuidades
El pasado 1 de diciembre tuvo lugar la actividad "Políticas penales y penitenciarias en EE.UU. durante la administración Trump: rupturas y continuidades". Organizó el Instituto Gioja y el UBACyT "Prevención de la violencia de género. ¿Qué estrategias se desarrollaron para prevenir los Femicidios y las violencias no letales en Argentina (2015-2020)?".
En este marco, expuso la profesora Hadar Aviram, UC Hastings Law, San Francisco, EE.UU. Presentó a la invitada y moderó Diego Zysman Quirós, director del UBACyT desde el cual se organizó la jornada.
Para comenzar, Hadar Aviram señaló que “los Estados Unidos son los campeones internacionales del encarcelamiento, pero este no es un campeonato que nos da mucho orgullo. Tenemos 22% de la población mundial de prisioneros y hay 737 prisioneros cada 100.000 personas”. Y comentó: “En 2007 cuando nuestros números de encarcelamiento estaban muy altos 1 de cada 100 personas estaba encarcelada; este encarcelamiento masivo trasciende los muros de la prisión. 1 de cada 33 personas ha estado bajo alguna forma de supervisión estatal, como puede ser la libertad condicional después de cumplir una sentencia en la cárcel. Es también importante recordar que los riesgos de encarcelamiento no se distribuyen de manera uniforme entre la población y varían drásticamente según la raza, la clase y el género”.
Luego explicó que “el legado nacional del colonialismo y el racismo no se limita al sur del país, sino que se manifiesta de dos formas. Primero la policía estadounidense tiende a operar de manera racializada, lo que significa muchos más arrestos y hostigamiento en donde viven minorías raciales. En segundo lugar, debido a un legado de privaciones y falta de oportunidades las minorías raciales están sobrerrepresentadas en los delitos violentos tanto como perpetradores como víctimas. Otra característica es la proliferación de armas legales e ilegales”. Y agregó: “Tenemos un problema especial, no solamente recientemente, con abuso de fuerzas, especialmente con matanzas. Ahora sabemos más de ellas porque la gente lo graba con el teléfono, pero estas cosas sucedieron antes. Además, tenemos un legado difícil de corrupción política a nivel estatal, local y de condado. Entonces, Trump no empezó la corrupción pero es el campeón de la corrupción”.
A continuación, indicó: “El ascenso de Donald Trump dejó algunas de las reformas económicas y raciales en su lugar pero cambió drásticamente el ánimo detrás de otras”. A modo de contexto, explicó que “la mayoría de las políticas de justicia penal en Estados Unidos se dan a nivel local y la administración federal tiene un impacto muy limitado sobre esas cosas. No obstante, hubo rupturas significativas durante el mandato del primer fiscal general de Trump, Jeff Sessions, y el segundo, William Barr”.
En este marco, mencionó seis aspectos de las políticas de la gestión de Trump: la falsa conexión entre inmigración y criminalidad, la promoción de la lucha contra las drogas, la promoción de la pena de muerte, la intervención de la justicia local, la obstrucción de la justicia contra los poderosos y los cambios en la Corte Suprema.
“Desde los primeros días de su campaña presidencial Trump confió en reunir a sus partidarios a través de promesas xenófobas para frenar la inmigración. Una gran parte de la campaña se dedicó a promocionar una correlación entre inmigración y criminalidad (...). Esta conexión es cien por ciento falsa. Existe un sólido cuerpo de investigación empírica que cubre diversos tiempos y lugares en Estados Unidos y en otros lugares también y todas las investigaciones llegan a la misma conclusión: que los inmigrantes cometen menos delitos de todas las categorías de delitos que los nativos”, desarrolló.
Sobre la lucha contra las drogas, expuso: “Cuando fue elegido para el cargo Jeff Sessions anunció públicamente que los consumidores de marihuana eran malas personas. Esa afirmación estaba completamente fuera de contacto con las sensibilidades partisanas de demócratas y de republicanos que apoyaron una tregua en la lucha contra las drogas. La administración procedió a revertir las restricciones de la era de Obama e inició casos federales contra los estados en donde el uso y posesión de drogas son legales”. Y sumó: “En muchos estados usar marihuana es perfectamente legal. Todavía es un delito federal, pero es legal en el estado y eso pone a la gente en una situación muy difícil. Por eso, la administración de Obama dijo que no iba a perseguir a la gente que usa marihuana en estados donde el uso es legal. Jeff Sessions cambió esta política”.
En cuanto a la pena de muerte, indicó que disminuyó drásticamente en Estados Unidos debido a la política de la era de recesión. “La administración de la pena de muerte junto con los litigios que están involucrados en esto es muy cara (...). Durante la crisis financiera muchos estados abolieron la pena de muerte para ahorrar dinero o dejaron de usarla”, comentó. Por otro lado, recordó: “Trump ha sido un admirador público de la pena de muerte desde la década de 1980 cuando él publicó enormes anuncios en los periódicos pidiendo la pena de muerte en varios casos”.
Más adelante, comparó las políticas punitivas hacia las comunidades marginadas con la obstrucción de la justicia orquestada por la administración de Trump en lo que respecta al propio Trump y sus leales. “Trump usó repetidamente el poder del perdón para excusar a sus amigos y asociados acusados o condenados por delitos atroces”, detalló.
Hacia el final, sostuvo que “el efecto más duradero de la administración Trump en la justicia penal son sus tres nombramientos en la Corte Suprema”. Los nombramientos son el de Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. En cuanto a la última jueza, comentó: “Tres semanas antes de las elecciones falleció la jueza Ruth Bader Ginsburg y eso dio a los republicanos la oportunidad de hacer exactamente lo que le impidieron a los demócratas al final de la presidencia de Obama: nombrar a una jueza más”. Y planteó: “Este nuevo tribunal es incondicionalmente conservador en varios asuntos de la justicia penal. Ahora seis de los jueces apoyan la pena de muerte y los tres nuevos jueces tienen un historia de imponer largas penas de prisión y de excusar a policías que usan violencia”.